Resumen del Tema 13 de Guardia Civil: Seguridad Pública y Seguridad Privada

Cubre la LO 4/2015 de seguridad ciudadana y la Ley 5/2014 de seguridad privada: identificación, registros, sanciones, vigilantes, escoltas y detectives.

Actualizado el 16/11/2026

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01Visión general del tema

El tema 13 cubre el régimen jurídico de la seguridad pública (Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como LOPSC) y de la seguridad privada (Ley 5/2014). En cada examen desde 2020 caen entre 2 y 3 preguntas de la LO 4/2015 (potestades policiales, infracciones y sanciones) y entre 1 y 2 de la Ley 5/2014 (profesiones y servicios de seguridad privada). El examen pregunta la clasificación de las infracciones (cuatro preguntas desde 2020), la identificación de personas del art. 16 (tres) y los órganos competentes para sancionar (2021-2B, 2023-2A y 2025-A).

Peso en examen

En los 14 exámenes de 2020 a 2026, el tema trae entre 3 y 5 preguntas de 100 (4,6 de media) sumando ambas leyes: 65 en total, 39 de la LO 4/2015 y 26 de la Ley 5/2014. No hay pregunta del tema en los exámenes anteriores a 2020.

Artículos estrella

Los preguntados en tres convocatorias o más de 2018 a 2026: LO 4/2015 arts. 11 (pasaporte), 16 (identificación de personas) y 21 (medidas de seguridad extraordinarias); Ley 5/2014 arts. 26 (profesiones de seguridad privada) y 34 (guardas rurales y sus especialidades). En dos convocatorias: LO 4/2015 arts. 1, 2, 3, 5, 9, 20, 23, 32 y 36, y Ley 5/2014 arts. 6, 10, 48 y 55.

Qué pesa más

De las 65 preguntas desde 2020: documentación, potestades policiales y medidas de la LO 4/2015 (arts. 1-29), 30; las profesiones de seguridad privada y sus especialidades (arts. 26-37 Ley 5/2014), 13; el régimen sancionador de la LO 4/2015 (clasificación, cuantías, órganos competentes y prescripción, arts. 30-54), 9; los servicios de seguridad privada (arts. 38-52), 5, y el resto de la Ley 5/2014, 8.

LO 4/2015 + Ley 5/2014 (visión general)

02Diagrama: procedimiento administrativo sancionador (LO 4/2015)

El procedimiento sancionador del régimen de seguridad ciudadana se articula en torno al principio de subsidiariedad respecto del orden penal (art. 45 LOPSC): si las conductas pudieran ser constitutivas de delito, el órgano administrativo pasa el tanto de culpa a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y se abstiene de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento penal, o el Ministerio Fiscal no acuerde la improcedencia de iniciar o proseguir las actuaciones en vía penal, quedando interrumpida la prescripción; si no se aprecia ilícito penal, o se dicta otra resolución que ponga fin al procedimiento penal, el procedimiento puede iniciarse o proseguir, vinculado por los hechos declarados probados en vía judicial (art. 45.3). El siguiente flujo resume las fases nucleares y los órganos competentes.

Figura 1 — Procedimiento sancionador LO 4/2015 (arts. 30-54)
Figura 1 — Procedimiento sancionador LO 4/2015 (arts. 30-54)

Arts. 32, 34, 45, 48, 49 y 53 LO 4/2015

03Diagrama: identificación de personas (art. 16 LO 4/2015)

La identificación de personas (art. 16 LOPSC), artículo estrella del tema (preguntado en 2021, 2024 y 2026), sigue un orden fijo.

Supuesto habilitante del art. 16.1 (indicios de participación en una infracción o necesidad razonable de prevenir un delito); comprobación en la vía pública o en el lugar del requerimiento, donde el requerido debe exhibir su DNI (art. 9.2) o su pasaporte (art. 11.4), y el extranjero su documentación (art. 13.3); y, sólo si no es posible identificar por ningún medio o la persona se niega, requerimiento para que acompañe a los agentes a las dependencias más próximas, para impedir un delito o sancionar una infracción, por el tiempo estrictamente necesario y nunca más de seis horas, con volante a la salida (tiempo de permanencia, causa e identidad de los agentes).

Figura 2 — Identificación de personas (LO 4/2015 art. 16)
Figura 2 — Identificación de personas (LO 4/2015 art. 16)

Art. 16 LO 4/2015

04Esquema completo

I. LO 4/2015 — Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC)

Capítulo I — Disposiciones generales (arts. 1-7)

