LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)
Título Preliminar — Disposiciones generales (arts. 1-2)
- Art. 1 LPAC — Objeto: regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las AAPP y los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
- Art. 2 LPAC — Ámbito subjetivo: el sector público, que comprende la AGE, las Administraciones de las CCAA, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional, integrado por: a) los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las AAPP; b) las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, sujetas a las normas de esta Ley que se refieran a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas; c) las Universidades públicas, que se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley. Son Administraciones Públicas (art. 2.3) la AGE, las de las CCAA, las Entidades Locales y los organismos y entidades de derecho público de la letra a).
Título I — De los interesados en el procedimiento (arts. 3-12)
Título II — De la actividad de las Administraciones Públicas (arts. 13-33)
- Art. 13 LPAC — Derechos de las personas en sus relaciones con las AAPP. Quienes tienen capacidad de obrar ante las AAPP (art. 3) tienen derecho a: a) comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración; b) ser asistidos en el uso de medios electrónicos; c) utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma; d) acceder a la información pública, archivos y registros conforme a la Ley 19/2013; e) ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; f) exigir las responsabilidades de las AAPP y autoridades; g) obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica; h) la protección de datos de carácter personal; i) cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.
- Art. 14 LPAC — Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no, salvo obligación. Estarán obligados a relacionarse electrónicamente: a) las personas jurídicas; b) las entidades sin personalidad jurídica; c) quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites profesionales con la AAPP (en todo caso, dentro de este colectivo se incluyen los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, art. 14.2.c); d) los representantes de un interesado obligado; e) los empleados de las AAPP para los trámites con su Administración por su condición de empleado.
- Art. 15 LPAC — Lengua: la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano; pero quien se dirija a órganos de la AGE con sede en una Comunidad Autónoma podrá utilizar también la lengua cooficial en ella, y el procedimiento se tramitará en la lengua elegida; si varios interesados discrepan, en castellano, aunque los documentos o testimonios que pidan se expiden en la lengua elegida (15.1). En los procedimientos de las Administraciones de las CCAA y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajusta a la legislación autonómica (15.2). La Administración instructora traduce al castellano lo que deba surtir efecto fuera de la Comunidad, salvo en otra donde sea cooficial esa misma lengua, y lo que pidan expresamente los interesados (15.3).
- Arts. 16-17 LPAC — Registro Electrónico General (uno por Administración, asientos por orden temporal de recepción/salida con fecha y hora oficial); archivo electrónico único de documentos finalizados.
- Arts. 18-19 LPAC — Colaboración y comparecencia ante las AAPP.
- Art. 20 LPAC — Responsabilidad de la tramitación: titulares de unidades responsables del impulso del expediente.
- Art. 21 LPAC — Obligación de resolver. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación; en la prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento o desaparición sobrevenida del objeto, la resolución declara la circunstancia con los hechos y las normas aplicables. Se exceptúan la terminación por pacto o convenio y los procedimientos sometidos únicamente a declaración responsable o comunicación. Plazo máximo el fijado por la norma reguladora, que no podrá exceder de 6 meses salvo norma con rango de Ley o Derecho UE; si la norma no lo fija, 3 meses. Se cuenta, en los iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación; en los iniciados a solicitud, desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. Las AAPP publican las relaciones de sus procedimientos con sus plazos máximos y los efectos del silencio, e informan al interesado del plazo y del silencio en la notificación del acuerdo de iniciación o en una comunicación dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud (21.4).

EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 21.3 LPAC
Una solicitud sin plazo específico fijado por norma
Ana presenta ante un organismo autonómico una solicitud relacionada con un procedimiento cuya norma reguladora no fija plazo máximo de resolución. Al cabo de cuatro meses sin notificación alguna, su abogada le explica que la Administración estaba obligada a resolver expresamente y a notificarlo. Como la norma específica no fijaba plazo, regía el plazo supletorio de tres meses; ese plazo se cuenta desde la fecha en que la solicitud tuvo entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación, no desde su firma.
Cuando el examen pregunta por el art. 21, el distractor de 2024-3A fija el supletorio en seis meses, el tope del apartado 2 (salvo norma con rango de Ley o Derecho de la UE); el supletorio es de tres meses.
El art. 21.3 Ley 39/2015 establece que, cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo, este será de tres meses, contados, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
- Arts. 22-23 LPAC — Suspensión del plazo máximo para resolver: podrá suspenderse (22.1) por requerimiento de subsanación o de documentos, pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la UE, procedimiento no finalizado en la UE, informes preceptivos (máximo 3 meses), pruebas técnicas o análisis contradictorios, negociación de un pacto o convenio y pronunciamiento jurisdiccional previo; se suspenderá (22.2) por requerimiento a otra Administración (art. 39.5), actuaciones complementarias (art. 87) y recusación. Ampliación (art. 23): excepcional, agotados los medios personales y materiales, acordada de forma motivada y no superior al plazo establecido para la tramitación; contra ella no cabe recurso alguno.
- Art. 24 LPAC — Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Regla general: vencido el plazo máximo sin notificar resolución expresa, el interesado puede entender la solicitud estimada por silencio administrativo, salvo que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Silencio desestimatorio: el ejercicio del derecho de petición (art. 29 CE); los procedimientos cuya estimación transfiera al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público; los que impliquen actividades que puedan dañar el medio ambiente; los de responsabilidad patrimonial de las AAPP; y también los de impugnación de actos y disposiciones y los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, el recurso de alzada interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud se entiende estimado si, llegado el plazo, no se dicta y notifica resolución expresa, siempre que no se refiera al derecho de petición, al dominio público o servicio público, al medio ambiente ni a la responsabilidad patrimonial. La estimación por silencio es acto administrativo finalizador del procedimiento; la desestimación solo permite interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo procedente (24.2).

EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 24.1 LPAC
Una solicitud de subvención que la Administración no responde
Lucía presentó hace siete meses ante el ayuntamiento una solicitud de subvención para reformar la fachada de un comercio en el casco histórico. El plazo máximo para resolver era de seis meses. Han pasado y no ha recibido notificación alguna. Lucía sabe que, en los procedimientos iniciados a solicitud, la regla general del silencio es estimatoria, pero comprueba que la convocatoria se rige por la Ley 38/2003, General de Subvenciones, una norma con rango de ley que dispone el efecto contrario para estas solicitudes.
Cuando el examen pregunta por el art. 24.1: silencio positivo salvo ley, UE o Derecho internacional en contra (2019-1B Q93); los distractores de 2017-2A, 2019-2B, 2020-1A y 2020-2A lo hacen estimatorio en petición, dominio público, medio ambiente o responsabilidad patrimonial.
El art. 24.1 Ley 39/2015 legitima para entender estimada la solicitud, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley (o de Derecho de la UE o internacional) establezcan lo contrario. La Ley 38/2003, General de Subvenciones, lo hace desestimatorio (art. 25.5): Lucía puede entenderla desestimada y recurrir (art. 24.2).
- Art. 25 LPAC — Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio: en los favorables se entiende desestimatorio; en los desfavorables o sancionadores, caducidad del procedimiento. Si el procedimiento se ha paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución (25.2).
- Arts. 26-28 LPAC — Emisión de documentos por las AAPP (art. 26), validez y eficacia de las copias auténticas (art. 27) y documentos aportados por los interesados (art. 28: derecho a no aportar los documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, y a que no se les exijan documentos originales salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora lo establezca).