  • Art. 1 LOPSC — Objeto. La seguridad ciudadana es requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales; su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado (no del Gobierno, no del Parlamento).
  • Art. 2 LOPSC — Ámbito de aplicación. Todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias asumidas por las comunidades autónomas. Quedan fuera las prescripciones que velan por el buen orden de los espectáculos y la protección de personas y bienes mediante una acción administrativa ordinaria, aunque intervengan las FCS, siempre que esa intervención sea elemento integrante del sistema preventivo habitual del control del espectáculo (art. 2.2). Se aplica sin menoscabo de los regímenes legales que regulan ámbitos concretos de la seguridad pública, como la seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o en los transportes, quedando en todo caso salvaguardadas las disposiciones referentes a la defensa nacional y la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio (art. 2.3).
  • Art. 3 LOPSC — Nueve fines: (a) protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico; (b) garantía del normal funcionamiento de las instituciones; (c) preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas; (d) respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades; (e) protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección; (f) pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios destinados al uso y disfrute público; (g) garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad; (h) prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas directamente relacionadas con los fines anteriores y sanción de las tipificadas en esta Ley; (i) transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana.
  • Art. 4 LOPSC — Principios rectores. Las potestades se rigen por legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad; las actuaciones de las FCS se someten además al art. 5 LO 2/1986.
  • Art. 5 LOPSC — Autoridades y órganos competentes (AGE). Al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, le corresponde la preparación, dirección y ejecución de la política. Son autoridades AGE: (a) Ministro del Interior; (b) Secretario de Estado de Seguridad; (c) titulares de órganos directivos del MIR que tengan atribuida tal condición por disposiciones legales o reglamentarias; (d) Delegados del Gobierno en CCAA y Ceuta/Melilla; (e) Subdelegados del Gobierno en provincias y Directores Insulares. Art. 5.3: también son autoridades y órganos competentes, a efectos de esta Ley, los de las comunidades autónomas que hayan asumido competencias para la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la seguridad ciudadana y cuenten con un cuerpo de policía propio; las autoridades de Ceuta y Melilla y las locales ejercen las facultades que les atribuyen la LO 2/1986 y la legislación de régimen local, espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades clasificadas (art. 5.4). Excluidos: el CNI, el Rey, Ministros de Defensa o Justicia.
  • Art. 6 LOPSC — Cooperación interadministrativa: la AGE y las demás administraciones con competencias en seguridad ciudadana se rigen, en sus relaciones, por los principios de cooperación y lealtad institucional, facilitándose la información y la asistencia técnica necesarias y, cuando fuese preciso, coordinando sus acciones.
  • Art. 7 LOPSC — Deber de colaboración: autoridades y funcionarios deben colaborar con las autoridades del art. 5 y, cuando por razón de su cargo conozcan hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana o de los que racionalmente pueda inferirse que pueden producir una perturbación grave, ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente; las autoridades y las FCS pueden recabar la ayuda de los particulares, especialmente en grave calamidad pública o catástrofe extraordinaria, siempre que no implique riesgo personal para ellos (con indemnización de los daños); las empresas y el personal de seguridad privada y los despachos de detectives tienen un especial deber de auxiliar a las FCS y seguir sus instrucciones; el personal de policía administrativa, un especial deber de colaborar.

Capítulo II — Documentación e identificación personal (arts. 8-13)

  • Art. 8 LOPSC — DNI: acreditación de la identidad. Los españoles tienen derecho a que se les expida; es documento público y oficial y el único documento con suficiente valor por sí solo para acreditar, a todos los efectos, la identidad y los datos personales de su titular. Lleva fotografía, firma y los datos que fije el reglamento, nunca relativos a raza, etnia, religión, creencias, opinión, ideología, discapacidad, orientación o identidad sexual, o afiliación política o sindical. Permite la identificación electrónica y la firma electrónica a los mayores de edad con plena capacidad de obrar y a los menores emancipados; las personas con capacidad modificada judicialmente, cuando lo soliciten y no precisen representación o asistencia para obligarse o contratar.
  • Art. 9 LOPSC — DNI: obligaciones y derechos del titular. Obligatorio a partir de los 14 años (no 16); personal e intransferible: el titular debe mantenerlo en vigor y custodiarlo con la debida diligencia, y no puede ser privado del documento ni siquiera temporalmente, salvo cuando por ley haya de ser sustituido por otro. Quienes están obligados a obtenerlo deben exhibirlo y permitir la comprobación de sus medidas de seguridad cuando lo requieran la autoridad o sus agentes para los fines del art. 16.1. De su sustracción o extravío se dará cuenta tan pronto como sea posible a la comisaría de Policía o puesto de las FCS más próximo (no hay plazo de 48 horas).
  • Art. 10 LOPSC — Competencias DNI: corresponde al Ministerio del Interior la competencia exclusiva (dirección, organización y gestión); la ejerce la Dirección General de la Policía, que custodia archivos y ficheros; su expedición está sujeta a tasa.
  • Art. 11 LOPSC — Pasaporte. Documento público, personal, individual e intransferible que, salvo prueba en contrario, acredita la identidad y nacionalidad de los españoles fuera de España y, dentro del territorio nacional, las mismas circunstancias de los españoles no residentes. El derecho a su expedición sólo puede exceptuarse (art. 11.2) por: (a) condena a penas o medidas de seguridad privativas de libertad mientras no se hayan extinguido, salvo autorización del órgano judicial competente; (b) retirada del pasaporte acordada por el órgano judicial competente; (c) libertad vigilada con prohibición de abandonar el territorio nacional, salvo autorización del órgano judicial competente; (d) prohibición judicial de salida de España o de expedición de pasaporte al menor de edad o a la persona con la capacidad modificada judicialmente. Patria potestad / tutela: obtención condicionada al consentimiento expreso de las personas u órgano que tenga encomendado su ejercicio o, en su defecto, del órgano judicial competente. Los titulares deben exhibirlo cuando lo requieran la autoridad o sus agentes y custodiarlo con la debida diligencia; de su sustracción o extravío se dará cuenta de manera inmediata a las FCS o, en su caso, a la Representación Diplomática o Consular de España en el extranjero (art. 11.4).
  • Art. 12 LOPSC — Competencias pasaporte: la expedición corresponde, en el territorio nacional, a la Dirección General de la Policía y, en el extranjero, a las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España; está sujeta al pago de una tasa; corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministros del Interior y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, desarrollar su régimen jurídico.
  • Art. 13 LOPSC — Extranjeros: derecho y obligación de conservar y portar consigo la documentación de identidad expedida por su país de origen o procedencia y la que acredite su situación regular en España; no pueden ser privados de su documentación de origen salvo en el curso de investigaciones judiciales de carácter penal; deben exhibirla y permitir la comprobación de sus medidas de seguridad cuando se les requiera, por el tiempo imprescindible, sin perjuicio de demostrar su identidad por cualquier otro medio si no la llevan consigo (régimen de extranjería: T12).

Capítulo III — Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana (arts. 14-24)

  • Art. 14 LOPSC — Las autoridades pueden dictar órdenes y prohibiciones y disponer actuaciones para preservar la seguridad, motivadas y proporcionales.
  • Art. 15 LOPSC — Entrada y registro en domicilio y edificios oficiales. Sólo en los casos permitidos por la Constitución. Para la entrada en domicilio es también causa legítima evitar daños inminentes y graves en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Para edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas NO será preciso el consentimiento del responsable. Si hay entrada en domicilio, remitir sin dilación atestado al juez.
  • Art. 16 LOPSC — Identificación de personas. En sus funciones de indagación y prevención delictiva y para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes pueden requerir la identificación en dos supuestos: (a) indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción; (b) cuando se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito; pueden comprobarla en la vía pública o en el lugar del requerimiento, incluida la de quien lleve el rostro cubierto, respetando estrictamente la proporcionalidad, la igualdad de trato y la no discriminación. Si no es posible identificarla por ningún medio, incluida la vía telemática o telefónica, o si la persona se niega, pueden requerirle, para impedir un delito o sancionar una infracción, que les acompañe a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados, a los solos efectos de identificarla y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 6 horas (no 4, no 12, no 24); se le informa de modo inmediato y comprensible de las razones. Libro-registro en el que sólo se practican asientos relacionados con la seguridad ciudadana, comunicables sólo a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal (extracto mensual al MF); cancelación de oficio a los 3 años. A la salida, volante con el tiempo de permanencia, la causa y la identidad de los agentes. La resistencia o negativa se rige por el CP, la LECrim y esta Ley.
  • Art. 17 LOPSC — Restricción del tránsito y controles en vías. Los agentes pueden limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento, y ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales. Apartado 2: controles en vías, lugares o establecimientos públicos para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, para el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su comisión y para la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas, siempre que resulte indispensable identificar a las personas que se encuentren en ellos, registrar vehículos o controlar superficialmente efectos personales (no para infracciones administrativas).
  • Art. 18 LOPSC — Comprobaciones y registros en lugares públicos. Comprobaciones sobre personas, bienes y vehículos cuando existan indicios de armas, explosivos o sustancias peligrosas. Apartado 2: los agentes pueden ocupar temporalmente objetos, instrumentos o armas (incluso con licencia) si es necesario para prevenir delito o cuando exista peligro para personas o bienes.
  • Art. 19 LOPSC — Disposiciones comunes a identificación/registro/comprobación: no están sujetas a las mismas formalidades que la detención; la aprehensión de armas, drogas u otros efectos de un delito o infracción administrativa se hace constar en acta, firmada por el interesado o, si se niega, con constancia expresa de su negativa, y el acta goza de presunción de veracidad de los hechos consignados, salvo prueba en contrario.
  • Art. 20 LOPSC — Registros corporales externos (cacheo). Procede cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para las funciones de indagación y prevención. Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes, lo practica un agente del mismo sexo y, si exige dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se efectúa en lugar reservado y fuera de la vista de terceros, dejando constancia escrita. Respeta los principios del art. 16.1 y el de injerencia mínima, con el menor perjuicio a la intimidad y dignidad; el afectado es informado de modo inmediato y comprensible de las razones. Puede llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, con las medidas de compulsión indispensables, conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
  • Art. 21 LOPSC — Medidas de seguridad extraordinarias. Las autoridades competentes pueden acordar cuatro medidas tasadas, en situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y durante el tiempo estrictamente necesario: (1) cierre o desalojo de locales o establecimientos; (2) prohibición del paso; (3) evacuación de inmuebles o espacios públicos debidamente acotados; (4) depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleadas como tales. Pueden adoptarlas los agentes si la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible, incluso mediante órdenes verbales. Emergencia: situación de riesgo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una actuación rápida de la autoridad o de sus agentes para evitarla o mitigar sus efectos. Excluida: la entrada y registro en domicilio (regulada en el art. 15).
  • Art. 22 LOPSC — Uso de videocámaras por la autoridad gubernativa y FCS conforme a su legislación (LO 4/1997 y normativa de desarrollo).
  • Art. 23 LOPSC — Reuniones y manifestaciones. Las autoridades adoptan las medidas necesarias para proteger su celebración; pueden disolver reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones en los supuestos del art. 5 LO 9/1983, y disolver concentraciones de vehículos y retirar vehículos u obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación. Las medidas de intervención serán graduales y proporcionadas; la disolución constituye el último recurso. Antes de adoptarlas, las FCS deben avisar a los afectados, pudiendo hacerlo de manera verbal si la urgencia lo hiciera imprescindible; sin previo aviso, sólo cuando se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos.
  • Art. 24 LOPSC — En las reuniones y manifestaciones (art. 23), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad colaboran mutuamente en los términos de su Ley orgánica reguladora.