- Arts. 29, 31-32 LPAC — Los términos y plazos obligan a las autoridades, al personal y a los interesados (art. 29). En el registro electrónico, para los plazos en días hábiles que deban cumplir los interesados, la presentación en día inhábil se entiende hecha en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil (art. 31.2.b). Ampliación, salvo precepto en contrario, de oficio o a petición, que no exceda de la mitad de los plazos, si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de tercero; pedida y acordada antes del vencimiento; un plazo vencido no se amplía; sin recurso autónomo (art. 32).
- Art. 30 LPAC — Cómputo de plazos. Horas (salvo otro cómputo por ley o Derecho UE): hábiles (todas las de un día hábil), de hora en hora y de minuto en minuto desde la notificación o publicación, y nunca más de veinticuatro horas (si no, se expresan en días). Días: hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos; si son naturales por ley o Derecho UE, se hace constar en la notificación. Los días se cuentan a partir del día siguiente a la notificación o publicación, o al silencio. Meses o años: desde el día siguiente, y concluyen el mismo día de la notificación, publicación o silencio en el mes o año de vencimiento (o el último del mes si no lo hay). Último día inhábil: prorrogado al primer día hábil siguiente. Día hábil en el municipio o CA del interesado e inhábil en la sede del órgano, o a la inversa: inhábil en todo caso.

EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 30.3 LPAC
Una notificación recibida un viernes y el plazo de diez días
Carlos recibe una notificación administrativa el viernes 5 de noviembre por la que se le concede un plazo de diez días para presentar alegaciones. Como ese día es laborable, asume al principio que el cómputo arranca ese mismo viernes. Su gestora le advierte que el cómputo en realidad empieza el día siguiente y que sábados, domingos y festivos no entran en el cálculo. Si además el último día cayera en festivo, el plazo se prorrogaría al primer día hábil siguiente.
Cuando el examen pregunta por art. 30, la trampa de 2021-2B y 2022-2A cuenta el plazo desde la fecha de la notificación; la pista de origen es el inciso «a partir del día siguiente» del apartado 3.
El art. 30.3 Ley 39/2015 dispone que los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a la notificación; el art. 30.5 prorroga al primer día hábil siguiente cuando el último día sea inhábil.
- Art. 33 LPAC — Tramitación de urgencia. Cuando razones de interés público lo aconsejen, de oficio o a petición del interesado, se reducen a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo los de presentación de solicitudes y recursos. Contra el acuerdo no cabe recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución final.

EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 33.1 LPAC
Un expediente que se acuerda tramitar con urgencia
Javier es titular de una pequeña empresa de transporte y necesita renovar una autorización antes de fin de mes para no perder un contrato. Solicita por escrito a la consejería competente que aplique la tramitación de urgencia al procedimiento. La consejería lo acepta mediante acuerdo motivado, por concurrir razones de interés público. Javier comprueba en el acuerdo que los plazos del procedimiento ordinario quedarán reducidos a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, que se mantienen intactos.
Cuando el examen pregunta por art. 33 Ley 39/2015, la trampa de 2024-2A reduce todos los plazos a la mitad; la pista es la excepción literal «salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos» del apartado 1.
El art. 33.1 Ley 39/2015 permite acordar la tramitación de urgencia cuando razones de interés público lo aconsejen, reduciéndose a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
Título III — De los actos administrativos (arts. 34-52)
Capítulo I — Requisitos (arts. 34-36)
- Art. 34 LPAC — Producción y contenido: por órgano competente, ajustado al procedimiento; contenido determinado y adecuado a sus fines.
- Art. 35 LPAC — Motivación, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; b) los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, y los que declaren su inadmisión; c) los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; d) acuerdos de suspensión de actos y de medidas provisionales; e) acuerdos de tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de actuaciones complementarias; f) actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados; g) terminación por imposibilidad material sobrevenida y desistimiento de la Administración en procedimientos de oficio; h) propuestas de resolución sancionadoras y actos que resuelvan procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial; i) actos dictados en el ejercicio de potestades discrecionales y los que deban serlo por disposición legal o reglamentaria expresa.
- Art. 36 LPAC — Forma: por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia; si el órgano ejerce su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, la efectúa y firma el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente.
Capítulo II — Eficacia (arts. 37-46)
- Art. 37 LPAC — Inderogabilidad singular: las resoluciones administrativas no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general.
- Art. 38 LPAC — Ejecutividad: los actos son ejecutivos conforme a Ley.
- Art. 39 LPAC — Efectos: los actos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia queda demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente, eficacia retroactiva cuando se dicten en sustitución de actos anulados y cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho existieran ya en la fecha a que se retrotraiga y no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
- Arts. 40-46 LPAC — Notificación (preferentemente electrónica y, en todo caso, cuando el interesado esté obligado a recibirla por esta vía, salvo los supuestos de comparecencia espontánea o entrega directa del art. 41.1; nunca electrónica si el acto va acompañado de elementos no convertibles a formato electrónico o contiene medios de pago a favor de los obligados, como cheques; contenido íntegro, expresión de recursos, órgano y plazo); publicación (cuando lo establezca la norma o por razones de interés público; en todo caso, con efectos de notificación, si el destinatario es una pluralidad indeterminada de personas o la notificación a un solo interesado es insuficiente, siendo entonces adicional a ella, y en los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, art. 45.1); notificación infructuosa (interesados desconocidos, lugar ignorado o intento fallido): anuncio en el BOE (art. 44); diligencia de notificación; rechazo (electrónica obligatoria o elegida expresamente por el interesado: 10 días naturales en sede electrónica sin acceso → rechazada).
Capítulo III — Nulidad y anulabilidad (arts. 47-52)
- Art. 47 LPAC — Nulidad de pleno derecho. Son nulos los actos: a) los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; b) los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; c) los que tengan un contenido imposible; d) los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta; e) los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; f) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; g) cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley. Disposiciones administrativas: también nulas las que vulneren la Constitución, leyes o disposiciones de rango superior, regulen materias reservadas a la Ley, o establezcan retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- Art. 48 LPAC — Anulabilidad. 1. Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 2. Defecto de forma: solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 3. Actuaciones fuera de plazo: solo implican anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
- Arts. 49-52 LPAC — Límites a la extensión (la nulidad/anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos independientes); conversión de actos viciados (con elementos de un acto distinto producen efectos del mismo); conservación (actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido); convalidación de los actos anulables, subsanando sus vicios, con efecto desde su fecha salvo la retroactividad del art. 39.3 (art. 52).
Título IV — Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común (arts. 53-105)
Capítulo I — Garantías del procedimiento (art. 53)
- Art. 53 LPAC — Derechos del interesado en el procedimiento (53.1): a) conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el sentido del silencio, el órgano competente y los actos de trámite dictados, y acceder y obtener copia de los documentos; b) identificar a las autoridades y al personal responsables; c) no presentar documentos originales salvo excepción; d) no presentar datos y documentos no exigidos o que ya obren en poder de las AAPP o hayan sido elaborados por ellas; e) formular alegaciones, utilizar los medios de defensa y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia; f) obtener información y orientación; g) actuar asistidos de asesor; h) cumplir las obligaciones de pago por medios electrónicos; i) cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. En el procedimiento sancionador, además (53.2): ser notificado de los hechos, infracciones, sanciones, instructor, autoridad competente y norma que atribuya tal competencia, y la presunción de no existencia de responsabilidad. (Las lenguas oficiales son un derecho de toda persona del art. 13.c.)
Capítulo II — Iniciación del procedimiento (arts. 54-69)
- Art. 54 LPAC — Clases de iniciación: de oficio o a solicitud del interesado.
- Arts. 55-58 LPAC — Información y actuaciones previas antes de iniciar, para conocer las circunstancias y la conveniencia de iniciar (art. 55); medidas provisionales motivadas para asegurar la eficacia de la resolución, que nunca pueden causar perjuicio de difícil o imposible reparación (art. 56); acumulación de procedimientos con identidad sustancial o íntima conexión, siempre que el mismo órgano deba tramitarlos y resolverlos, sin recurso contra el acuerdo (art. 57); iniciación de oficio por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia (art. 58).
- Art. 59 LPAC — Propia iniciativa: la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
- Arts. 60-65 LPAC — Iniciación por la AAPP: acuerdo de iniciación, petición razonada de otros órganos, denuncia (especialidades en sancionador). Denuncia: el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio (62.1); su presentación no confiere, por sí sola, la condición de interesado (62.5).
- Arts. 66-68 LPAC — Solicitudes de iniciación y su contenido (art. 66); en responsabilidad patrimonial, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo (art. 67.1); subsanación y mejora de la solicitud: 10 días, con advertencia de desistimiento, ampliables hasta 5 días cuando aportar los documentos presente dificultades especiales, salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva (art. 68).
- Art. 69 LPAC — Declaración responsable y comunicación: efectos desde la presentación.
Capítulo III — Ordenación del procedimiento (arts. 70-74)
- Art. 70 LPAC — Expediente administrativo: conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla; formato electrónico; no forman parte borradores, opiniones, juicios de valor.
- Arts. 71-72 LPAC — Impulso de oficio en todos los trámites y por medios electrónicos; en el despacho de los expedientes se guarda el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo orden motivada en contrario del titular de la unidad administrativa, de la que quede constancia (art. 71); concentración en un solo acto de los trámites que admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo (art. 72).
- Arts. 73-74 LPAC — Cumplimiento de trámites por los interesados en 10 días a partir del siguiente a la notificación del acto, salvo que la norma fije plazo distinto; si no, pueden ser declarados decaídos en su derecho al trámite, aunque se admite la actuación producida antes o dentro del día en que se notifique la resolución que tenga por transcurrido el plazo (art. 73); las cuestiones incidentales, incluso las de nulidad de actuaciones, no suspenden la tramitación, salvo la recusación (art. 74).
Capítulo IV — Instrucción del procedimiento (arts. 75-83)
- Arts. 75-77 LPAC — Disposiciones generales (de oficio); alegaciones de los interesados; medios y período de prueba (no inferior a 10 ni superior a 30 días; período extraordinario, a petición de los interesados, de hasta 10 días).
- Arts. 78-79 LPAC — Práctica de prueba, comunicada con antelación suficiente (art. 78); petición de los informes preceptivos y de los que se juzguen necesarios, citando el precepto que los exija (art. 79).
- Arts. 80-81 LPAC — Emisión de informes: salvo disposición expresa en contrario, facultativos y no vinculantes (80.1); en 10 días salvo otro plazo (80.2); informes en responsabilidad patrimonial (art. 81): en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia es preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo máximo de 2 meses (81.3).
- Art. 82 LPAC — Trámite de audiencia: instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados; plazo no inferior a 10 ni superior a 15 días. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado (82.4).
- Art. 83 LPAC — Información pública: cuando lo requiera la naturaleza del procedimiento; plazo no inferior a 20 días.
Capítulo V — Finalización (arts. 84-95)
- Art. 84 LPAC — Modos de terminación: resolución, desistimiento, renuncia al derecho en que se funde la solicitud y la declaración de caducidad; también imposibilidad material sobrevenida.
- Arts. 85-87 LPAC — Terminación en el sancionador: si el infractor reconoce su responsabilidad, se puede resolver con la sanción que proceda; cuando la sanción es solo pecuniaria (o la no pecuniaria se ha justificado improcedente), el pago voluntario antes de la resolución termina el procedimiento; cuando la sanción tiene únicamente carácter pecuniario, en ambos casos se aplican reducciones de al menos el 20 %, acumulables entre sí, fijadas en la notificación de iniciación y condicionadas al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción (art. 85); terminación convencional mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos (art. 86); actuaciones complementarias por acuerdo motivado, con 7 días de alegaciones (art. 87).
- Art. 88 LPAC — Contenido de la resolución: decide todas las cuestiones planteadas; en los procedimientos a solicitud del interesado, congruente con sus peticiones; motivada en los casos del art. 35; expresa los recursos.
- Arts. 89-92 LPAC — Propuesta de resolución sancionadora; especialidades en responsabilidad patrimonial; competencia.
- Arts. 93-95 LPAC — Desistimiento, renuncia, caducidad (en procedimientos a solicitud del interesado, paralización por causa imputable: advertencia y 3 meses).
Capítulo VI — Tramitación simplificada (art. 96)
- Art. 96 LPAC — Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, podrá acordarse la tramitación simplificada; resolución en 30 días; trámites obligatorios reducidos.
Capítulo VII — Ejecución (arts. 97-105)
- Arts. 97-98 LPAC — Título; ejecutoriedad de los actos.
- Art. 99 LPAC — Ejecución forzosa: previo apercibimiento, salvo suspensión o intervención judicial exigida por la Constitución o Ley.
- Arts. 100-105 LPAC — Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las personas; respeto al principio de proporcionalidad; la compulsión directa sobre las personas, para los actos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, en los casos en que la ley expresamente lo autorice (104.1).
Título V — Revisión de los actos en vía administrativa (arts. 106-126)
Capítulo I — Revisión de oficio (arts. 106-111)
- Art. 106 LPAC — Revisión de actos nulos: las AAPP, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la CA, declararán de oficio la nulidad de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del art. 47.1; las disposiciones nulas del art. 47.2, solo de oficio (106.2). Pasados 6 meses desde el inicio sin resolución: caducidad si se inició de oficio; si se inició a solicitud, puede entenderse desestimada por silencio (106.5).
- Art. 107 LPAC — Declaración de lesividad de los actos favorables anulables (art. 48), para impugnarlos ante el contencioso: no puede adoptarse transcurridos 4 años desde que se dictó el acto, exige audiencia previa de los interesados y no es susceptible de recurso; caduca a los 6 meses desde la iniciación sin declararse.
- Arts. 108-109 LPAC — Suspensión; revocación de actos de gravamen y rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos.
- Arts. 110-111 LPAC — Límites de la revisión (equidad, buena fe, derecho de los particulares); competencia para la revisión de oficio.
Capítulo II — Recursos administrativos (arts. 112-126)
- Art. 112 LPAC — Objeto y clases. Contra las resoluciones y los actos de trámite (que decidan el fondo, imposibiliten la continuación, produzcan indefensión o perjuicio irreparable), los recursos de alzada y potestativo de reposición, fundados en cualquier motivo de nulidad o anulabilidad. Las leyes pueden sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas (112.2). Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa; los recursos contra un acto que se funden solo en la nulidad de una disposición general pueden interponerse directamente ante el órgano que la dictó (112.3).
- Art. 113 LPAC — Recurso extraordinario de revisión. Contra los actos firmes en vía administrativa, solo procede cuando concurra alguna de las circunstancias del art. 125.1: a) error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; b) aparición de documentos de valor esencial que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución; c) influencia esencial de documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme; d) resolución dictada como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada por sentencia judicial firme.
- Art. 114 LPAC — Fin de la vía administrativa. Ponen fin: a) las resoluciones de los recursos de alzada; b) las resoluciones de procedimientos sustitutivos del art. 112.2; c) las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario; d) acuerdos, pactos, convenios o contratos finalizadores; e) la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial; f) la resolución de los procedimientos complementarios sancionadores (art. 90.4); g) las demás cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. En el ámbito estatal ponen fin además (114.2): a) los actos de los miembros y órganos del Gobierno; b) los de los Ministros y Secretarios de Estado en las competencias de los órganos de que son titulares; c) los de los órganos directivos con nivel de Director general o superior en materia de personal; d) en los organismos públicos y entidades de derecho público estatales, los de sus máximos órganos de dirección, según sus estatutos, salvo ley.