Capítulo IV — Potestades especiales de policía administrativa (arts. 25-29)

  • Art. 25 LOPSC — Obligaciones de registro documental. Sujetas: hospedaje, transporte de personas, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, obras de arte, cerrajería de seguridad, gestión de residuos metálicos, comercio mayorista de chatarra, venta de químicos peligrosos. También titulares de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
  • Art. 26 LOPSC — Establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad: los determinados reglamentariamente (vid. RD 2364/1994 y desarrollos del MIR).
  • Art. 27 LOPSC — Espectáculos y actividades recreativas. Las autoridades pueden suspenderlos o prohibirlos por razones de seguridad. Los delegados de la autoridad, presentes en el evento, podrán previo aviso a los organizadores suspender los espectáculos por razones de máxima urgencia.
  • Art. 28 LOPSC — Control administrativo sobre armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos: corresponde al Gobierno regular los requisitos y condiciones de su fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización, y adoptar las medidas de control; la intervención corresponde al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la Guardia Civil, con inspecciones y comprobaciones en cualquier momento (art. 28.2). Desarrollo reglamentario de las armas y los explosivos: los Reglamentos de Armas y de Explosivos (T22).
  • Art. 29 LOPSC — Medidas de control que regula el Gobierno: (a) sujetar la apertura y funcionamiento de fábricas, talleres, depósitos, establecimientos y lugares de utilización a catalogación o clasificación, autorización, información, inspección, vigilancia y control, y a habilitación del personal que los maneja, y determinar el régimen de responsabilidad de quienes tengan el deber de prevenir determinadas infracciones; (b) licencias, permisos o autorizaciones obligatorios para adquirir, tener y usar armas de fuego, de expedición restrictiva para las armas de defensa personal (sólo en supuestos de estricta necesidad), atendiendo a la conducta y antecedentes del interesado, que consiente que se recaben sus antecedentes penales; (c) prohibición de fabricar, tener, comerciar y depositar armas, cartuchería, artículos pirotécnicos y explosivos especialmente peligrosos. El sector tiene regulación específica en materia de establecimiento (supervisión de los Ministerios de Defensa, Interior e Industria).

Capítulo V — Régimen sancionador (arts. 30-54)