- Art. 115 LPAC — Interposición: nombre y apellidos del recurrente, acto recurrido y razón de impugnación, lugar, fecha, firma, identificación del medio y lugar para notificaciones, órgano destinatario. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Vicios anulables no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.
- Arts. 116-117 LPAC — Causas de inadmisión: incompetencia del órgano cuando el competente pertenezca a otra Administración (el recurso se le remite), falta de legitimación, acto no susceptible de recurso, plazo transcurrido y carencia manifiesta de fundamento. Suspensión de la ejecución: el recurso no suspende, salvo disposición en contrario; el órgano que resuelve, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que la suspensión causaría al interés público o a terceros y el que la eficacia inmediata del acto causaría al recurrente, puede suspender, de oficio o a solicitud, si la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o la impugnación se funda en una causa de nulidad del 47.1; si no resuelve la solicitud en un mes, la ejecución se entiende suspendida (117.3).
- Arts. 118-119 LPAC — Audiencia de los interesados cuando haya nuevos hechos o documentos: plazo no inferior a 10 ni superior a 15 días; resolución que estima en todo o en parte, desestima o inadmite; con vicio de forma, retroacción del procedimiento; congruente, sin agravar la situación inicial del recurrente.
- Arts. 120-122 LPAC — Pluralidad de recursos administrativos; recurso de alzada: contra las resoluciones y actos del art. 112.1 que no pongan fin a la vía administrativa, ante el órgano superior jerárquico del que los dictó; puede interponerse ante este o ante el que dictó el acto, que lo remite en 10 días (121.2); plazo 1 mes (acto expreso) o en cualquier momento desde el día siguiente a los efectos del silencio (presunto); resolución 3 meses; sin resolución, se entiende desestimado, salvo el caso del art. 24.1, tercer párrafo.
- Arts. 123-124 LPAC — Recurso potestativo de reposición: contra actos que pongan fin a la vía administrativa; ante el mismo órgano que los hubiera dictado; 1 mes (acto expreso); resolución 1 mes; alternativa al contencioso-administrativo.
- Arts. 125-126 LPAC — Recurso extraordinario de revisión. Contra actos firmes en vía administrativa, ante el órgano que los dictó, que también lo resuelve, solo en las circunstancias tasadas del 125.1. Plazo: causa a) (error de hecho), 4 años desde la notificación de la resolución; las demás, 3 meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme. Inadmisión motivada sin dictamen si no se funda en el 125.1. Pasados 3 meses sin resolución, se entiende desestimado y queda expedita la vía contencioso-administrativa.
Título VI — De la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos (arts. 127-133)
- Arts. 127-133 LPAC — Iniciativa legislativa y potestad reglamentaria; principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia); planificación normativa; participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración (consulta pública previa, audiencia e información públicas). Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior (128.3); proporcionalidad: la regulación imprescindible para atender la necesidad, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios (129.3).
LEY 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)
Título Preliminar — Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público (arts. 1-53)
Capítulo I — Disposiciones generales (arts. 1-4)
- Art. 1 LRJSP — Objeto: bases del régimen jurídico de las AAPP, los principios del sistema de responsabilidad y la potestad sancionadora, organización y funcionamiento de la AGE y su sector público institucional.
- Art. 2 LRJSP — Ámbito subjetivo: el sector público (AGE, CCAA, Entidades Locales y sector público institucional: organismos y entidades de derecho público, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes y Universidades públicas). Son Administraciones Públicas la AGE, las CCAA, las Entidades Locales y los organismos y entidades de derecho público (art. 2.3).
- Art. 3 LRJSP — Principios generales: las AAPP sirven con objetividad los intereses generales y actúan según los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Respetan además: a) servicio efectivo a los ciudadanos; b) simplicidad, claridad y proximidad; c) participación, objetividad y transparencia; d) racionalización y agilidad de los procedimientos; e) buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; f) responsabilidad por la gestión pública; g) planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados; h) eficacia en el cumplimiento de los objetivos; i) economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines; j) eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos; k) cooperación, colaboración y coordinación entre las AAPP.
- Art. 4 LRJSP — Principios de intervención: las AAPP que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos aplicarán la medida menos restrictiva, motivarán su necesidad y justificarán su adecuación, sin diferencias de trato discriminatorias.
Capítulo II — De los órganos de las AAPP (arts. 5-24)
Sección 1.ª Órganos administrativos (arts. 5-7)
- Art. 5 LRJSP — Órganos administrativos: unidades administrativas con funciones de efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Creación exige forma de integración y dependencia jerárquica, delimitación de funciones, dotación de créditos. No podrán crearse órganos que dupliquen otros existentes sin suprimir o restringir competencias.
- Art. 6 LRJSP — Instrucciones y órdenes de servicio: dirigir actividades de órganos jerárquicamente dependientes; el incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria.
- Art. 7 LRJSP — Órganos consultivos: actúan con autonomía orgánica y funcional; servicios de asesoría jurídica sin dependencia jerárquica (orgánica o funcional) ni instrucciones de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta.
Sección 2.ª Competencia (arts. 8-14)
- Art. 8 LRJSP — Competencia: irrenunciable; se ejerce por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo delegación o avocación en los términos legales. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no alteran la titularidad, aunque sí los elementos determinantes de su ejercicio (8.1). La titularidad y el ejercicio pueden desconcentrarse en órganos jerárquicamente dependientes (8.2).
- Art. 9 LRJSP — Delegación de competencias. En otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en organismos públicos vinculados o dependientes. NO podrán ser objeto de delegación: a) los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las CCAA y las Asambleas Legislativas de las CCAA; b) la adopción de disposiciones de carácter general; c) la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso; d) materias que así se determinen por norma con rango de Ley. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. La delegación y su revocación se publican en el BOE o en el boletín oficial que corresponda; los actos dictados se considerarán dictados por el delegante. La delegación es revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido (9.6).
- Art. 10 LRJSP — Avocación. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el asunto solo puede ser avocado por el órgano delegante (10.1). Se realizará mediante acuerdo motivado notificado a los interesados con anterioridad o simultaneidad a la resolución; contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, sin perjuicio del que proceda contra la resolución del fondo.
- Art. 11 LRJSP — Encomiendas de gestión. Actividades de carácter material o técnico de órganos o Entidades de Derecho Público encomendadas a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración que tengan esas actividades entre sus competencias, por razones de eficacia o por no poseer los medios técnicos idóneos; no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos del sector público. No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio; el encomendante dicta los actos jurídicos; el encomendado es encargado del tratamiento de los datos personales. Formalización (11.3): en la misma Administración, en los términos de su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los intervinientes, con publicación del instrumento, para su eficacia, en el boletín oficial que corresponda; entre distintas Administraciones, mediante convenio, publicado en el boletín oficial que corresponda, salvo la gestión ordinaria de servicios de las CCAA por las Diputaciones Provinciales o, en su caso, Cabildos o Consejos insulares, que se rige por la legislación de Régimen Local.
- Art. 12 LRJSP — Delegación de firma: en titulares de órganos o unidades dependientes; no altera la competencia del delegante; no requiere publicación. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia (12.3).
- Art. 13 LRJSP — Suplencia: los titulares pueden ser suplidos temporalmente por vacante, ausencia o enfermedad, o declarada su abstención o recusación; si no se designa suplente, ejerce la competencia quien designe el órgano inmediato superior (13.1); en la AGE el suplente se designa en los reales decretos de estructura o por el órgano competente para el nombramiento (13.3); no altera la competencia y no requiere publicación; en los actos se hace constar la suplencia, el titular suplido y quien la ejerce (13.4).