  • Art. 30 LOPSC — Sujetos responsables. Responsabilidad directa del autor. Exentos los menores de 14 años (la autoridad lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal). Organizadores o promotores de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones: quienes hayan suscrito la preceptiva comunicación y también, aunque no la hayan suscrito, quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, y aquellos de quienes, por publicaciones o declaraciones de convocatoria, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son directores de ellas.
  • Art. 31 LOPSC — Normas concursales. Reglas: El precepto especial se aplicará con preferencia al general; el más amplio o complejo absorbe al que sancione las infracciones consumidas en él; en defecto de los criterios anteriores, el más grave excluye a los que sancionen el hecho con una sanción menor. Apartado 2: un hecho que constituya dos o más infracciones, o una medio necesario para otra, se sanciona por aquella infracción que aplique una mayor sanción. Apartado 3: lo que se tome en consideración como criterio de graduación o como circunstancia que determine la calificación no puede sancionarse como infracción independiente.
  • Art. 32 LOPSC — Órganos competentes (AGE). Ministro del Interior: muy graves en grado máximo. Secretario de Estado de Seguridad: muy graves en grado medio y mínimo. Delegados del Gobierno en CCAA y Ceuta/Melilla: graves y leves. Sancionan también las autoridades de la comunidad autónoma en el ámbito de sus competencias en seguridad ciudadana (32.2) y los alcaldes cuando las infracciones se cometan en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que ostenten competencia sobre la materia (32.3).
  • Art. 33 LOPSC — Graduación. Las multas de muy graves y graves se dividen en tres tramos de igual extensión: grado mínimo, medio, máximo. La comisión determina la imposición en grado mínimo; pasa a medio con al menos una de: (a) reincidencia (más de una infracción de la misma naturaleza en 2 años, declarada por resolución firme en vía administrativa); (b) violencia, amenaza o intimidación; (c) prenda u objeto que cubra el rostro e impida o dificulte la identificación; (d) utilización de menores de edad, personas con discapacidad necesitadas de especial protección o en situación de vulnerabilidad. Grado máximo: sólo cuando los hechos revistan especial gravedad y así se justifique por el número y la entidad de las circunstancias y los criterios de individualización. Las leves se gradúan directamente con esas circunstancias y criterios.
  • Art. 34 LOPSC — Clasificación tripartita: muy graves, graves y leves.
  • Art. 35 LOPSC — Infracciones muy graves (sólo cuatro). (1) Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, y la intrusión en sus recintos, incluido su sobrevuelo, cuando se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas; (2) fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos incumpliendo la normativa, sin la documentación o autorización o excediendo los límites, cuando no sea delito, así como la omisión, insuficiencia o falta de eficacia de las medidas de seguridad obligatorias, siempre que se causen perjuicios muy graves; (3) celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por razones de seguridad pública; (4) proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes (sobre miembros de las FCS, para impedir o dificultar sus funciones, es leve: art. 37.6).
  • Art. 36 LOPSC — Infracciones graves. Entre otras: perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones numerosas, cuando no sea infracción penal (36.1); perturbación grave de la seguridad ciudadana con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso, el Senado y las asambleas legislativas autonómicas, aunque no estén reunidas, cuando no sea infracción penal (36.2); causar desórdenes u obstaculizar la vía pública cuando se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana (36.3); actos de obstrucción a una autoridad, empleado público o corporación oficial al margen de los procedimientos legales, si no son delito (36.4); desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes cuando no sea delito, negativa a identificarse o alegación de datos falsos o inexactos al identificarse (36.6); perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no sea infracción penal (36.8); intrusión en infraestructuras o instalaciones de servicios básicos, incluido su sobrevuelo, con interferencia grave en su funcionamiento (36.9); portar, exhibir o usar armas prohibidas, o armas de modo negligente, temerario o intimidatorio o fuera de los lugares habilitados para su uso aun con licencia, si no es infracción penal (36.10); consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos (36.16); traslado de personas en vehículo para facilitarles el acceso a drogas, si no es delito (36.17); alegación de datos o circunstancias falsos para obtener las documentaciones de esta Ley, si no es infracción penal (36.21).
  • Art. 37 LOPSC — Infracciones leves. Entre otras: reuniones o manifestaciones incumpliendo los arts. 4.2, 8, 9, 10 y 11 LO 9/1983 (responsables: organizadores o promotores) (37.1); exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio, si no es delito o infracción grave (37.2); faltas de respeto y consideración a un miembro de las FCS en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, si no son infracción penal (37.4); haces de luz sobre miembros de las FCS para impedir o dificultar sus funciones (37.6); ocupación de inmueble, vivienda o edificio ajenos contra la voluntad de su titular, si no es infracción penal (37.7); no obtener la documentación personal exigida u omitir por negligencia la denuncia de su sustracción o extravío (37.10); negligencia en la custodia del DNI (3.ª y posteriores pérdidas en un año) (37.11); negativa a entregar la documentación cuando se haya acordado su retirada o retención (37.12); daños o deslucimiento de bienes de uso o servicio público, o de bienes privados en la vía pública, si no son infracción penal (37.13); escalamiento de edificios o monumentos sin autorización con riesgo cierto de daños (37.14); dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, o abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida (37.16); consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana (37.17).
  • Art. 38 LOPSC — Prescripción de infracciones. Seis meses (leves), al año (graves), a los dos años (muy graves), desde el día de la comisión. La prescripción se interrumpe por actuación administrativa con conocimiento del interesado; se reanuda si paralizado más de un mes por causa no imputable al responsable.
  • Art. 39 LOPSC — Sanciones. Cuantías: muy graves de 30.001 a 600.000 €; graves de 601 a 30.000 €; leves de 100 a 600 €. Tramos por grado: muy graves (mínimo 30.001-220.000 / medio 220.001-410.000 / máximo 410.001-600.000); graves (mínimo 601-10.400 / medio 10.401-20.200 / máximo 20.201-30.000). Accesorias: retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes; comiso de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado la infracción y de sus efectos, salvo que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable que los haya adquirido legalmente (si son de lícito comercio y su valor no guarda relación con la infracción, puede no acordarse o acordarse parcialmente); suspensión de licencias y clausura de fábricas/locales en las materias del cap. IV: de seis meses y un día a 2 años (muy graves) y hasta 6 meses (graves); en reincidencia, de dos años y un día a 6 años (muy graves) y hasta 2 años (graves).
  • Art. 40 LOPSC — Prescripción de sanciones. Muy graves 3 años; graves 2 años; leves al año.
  • Arts. 41-43 LOPSC — Habilitación reglamentaria; reparación del daño e indemnización; Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana (cancelación a los 3 años desde la firmeza para muy graves, 2 años graves, 1 año leves).
  • Arts. 44-48 LOPSC — Régimen jurídico y procedimiento: la potestad sancionadora se rige por el título IX de la Ley 30/1992 (hoy, Leyes 39/2015 y 40/2015), con las especialidades del capítulo (art. 44); subsidiariedad respecto del orden penal (art. 45.2: si las conductas pudieran ser delito, tanto de culpa a la autoridad judicial o al MF y abstención mientras no haya resolución que ponga fin al proceso penal o el MF no acuerde la improcedencia de la vía penal, con interrupción de la prescripción); acceso a datos de otras administraciones sin consentimiento del titular (art. 46); medidas provisionales anteriores al procedimiento (art. 47: los agentes intervienen y aprehenden cautelarmente los instrumentos de la infracción y el dinero, frutos o productos obtenidos; en grave riesgo o peligro inminente pueden adoptar las del art. 49.1, salvo la f), que deben ratificarse, modificarse o revocarse en el acuerdo de incoación en el plazo máximo de quince días); actuaciones previas para determinar los hechos y los responsables, que no interrumpen la prescripción (art. 48).
  • Arts. 49-54 LOPSC — Medidas provisionales en el procedimiento; caducidad; efectos de la resolución; valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad (presunción salvo prueba en contrario); ejecución de la sanción; procedimiento abreviado.