- Art. 14 LRJSP — Decisiones sobre competencia. El órgano que se estime incompetente remite directamente las actuaciones al que considere competente, debiendo notificarlo a los interesados. Los interesados pueden pedir al órgano que conoce que decline su competencia, o al que estimen competente que requiera de inhibición al que conoce. Los conflictos de atribuciones solo pueden suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente y sobre asuntos cuyo procedimiento no haya finalizado.
Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas (arts. 15-22). Subsección 1.ª Funcionamiento (arts. 15-18)
- Arts. 15-18 LRJSP — Régimen general; los órganos con organizaciones representativas de intereses sociales o con representaciones de distintas AAPP pueden establecer o completar sus normas de funcionamiento (15.2); secretario, miembro o no del órgano (16.1); sesiones presenciales o a distancia, con quórum de Presidente, Secretario y la mitad, al menos, de los miembros (en los del 15.2, el Presidente puede darlo por constituido si asisten los portavoces); fuera del orden del día solo si asisten todos los miembros y la urgencia se declara por mayoría (17.4); acuerdos por mayoría; actas con asistentes, orden del día, lugar y tiempo, deliberaciones y acuerdos; las sesiones pueden grabarse (art. 18).
Subsección 2.ª Órganos colegiados de la AGE (arts. 19-22)
- Arts. 19-22 LRJSP — Órganos colegiados de la AGE: el Presidente ostenta la representación, acuerda la convocatoria y el orden del día, preside y modera, dirime con su voto los empates (salvo en los órganos colegiados del art. 15.2, en los que su voto solo es dirimente si así lo establecen sus propias normas), asegura el cumplimiento de las leyes y visa las actas y certificaciones (19.2); los miembros reciben la convocatoria con el orden del día con una antelación mínima de 2 días (19.3.a); el Secretario efectúa la convocatoria por orden del Presidente, redacta y autoriza las actas y expide las certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos (19.4); son órganos colegiados los creados formalmente, integrados por tres o más personas, con funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control (20.1); interministeriales o ministeriales según la procedencia de sus miembros (21.1). Si tienen competencias decisorias, de propuesta o informe preceptivo, o de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la AGE, se crean por norma publicada en el BOE: Real Decreto (interministeriales con Presidente de rango superior a Director general), Orden ministerial conjunta (los demás interministeriales) u Orden ministerial (los ministeriales) (22.1-22.2); los demás son grupos o comisiones de trabajo, creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados, sin efectos directos frente a terceros (22.3); se modifican y suprimen en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que esta hubiera fijado plazo para su extinción, que se produce entonces automáticamente en la fecha señalada (22.4).
Sección 4.ª Abstención y recusación (arts. 23-24)
- Art. 23 LRJSP — Abstención. Las autoridades y personal con motivo de abstención se abstendrán de intervenir y lo comunicarán al superior, que resolverá. Motivos: a) tener interés personal en el asunto o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél, ser administrador de sociedad o entidad interesada o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; b) tener vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquier interesado, con los administradores de entidades o sociedades interesadas o con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, o compartir despacho profesional o estar asociado con éstos; c) amistad íntima o enemistad manifiesta con las personas anteriores; d) haber intervenido como perito o testigo; e) tener relación de servicio con persona natural o jurídica directamente interesada, o haberle prestado servicios profesionales en los 2 años anteriores. Los órganos jerárquicamente superiores pueden ordenar a quien esté incurso en un motivo de abstención que se abstenga de toda intervención en el expediente (23.3). La actuación de autoridades sin abstención no implicará por sí la invalidez de los actos en que hayan intervenido, pero sí responsabilidad.

EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 23.2 LRJSP
Una funcionaria detecta parentesco con un interesado
Marta, instructora de un procedimiento de subvenciones en una administración autonómica, abre el expediente y comprueba que uno de los solicitantes es el hermano de su marido, su cuñado, pariente por afinidad en segundo grado. No tiene interés económico en el asunto, pero la circunstancia encaja en una de las causas tasadas de abstención. Marta lo comunica por escrito a su superior inmediato, que resolverá lo procedente y, en su caso, designará a otra persona instructora del expediente.
Cuando el examen pregunta por art. 23 Ley 40/2015, la trampa de 2022-1A y 2022-Canarias-3A extiende la afinidad hasta el cuarto grado; la pista de origen es la diferencia literal: consanguinidad hasta cuarto grado, afinidad solo hasta segundo.
El art. 23.2.b Ley 40/2015 contempla como motivo de abstención el vínculo de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo; el afectado debe comunicarlo a su superior inmediato, que resolverá lo procedente.
- Art. 24 LRJSP — Recusación. En cualquier momento del procedimiento, los interesados podrán promover recusación. Se planteará por escrito con expresión de la causa. El recusado manifestará al día siguiente si se da la causa. Si la niega, el superior resolverá en 3 días previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Contra las resoluciones no cabrá recurso, sin perjuicio de alegar la recusación al interponer recurso contra el acto que termine el procedimiento.

EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 24 LRJSP
Un interesado plantea por escrito la recusación del instructor
Pablo es interesado en un procedimiento administrativo y descubre, durante la tramitación, que el instructor mantiene una relación profesional reciente con la empresa frente a la que él reclama. El instructor no se ha abstenido. Pablo redacta un escrito en el que expresa la causa concreta y lo presenta en el registro. El día siguiente el funcionario recusado debe manifestar a su superior si concurre o no la causa; si la niega, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
Cuando el examen pregunta por art. 24.4, la trampa cambia el plazo del superior, que es de tres días: cinco, siete o diez (2017-1A, 2017-2A, 2018-1A, 2020-2A). Y el apartado 5 cierra el recurso autónomo contra la resolución del superior.
El art. 24 Ley 40/2015 permite plantear la recusación por escrito en cualquier momento de la tramitación del procedimiento; el superior resolverá en el plazo de tres días si el recusado niega la causa, sin que quepa recurso contra esa resolución, aunque la recusación podrá alegarse al recurrir el acto que ponga fin al procedimiento.
Capítulo III — Principios de la potestad sancionadora (arts. 25-31)
- Art. 25 LRJSP — Legalidad: la potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por norma con rango de Ley; aplicará el procedimiento previsto.
- Art. 26 LRJSP — Irretroactividad: serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos; las disposiciones favorables al presunto infractor se aplicarán retroactivamente, también a las firmes no ejecutadas.
- Art. 27 LRJSP — Tipicidad: solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales por una Ley; clasificadas en leves, graves y muy graves. Las normas definidoras no serán susceptibles de aplicación analógica.
- Art. 28 LRJSP — Responsabilidad: solo pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas y, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables a título de dolo o culpa; la responsabilidad es compatible con la reposición de la situación alterada y la indemnización de daños (28.2).
- Art. 29 LRJSP — Proporcionalidad: las sanciones en ningún caso podrán implicar privación de libertad. Establecimiento de sanciones pecuniarias: la comisión no debe resultar más beneficiosa que el cumplimiento (29.2). Graduación de la sanción: el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; la continuidad o persistencia en la conducta infractora; la naturaleza de los perjuicios causados; la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa (29.3).