II. Ley 5/2014 — Seguridad Privada

Título Preliminar — Disposiciones generales (arts. 1-13)

  • Art. 1 Ley 5/2014 — Objeto: regular la prestación de servicios de seguridad por personas físicas o jurídicas y la realización de actividades de investigación privada.
  • Art. 2 Ley 5/2014 — Definiciones (14): seguridad privada; actividades; servicios; funciones; medidas; prestadores de servicios de seguridad privada (empresas, despachos de detectives y personal habilitado); empresa de seguridad privada; personal de seguridad privada; personal acreditado (profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos, operadores de seguridad); usuario; despachos de detectives privados; centros de formación; elemento, producto o servicio homologado; elemento, producto o servicio acreditado, certificado o verificado.
  • Art. 3 Ley 5/2014 — Ámbito: actividades y servicios prestados por empresas, despachos y personal habilitado, así como entidades públicas y privadas que adopten medidas de seguridad por imposición legal o voluntad propia.
  • Art. 4 Ley 5/2014 — Fines (tres): (a) satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios, velando por la indemnidad o privacidad de las personas o bienes cuya seguridad o investigación se le encomiende; (b) contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones; (c) complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.
  • Art. 5 Ley 5/2014 — Actividades de seguridad privada. Ocho actividades (apartado 1.a-h): (a) vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, públicos o privados, y de las personas que se encuentren en ellos; (b) acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad; (c) depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos valiosos; (d) depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica y otros objetos peligrosos; (e) transporte y distribución de los objetos de (c) y (d); (f) instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia; (g) explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de señales de alarma, así como la monitorización de señales de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas o bienes o de cumplimiento de medidas impuestas, y la comunicación a las FCS; (h) investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte. Apartado 2: las actividades a) a g) sólo pueden prestarlas las empresas de seguridad privada, sin perjuicio de las competencias de las FCS y de lo que el art. 38.6 permite a los guardas rurales, y la h), con carácter exclusivo y excluyente, los despachos de detectives (la prohibición recíproca está en el art. 10.3). Apartado 3: entidades públicas o privadas pueden constituir, previa autorización, centrales receptoras de alarmas de uso propio, sin prestar servicios a terceros.
  • Art. 6 Ley 5/2014 — Actividades compatibles (quedan fuera del ámbito de la ley). Apartado 1: fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de elementos o productos de seguridad y de cerrajería de seguridad; equipos electrónicos no conectados a centrales de alarma o centros de control o de videovigilancia; conexión a centrales de sistemas contra incendios o de alarmas técnicas o asistenciales; planificación, consultoría y asesoramiento (estos últimos pueden prestarlos las empresas de SP). Apartado 2: información o control de accesos por porteros, conserjes y análogos; recepción y comprobación de visitantes; control de tránsito en zonas reservadas; control del estado de calderas e instalaciones, salvo que impliquen la asunción de funciones de seguridad privada.
  • Art. 7 Ley 5/2014 — Actividades excluidas: no están sujetas a la ley las actuaciones de autoprotección (cautelas que los interesados adoptan por sí y para sí, dirigidas a proteger su entorno personal o patrimonial, sin contraprestación ni servicio a terceros; una empresa o entidad nunca puede usar a sus empleados para las funciones reservadas al personal de seguridad privada), ni la obtención por uno mismo de información o datos, ni la contratación de servicios de recepción, recopilación, análisis, comunicación o suministro de información libre obrante en fuentes o registros de acceso público.
  • Art. 8 Ley 5/2014 — Principios rectores. Sujeción a la CE y a la Ley. Obligación de colaboración con FCS en todo momento; especial obligación de auxilio. Apartado 4: no podrán intervenir ni interferir, mientras estén ejerciendo los servicios y funciones que les son propios, en reuniones, manifestaciones o conflictos políticos o laborales; no podrán controlar opiniones ni tratar datos ideológicos, sindicales o religiosos; tendrán prohibido comunicar a terceros información de clientes, salvo a las autoridades judiciales y policiales para el ejercicio de sus respectivas funciones.
  • Art. 9 Ley 5/2014 — Contratación: ningún servicio de seguridad privada puede prestarse sin haber sido previamente contratado y, en su caso, autorizado; los contratos se formalizan siempre por escrito y su celebración se comunica al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente antes de su inicio; la comunicación de los contratos de investigación privada sólo contiene los datos necesarios para identificar a las partes, excluidos los de carácter personal.
  • Art. 10 Ley 5/2014 — Prohibiciones (apartado 1): (a) la prestación o publicidad de servicios de seguridad privada por personas físicas o jurídicas carentes de autorización o sin haber presentado declaración responsable; (b) el ejercicio de funciones de seguridad privada por personas físicas sin habilitación o acreditación profesional; (c) la prestación de servicios incumpliendo sus requisitos o condiciones legales; (d) el empleo de medios o medidas de seguridad no homologados cuando sea preceptivo, o de medios personales, materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, o que incumplan los requisitos legales. Apartado 2: detectives y despachos NO pueden celebrar contratos que tengan por objeto la investigación de delitos perseguibles de oficio ni, en general, investigarlos; deben denunciarlos inmediatamente y poner a disposición de la autoridad lo obtenido. Apartado 3: las empresas de seguridad no pueden prestar servicios de investigación privada y los despachos no pueden prestar servicios propios de las empresas (vid. art. 5.2).
  • Arts. 11-13 — Registro Nacional de Seguridad Privada y registros autonómicos; competencias del Estado (autorización empresas, habilitaciones, sanciones reservadas) y de las CCAA con competencia asumida.

Título I — Coordinación (arts. 14-16)

  • Arts. 14-16 — Colaboración profesional; acceso a la información por las FCS; coordinación y participación: comisiones mixtas de seguridad privada, nacionales, autonómicas o provinciales (art. 16.2).