- Art. 30 LRJSP — Prescripción (salvo que la ley que las establezca fije otros plazos): infracciones muy graves a los 3 años, graves 2 años, leves 6 meses. Sanciones: muy graves a los 3 años, graves a los 2 años, leves al año. Cómputo desde el día en que la infracción se hubiera cometido (en las continuadas o permanentes, desde que finalizó la conducta infractora) / el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución que impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla (desestimada presuntamente la alzada, desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para resolverla). Interrumpe la prescripción de las infracciones la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo si el expediente está paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
- Art. 31 LRJSP — Concurrencia de sanciones: no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento (non bis in idem).
Capítulo IV — Responsabilidad patrimonial de las AAPP (arts. 32-37)
- Art. 32 LRJSP — Principios. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las AAPP de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o jurisdiccional no presupone derecho a indemnización. El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la LOPJ (32.7); el Consejo de Ministros fija la indemnización cuando el Tribunal Constitucional declara, a instancia de parte interesada, un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad (32.8).
- Art. 33 LRJSP — Responsabilidad concurrente de las AAPP: cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas se derive responsabilidad, las AAPP responderán solidariamente.
- Art. 34 LRJSP — Indemnización: solo serán indemnizables las lesiones provenientes de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar; cálculo con criterios de valoración legales (expropiación, fiscal, valoración correspondiente).
- Art. 35 LRJSP — Responsabilidad de Derecho Privado: cuando las AAPP actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exige conforme a los arts. 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos privados o se exija directamente a esa entidad o a quien cubra su responsabilidad.
- Art. 36 LRJSP — Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal: la Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- Art. 37 LRJSP — Responsabilidad penal: la responsabilidad penal del personal al servicio de las AAPP se exigirá de acuerdo con la legislación correspondiente; la exigencia de responsabilidad penal no suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial, salvo que la determinación de los hechos en el orden penal sea necesaria para fijarla (37.2).
Capítulo V — Funcionamiento electrónico del sector público (arts. 38-46 bis)
- Arts. 38-39 LRJSP — Sede electrónica (titularidad de una AAPP, integridad y veracidad); Portal de internet (acceso ciudadano).
- Art. 40 LRJSP — Sistemas de identificación de las AAPP: sello electrónico basado en certificado electrónico; relación pública y accesible.
- Art. 41 LRJSP — Actuación administrativa automatizada: acto realizado íntegramente por medios electrónicos sin intervención de empleado público; previa determinación del órgano competente para definición, programación y supervisión.
- Arts. 42-46 LRJSP — Sistemas de firma para actuación automatizada (sello electrónico, código seguro de verificación); firma electrónica del personal al servicio de las AAPP; intercambio electrónico en entornos cerrados; aseguramiento e interoperabilidad; archivo electrónico de documentos.
Capítulo VI — De los convenios (arts. 47-53)
- Art. 47 LRJSP — Definición y tipos: acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las AAPP, organismos públicos, entidades de derecho público o universidades públicas, entre sí o con sujetos de derecho privado, para un fin común. No son convenios los Protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención sin contenido jurídico. Tipos: a) interadministrativos; b) intradministrativos; c) entre una Administración u organismo y un sujeto de Derecho privado; d) con órganos, organismos o entes de un sujeto de Derecho internacional, no constitutivos de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo.
- Art. 48 LRJSP — Requisitos de validez y eficacia: las AAPP podrán suscribir convenios sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia; deben mejorar la eficiencia, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública. Perfeccionamiento: prestación del consentimiento; en la AGE eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización.
- Art. 49 LRJSP — Contenido: a) sujetos y capacidad jurídica; b) competencia; c) objeto y actuaciones de cada sujeto; d) obligaciones y compromisos económicos; e) consecuencias del incumplimiento; f) mecanismos de seguimiento, vigilancia y control; g) régimen de modificación (acuerdo unánime salvo otra previsión); h) plazo de vigencia no superior a 4 años, salvo previsión normativa, con prórroga unánime por hasta 4 años más o extinción.
- Arts. 50-52 LRJSP — Trámites preceptivos: memoria justificativa (50.1); en la AGE, además, informe del servicio jurídico y autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública (50.2); extinción por cumplimiento o resolución: transcurso del plazo sin prórroga, acuerdo unánime de todos los firmantes, incumplimiento, decisión judicial de nulidad u otra causa (art. 51); efectos de la resolución: liquidación de las obligaciones de cada parte (art. 52).
- Art. 53 LRJSP — Remisión de convenios al Tribunal de Cuentas: en el plazo de 3 meses desde su suscripción, los convenios con compromisos económicos superiores a 600.000 € se remiten al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda.
Título I — Administración General del Estado (arts. 54-80)
Capítulo I — Organización administrativa (arts. 54-56)
- Art. 54 LRJSP — Principios y competencias de organización y funcionamiento: la AGE actúa y se organiza de acuerdo con los principios del art. 3, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial, y garantiza la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de sus órganos superiores y directivos; las competencias de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios no atribuidas a otro órgano ni al Gobierno corresponden al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Art. 55 LRJSP — Estructura de la AGE. La organización responde a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las CCAA, salvo excepciones por Ley. Comprende: a) Organización Central (Ministerios y servicios comunes); b) Organización Territorial; c) AGE en el exterior. Órganos superiores: Ministros y Secretarios de Estado. Órganos directivos: Subsecretarios y Secretarios generales; Secretarios generales técnicos y Directores generales; Subdirectores generales. Organización territorial: Delegados del Gobierno en CCAA (rango de Subsecretario) y Subdelegados del Gobierno en provincias (nivel de Subdirector general). AGE en el exterior: embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales. Los órganos superiores y directivos tienen condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados. Corresponde a los superiores establecer planes de actuación; a los directivos su desarrollo y ejecución.
- Art. 56 LRJSP — Elementos organizativos básicos: las unidades administrativas, que comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común; pueden existir unidades complejas que agrupen dos o más unidades menores; sus jefes responden de su correcto funcionamiento; se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo y se integran en un órgano.
Capítulo II — Los Ministerios y su estructura interna (arts. 57-68)
- Art. 57 LRJSP — Los Ministerios. La AGE se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendiendo cada uno uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia, fuera de la estructura jerárquica del mismo, de órganos u Organismos públicos que con carácter excepcional se adscriban al Ministro. El número, la denominación y el ámbito de competencia de los Ministerios y de las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno (57.3).
- Art. 58 LRJSP — Organización interna de los Ministerios: en los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y Secretarías generales, para gestión de un sector de actividad administrativa específica; de ellas dependen jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes.
- Art. 59 LRJSP — Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas: las Subsecretarías, Secretarías generales, Secretarías generales técnicas, Direcciones generales, Subdirecciones generales y órganos similares se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (59.1).
- Art. 60 LRJSP — Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales. 1. Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. 2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí: Subsecretario, Director general y Subdirector general. Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios generales técnicos categoría de Director general.
- Art. 61 LRJSP — Los Ministros: titulares del departamento; ejercen la potestad reglamentaria; fijan los objetivos y aprueban los planes de actuación del Ministerio; aprueban las propuestas de los estados de gastos del Ministerio y de los presupuestos de sus Organismos públicos dependientes y las remiten al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; nombran y separan a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de sus organismos públicos cuando la competencia no corresponda al Consejo de Ministros, a otro órgano o al propio organismo (los Subsecretarios, Secretarios generales, Secretarios generales técnicos y Directores generales se nombran por Real Decreto del Consejo de Ministros); mantienen relaciones con CCAA; convocan Conferencias Sectoriales; resuelven recursos administrativos; declaran lesividad; resuelven conflictos de atribuciones; imponen la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.
- Art. 62 LRJSP — Los Secretarios de Estado: directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica. Pueden ostentar por delegación expresa del Ministro la representación de éste en materias propias de su competencia, incluidas con proyección internacional. Dirigen y coordinan las Secretarías y Direcciones Generales bajo su dependencia; responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos. Nombran y separan a los Subdirectores Generales de su Secretaría de Estado.
- Art. 63 LRJSP — Los Subsecretarios: ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios; apoyan a los órganos superiores en planificación; asisten al Ministro en control de eficacia; establecen programas de inspección; proponen medidas de organización y dirigen funcionamiento de servicios comunes; asisten en relaciones de puestos de trabajo; desempeñan la jefatura superior de todo el personal del Departamento; responsables del asesoramiento jurídico al Ministro; ejercen facultades de dirección e impulso de la Secretaría General Técnica.
- Art. 64 LRJSP — Los Secretarios generales: con categoría de Subsecretario; ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes (art. 62.2.b) y todas las que les asigne expresamente el Real Decreto de estructura del Ministerio (64.2).
- Art. 65 LRJSP — Los Secretarios generales técnicos: bajo inmediata dependencia del Subsecretario; competencias sobre servicios comunes asignadas por Real Decreto de estructura y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Tienen categoría de Director general.
- Art. 66 LRJSP — Los Directores generales: titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas; proponen los proyectos de su Dirección general y dirigen su ejecución; ejercen las competencias atribuidas y las desconcentradas o delegadas; proponen al Ministro o al titular del órgano del que dependan la resolución de los asuntos que afectan al órgano; impulsan y supervisan su gestión ordinaria. Nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, entre funcionarios del Subgrupo A1 salvo excepción (66.2).
- Art. 67 LRJSP — Los Subdirectores generales: titulares de los órganos directamente responsables de la ejecución de proyectos, objetivos o actividades; gestión ordinaria de asuntos de la competencia de la Subdirección General.
- Art. 68 LRJSP — Servicios comunes de los Ministerios: asesoramiento, apoyo técnico y, en su caso, gestión directa en planificación, programación y presupuestación; cooperación internacional; acción en el exterior; organización y recursos humanos; sistemas de información y comunicación; producción normativa; asistencia jurídica; gestión financiera; gestión de medios materiales y servicios auxiliares; seguimiento, control e inspección de servicios; estadística para fines estatales; publicaciones.
Capítulo III — Órganos territoriales (arts. 69-79)
- Art. 69 LRJSP — Las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno: existirá una Delegación del Gobierno en cada Comunidad Autónoma (69.1); en cada provincia de las CCAA pluriprovinciales, un Subdelegado del Gobierno, bajo la inmediata dependencia del Delegado; en las uniprovinciales podrán crearse Subdelegaciones por Real Decreto cuando lo justifiquen circunstancias como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas (69.4).
- Art. 70 LRJSP — Los Directores Insulares: en las islas que se determinen reglamentariamente; nombrados por el Delegado del Gobierno por libre designación entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1; dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la CA o del Subdelegado en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen en su ámbito las competencias de los Subdelegados.
- Art. 71 LRJSP — Los servicios territoriales: integrados en las Delegaciones del Gobierno, que dependen del Delegado o, en su caso, del Subdelegado, a través de la Secretaría General, con las instrucciones técnicas del Ministerio competente (71.4); o no integrados, que dependen del órgano central competente sobre su sector de actividad (71.3).
- Art. 72 LRJSP — Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. 1. Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado a través de sus Presidentes. 2. Dirigen y supervisan la AGE en el territorio de las respectivas CCAA y la coordinan, internamente y cuando proceda, con la administración propia de cada CCAA y con la de las Entidades Locales. 3. Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia. 4. Nombramiento por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno; criterios de competencia profesional y experiencia. 5. Suplencia: por el Subdelegado que designe el Delegado, en su defecto el de la provincia donde tenga la sede; en CCAA uniprovinciales sin Subdelegado, por el Secretario General.
- Art. 73 LRJSP — Competencias de los Delegados del Gobierno (73.1): a) dirección y coordinación de la AGE y sus organismos en la CA; nombran a los Subdelegados y, en su caso, a los Directores Insulares; informan preceptivamente los nombramientos de titulares de órganos territoriales; b) información de la acción del Gobierno y a los ciudadanos, con un informe anual al Gobierno sobre los servicios públicos estatales; c) coordinación y colaboración con la CA y las Entidades Locales, convenios, Comisiones mixtas de transferencias y bilaterales; d) control de legalidad: resuelven recursos contra actos de los órganos de la Delegación y suspenden su ejecución; e) políticas públicas: propuestas a los Ministerios y medidas contra la duplicidad de estructuras y de optimización de recursos. Ejercen la potestad sancionadora y expropiatoria (73.2). Protegen el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizan la seguridad ciudadana a través de los Subdelegados y de las FCSE, cuya jefatura les corresponde, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior (73.3).
- Art. 74 LRJSP — Los Subdelegados del Gobierno: en cada provincia, bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno, con nivel de Subdirector General, nombrado por el Delegado por libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las CCAA o de las Entidades Locales del Subgrupo A1; en las CCAA uniprovinciales sin Subdelegado, el Delegado asume sus competencias (pueden crearse Subdelegaciones en ellas por Real Decreto cuando lo justifiquen circunstancias como la población, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas, art. 69.4).
- Art. 75 LRJSP — Competencias de los Subdelegados: a) comunicación, colaboración y cooperación con la CA y las Entidades Locales; b) proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana dentro de las competencias estatales, para lo que dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia; c) dirigir y coordinar la protección civil en la provincia; d) dirigir los servicios integrados e impulsar, supervisar e inspeccionar los no integrados; e) coordinar la utilización de los medios materiales y de los edificios administrativos; f) ejercer la potestad sancionadora y las demás que les confieran las normas o se les desconcentren o deleguen.
- Art. 76 LRJSP — Estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno: por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Hacienda; contarán con una Secretaría General, dependiente de Delegados o Subdelegados, como órgano de gestión de servicios comunes.
- Art. 77 LRJSP — Asistencia jurídica y control económico financiero de las Delegaciones y Subdelegaciones: los ejercen la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado, respectivamente.
- Art. 78 LRJSP — Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado: órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que coordina la actuación de la Administración periférica con los Departamentos ministeriales; sus atribuciones, composición y funcionamiento se regulan por Real Decreto.
- Art. 79 LRJSP — Órganos colegiados de asistencia: en cada CA pluriprovincial existe una Comisión territorial de asistencia al Delegado, presidida por él e integrada por los Subdelegados; en las uniprovinciales, una Comisión de asistencia al Delegado; y en cada Subdelegación, una Comisión de asistencia al Subdelegado.
Capítulo IV — La Administración General del Estado en el exterior (art. 80)
- Art. 80 LRJSP — El Servicio Exterior del Estado: se rige en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal por la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y su normativa de desarrollo, y supletoriamente por la Ley 40/2015.
Título III — Relaciones interadministrativas (arts. 140-158)
Capítulo I — Principios generales (art. 140)
- Art. 140 LRJSP — Principios de las relaciones interadministrativas: a) Lealtad institucional; b) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local; c) Colaboración (deber de actuar con el resto de AAPP para logro de fines comunes); d) Cooperación (asumir compromisos específicos); e) Coordinación (garantizar coherencia de actuaciones); f) Eficiencia en la gestión; g) Responsabilidad de cada Administración en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos; h) Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos; i) Solidaridad interterritorial.
Capítulo II — Deber de colaboración (arts. 141-142)
- Art. 141 LRJSP — Deber de colaboración: a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias; b) Ponderar la totalidad de los intereses públicos implicados; c) Facilitar la información que precisen las otras AAPP; d) prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar; e) cumplir las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las demás que se establezcan normativamente. La asistencia y colaboración requerida solo podrá negarse cuando el organismo o entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con su normativa específica, no disponga de medios suficientes, cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones, o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La negativa debe ser motivada.