Título II — Empresas de seguridad privada y despachos de detectives (arts. 17-25)

  • Arts. 17-21 Ley 5/2014 — Las empresas sólo prestan las actividades del art. 5.1 salvo la h), además de las compatibles del art. 6 y la formación (art. 17). Necesitan autorización administrativa, suplida por declaración responsable cuando se dediquen exclusivamente a la actividad del art. 5.1.f); la validez de ambas es indefinida (art. 18). Requisitos generales (art. 19): constitución e inscripción con objeto exclusivo, nacionalidad de un Estado de la UE o del EEE, medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos adecuados, medidas de seguridad, seguro de responsabilidad civil, aval o seguro de caución y no haber sido condenadas por los delitos que enumera. Inscripción de oficio en el Registro Nacional o autonómico (art. 20). Obligaciones generales, entre ellas comunicar los cambios al registro y presentar cada año un informe de actividades al MIR u órgano autonómico (art. 21).
  • Arts. 22-24 — Representantes legales; consideración de sector específico; apertura de despachos de detectives privados.
  • Art. 25 Ley 5/2014 — Obligaciones de los despachos de detectives. (a) Formalizar por escrito un contrato por cada servicio y comunicar su celebración al MIR u órgano autonómico (también en la subcontratación entre despachos); (b) llevar un libro-registro de cada servicio contratado o subcontratado; (c) informar a sus clientes de las incidencias, con entrega, en su caso, del informe; (d) facilitar de forma inmediata a la autoridad judicial o a las FCS la información sobre hechos delictivos; (e) acudir al llamamiento de la Administración de Justicia y de las FCS y facilitarles la información de que tengan conocimiento; (f) atender las citaciones de juzgados, tribunales y dependencias policiales para prestar testimonio y ratificar sus informes; (g) archivar y conservar su documentación profesional; (h) comunicar al MIR u órgano autonómico los cambios de forma jurídica, denominación, composición, domicilio y sucursales; (i) presentar al MIR o, en su caso, al órgano autonómico competente una memoria anual de actividades del año precedente, sin datos personales (no semestral); (j) depositar, en caso de cierre, la documentación profesional en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía o del cuerpo de policía autonómico competente.

Título III — Personal de seguridad privada (arts. 26-37)

  • Art. 26 Ley 5/2014 — Profesiones. El personal está integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados. Apartado 2: para habilitarse como vigilante de explosivos hay que ser previamente vigilante de seguridad; para guarda de caza o guardapesca marítimo, previamente guarda rural. Apartado 3: para los servicios en infraestructuras críticas, en los esenciales para la comunidad y en otros que excepcionalmente lo requieran, se podrá incrementar reglamentariamente la exigencia formativa del personal que los preste.
  • Hombre adulto revisando documentación de un curso en el vestíbulo de un centro de formación, con luz natural suave.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 26 Ley 5/2014
    Conseguir la habilitación como vigilante de explosivos

    Miguel acaba de superar el curso de vigilante de seguridad, pero aún no ha obtenido la habilitación ni la tarjeta de identidad profesional, y trabaja desde hace dos meses como auxiliar de control de accesos en un polígono industrial. Le ofrecen un puesto mejor pagado en una empresa que custodia y transporta material pirotécnico: el contrato exige la habilitación de vigilante de explosivos. Miguel cree que basta con presentarse a las pruebas específicas de explosivos, dado que tiene experiencia laboral previa en una armería como dependiente.

    El responsable de personal le pide que revise la normativa antes de inscribirse, porque ha habido confusiones recientes con aspirantes que no cumplían los requisitos previos.

    Cuando el examen pregunta por el art. 26, el distractor cambia la matriz: en 2022-1A, vigilante de explosivos tras guarda rural. La pista (art. 26.2): exige habilitación previa como vigilante de seguridad. Mismo encaje guardas de caza/pesca sobre guarda rural.

    El art. 26 Ley 5/2014 enumera el personal de seguridad privada y exige (apartado 2) que la habilitación como vigilante de explosivos esté precedida por la habilitación como vigilante de seguridad.