- Art. 142 LRJSP — Técnicas de colaboración: a) suministro de información, datos, documentos o medios probatorios; b) colaboración para incluir en un sistema integrado las áreas personalizadas o carpetas ciudadanas; c) desarrollo de la Plataforma Digital de Colaboración entre las AAPP; d) creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa; e) deber de asistencia y auxilio; f) cualquier otra prevista en una Ley.
Capítulo III — Relaciones de cooperación (arts. 143-154)
- Art. 143 LRJSP — Cooperación: las AAPP cooperan al servicio del interés general; podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias. La formalización requerirá aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios.
- Art. 144 LRJSP — Técnicas de cooperación: a) Participación en órganos de cooperación; b) Participación en órganos consultivos de otras AAPP; c) Participación en organismos públicos; d) Prestación de medios materiales, económicos o personales; e) Cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa; f) Emisión de informes no preceptivos; g) Actuaciones de cooperación en materia patrimonial; h) Cualquier otra prevista en la Ley.
- Art. 145 LRJSP — Órganos de cooperación: composición multilateral o bilateral, ámbito general o especial, constituidos por representantes de la AGE, de las Administraciones de las CCAA o de las Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso, de las Entidades Locales, para acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias. Los órganos de cooperación entre distintas AAPP en que participe la AGE deberán inscribirse en el Registro estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
- Art. 146 LRJSP — Conferencia de Presidentes: órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los Gobiernos de las CCAA. Está formada por el Presidente del Gobierno (la preside) y los Presidentes de las CCAA y Ciudades de Ceuta y Melilla. Tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las CCAA.
- Art. 147 LRJSP — Conferencias Sectoriales: órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno que, como representante de la AGE, resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las CCAA y Ciudades. Habrán de inscribirse en el Registro electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para su válida constitución.
- Art. 148 LRJSP — Funciones de las Conferencias Sectoriales: ejercen funciones consultivas, decisorias o de coordinación. En particular: a) ser informadas sobre anteproyectos de leyes y proyectos de reglamentos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno cuando afecten al ámbito competencial; b) establecer planes específicos de cooperación entre CCAA en la materia, procurando la supresión de duplicidades; c) intercambiar información sobre actuaciones programadas; d) establecer mecanismos de intercambio; e) acordar la organización interna y reglas de funcionamiento; f) fijar criterios objetivos para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución.
- Art. 149 LRJSP — Convocatoria: corresponde al Ministro Presidente al menos una vez al año, o cuando lo solicite, al menos, la tercera parte de sus miembros. La convocatoria debe acompañarse de los documentos con suficiente antelación; orden del día sin asuntos no figurantes salvo conformidad unánime. Cuando haya de reunirse con el objeto exclusivo de informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y la adopción de acuerdos podrán efectuarse por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales que garanticen la intercomunicación y la unidad de acto (149.3).
- Art. 150 LRJSP — Secretaría: cada Conferencia Sectorial tiene un secretario designado por el Presidente. Funciones: preparar reuniones (asiste con voz pero sin voto); efectuar convocatoria por orden del Presidente; recibir actos de comunicación; redactar y autorizar actas; expedir certificaciones de consultas, recomendaciones y acuerdos.
- Art. 151 LRJSP — Clases de decisiones: a) Acuerdo: supone un compromiso de actuación; de obligado cumplimiento y directamente exigibles, salvo para quienes votaron en contra mientras no decidan suscribirlos. Cuando la AGE ejerza funciones de coordinación, el Acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las AAPP, con independencia del sentido de su voto. b) Recomendación: expresa la opinión de la Conferencia sobre un asunto sometido a consulta; sus miembros se comprometen a orientar su actuación en esa materia conforme a la recomendación, salvo quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirla; quien se aparte de ella deberá motivarlo.
- Art. 152 LRJSP — Comisiones Sectoriales y Grupos de trabajo: la Comisión Sectorial es órgano de trabajo y apoyo general de la Conferencia Sectorial, constituida por el Secretario de Estado u órgano superior de la AGE designado por el Ministro (que la preside), un representante de cada CCAA y uno de Ceuta y otro de Melilla. Funciones: preparación de las reuniones de la Conferencia, seguimiento de los acuerdos, evaluación de los Grupos de trabajo. Los Grupos de trabajo se crean para preparación de tareas técnicas concretas. El director del Grupo de trabajo será un representante de la Administración General del Estado (152.3).
- Art. 153 LRJSP — Comisiones Bilaterales de Cooperación: órganos de cooperación de composición bilateral; reúnen, por número igual de representantes, a miembros del Gobierno (AGE) y miembros del Consejo de Gobierno de la CCAA o representantes de Ceuta o Melilla. Ejercen funciones de consulta y adopción de acuerdos para la mejora de la coordinación. Decisiones revestirán forma de Acuerdos, exigibles conforme a la Ley 29/1998 cuando así se prevea expresamente.
- Art. 154 LRJSP — Comisiones Territoriales de Coordinación: cuando la proximidad territorial o la concurrencia de funciones lo requiera, pueden crearse Comisiones Territoriales de Coordinación, de composición multilateral, para mejorar la coordinación de la prestación de servicios, prevenir duplicidades y mejorar la eficiencia y calidad. Decisiones: forma de Acuerdos, certificados en acta, de obligado cumplimiento para quienes lo suscriban.
Capítulo IV — Relaciones electrónicas entre las Administraciones (arts. 155-158)
- Art. 155 LRJSP — Transmisiones de datos entre AAPP: cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes AAPP a los datos relativos a los interesados. Las AAPP especificarán las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos para el acceso, con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. En ningún caso podrá procederse a su tratamiento ulterior para fines incompatibles.
- Art. 156 LRJSP — Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad: el Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, formatos y aplicaciones. El Esquema Nacional de Seguridad establece la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos, constituido por principios básicos y requisitos mínimos.
- Art. 157 LRJSP — Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración: las AAPP pondrán a disposición de cualquiera de las restantes AAPP las aplicaciones desarrolladas o que sean objeto de contratación, salvo que la información tenga especial protección. Previamente a la adquisición o desarrollo de nuevas aplicaciones, deberán consultar en el directorio general de aplicaciones si existen soluciones disponibles para reutilización.
- Art. 158 LRJSP — Transferencia de tecnología entre Administraciones: las AAPP mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el directorio general de la AGE. La AGE mantendrá el directorio general.
Disposición final tercera — Modificación de la Ley 50/1997, del Gobierno
- Art. 4.2 Ley 50/1997 — Ministros sin cartera: por Real Decreto se determinan el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa y los medios materiales y personales que se les adscriben.
- Art. 5 Ley 50/1997 — Consejo de Ministros: aprueba los proyectos de ley y el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos; declara los estados de alarma y de excepción y propone al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio; a sus reuniones podrán asistir los Secretarios de Estado y, excepcionalmente, otros altos cargos, cuando sean convocados para ello; sus deliberaciones son secretas.
- Art. 9 Ley 50/1997 — El Secretariado del Gobierno es el órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
- Art. 10 Ley 50/1997 — Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado (no de los Subsecretarios).
- Art. 13.2 Ley 50/1997 — La suplencia de los Ministros para el despacho ordinario la determina un Real Decreto del Presidente del Gobierno y recae siempre en otro miembro del Gobierno.
- Art. 25.1 Ley 50/1997 — El Gobierno aprueba anualmente un Plan Anual Normativo con las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a elevarse el año siguiente.
Ley 39/2015 (arts. 1-133) + Ley 40/2015 (arts. 1-80, 140-158, y su disposición final tercera)