  • Art. 27 Ley 5/2014 — Habilitación profesional. Habilitación previa del MIR; tarjeta de identidad profesional como documento público de acreditación. Apartado 3: la habilitación de todo el personal corresponde a la Dirección General de la Policía, EXCEPTO la de guardas rurales y sus especialidades, que corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil. El personal ejerce exclusivamente las funciones para las que está habilitado.
  • Art. 28 Ley 5/2014 — Requisitos generales. Nacionalidad UE/EEE o tercer Estado con convenio; mayoría de edad; capacidad física y aptitud psicológica; formación previa (art. 29); carecer de antecedentes penales por delitos dolosos; no haber sido sancionado en 2 años (grave) o 4 años (muy grave) en SP; no haber sido separado del servicio en FCS o FFAA en los 2 años anteriores; no haber sido condenado por intromisión al honor/intimidad/imagen/secreto comunicaciones u otros derechos fundamentales en los 5 años anteriores; superar, en su caso, las pruebas reglamentarias. Los funcionarios públicos en activo y demás personal de las administraciones públicas pueden habilitarse pero no ejercer (salvo como director de seguridad en el propio centro a que pertenezcan); los miembros de las FCS sí pueden ejercer cuando pasen a una situación administrativa distinta de la de servicio activo, si en los 2 años anteriores no han desempeñado funciones de control de la seguridad privada (art. 28.4).
  • Art. 29 Ley 5/2014 — Formación. Vigilantes, escoltas, guardas rurales y especialidades: certificación de centro de formación, certificado de profesionalidad o título de FP. Jefes y directores: grado universitario en seguridad o curso de dirección reconocido por el MIR. Detectives: grado universitario en investigación privada o curso reconocido por el MIR.
  • Art. 30 Ley 5/2014 — Principios de actuación. Legalidad. Integridad. Dignidad en el ejercicio de sus funciones. Corrección en el trato con los ciudadanos. Congruencia. Proporcionalidad. Reserva profesional. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Obligación de auxilio especial a FCS.
  • Art. 31 Ley 5/2014 — Protección jurídica de agente de la autoridad. Las agresiones y desobediencias al personal de seguridad privada debidamente identificado se consideran como las cometidas contra agentes de la autoridad cuando desarrolle actividades en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
  • Art. 32 Ley 5/2014 — Vigilantes de seguridad. Funciones: vigilancia y protección de bienes, establecimientos y personas; controles de identidad, paquetería, mercancías, vehículos en accesos (sin retener documentación, pero pudiendo impedir el acceso); evitar comisión de delitos o infracciones; en relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner a disposición de FCS a delincuentes (sin interrogatorios); proteger el almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y dispensado de dinero, obras de arte y antigüedades, valores y otros objetos valiosos, y el manipulado de efectivo; verificación personal de alarmas. Apartado 2: dedicación exclusiva a las funciones de seguridad, sin simultanearlas con otras no relacionadas. Apartado 3: los vigilantes de explosivos, integrados en empresas de seguridad, protegen el almacenamiento, transporte y demás procesos de explosivos y otras sustancias peligrosas.
  • Art. 33 Ley 5/2014 — Escoltas privados: acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas o de grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos (incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad: art. 5.1.b). No pueden realizar identificaciones o detenciones ni impedir o restringir la libre circulación, salvo que resulte imprescindible por una agresión o un intento manifiesto de agresión a las personas protegidas o a los propios escoltas, poniendo entonces al detenido inmediatamente a disposición de las FCS, sin interrogatorio. Se les aplica el régimen de los vigilantes, salvo la uniformidad.
  • Art. 34 Ley 5/2014 — Guardas rurales. Apartado 1: vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, así como en las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se encuentren en ellas. Apartado 2: guardas de caza añaden vigilancia y protección de fincas de caza en cuanto a aspectos del régimen cinegético y espacios de pesca fluvial. Apartado 3: guardapescas marítimos añaden vigilancia de establecimientos de acuicultura y zonas marítimas con fines pesqueros. Los guardas rurales se atienen al régimen de los vigilantes de seguridad, salvo que no pueden desempeñar las funciones del art. 32.1.e) (proteger el almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y dispensado de dinero, obras de arte y antigüedades, valores y otros objetos valiosos, y el manipulado de efectivo). Apartado 4: guardas de caza y guardapescas marítimos pueden retirar u ocupar las piezas cobradas y los medios de caza y pesca, incluidas armas, utilizados para cometer una infracción, entregándolos de inmediato a las FCS competentes.
  • Mujer adulta caminando de espaldas por una pista de tierra en una dehesa extremeña al atardecer, junto a un muro de piedra.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 34 Ley 5/2014
    Contratar vigilancia para una finca rústica con caza

    Ana hereda una finca rústica de 180 hectáreas en la provincia de Cáceres, dedicada parcialmente al aprovechamiento cinegético. Una empresa local le propone dos perfiles para la vigilancia: un vigilante de seguridad con experiencia en custodia y transporte, y un guarda rural «de toda la vida». La empresa le presenta ambas opciones como equivalentes en funciones y precio.

    Ana, que también quiere vigilancia del aprovechamiento cinegético de la finca, no entiende por qué la empresa insiste en que para eso necesita un guarda de caza, especialidad del guarda rural, y no un vigilante de seguridad.

    Cuando el examen pregunta por el art. 34, el distractor equipara guarda rural y vigilante de seguridad. La pista: el guarda rural no puede ejercer las funciones del art. 32.1.e (dinero, valores, obras de arte), opción falsa en 2021-2B.

    Los guardas rurales vigilan fincas rústicas con el régimen general de los vigilantes de seguridad, salvo las funciones del art. 32.1.e) (art. 34.1 Ley 5/2014). La vigilancia de las fincas de caza en cuanto al régimen cinegético corresponde a los guardas de caza (art. 34.2), especialidad que exige ser antes guarda rural (art. 26.2).

  • Art. 35 Ley 5/2014 — Jefes de seguridad. Funciones (apartado 1.a-h): análisis de riesgos y planificación de los servicios; organización, dirección e inspección del personal y servicios; propuesta de sistemas de seguridad y control de su funcionamiento; control de la formación del personal; coordinación con protección civil en emergencias; garantía de la colaboración con las FCS; supervisión de la normativa de seguridad privada; custodia y traslado de las armas de la empresa. Apartado 2: existencia obligatoria cuando la empresa preste todas o algunas de las actividades de las letras a), b), c), d) y e) del art. 5.1 (vigilancia, escolta, custodia de valores, custodia de explosivos, transporte).
  • Art. 36 Ley 5/2014 — Directores de seguridad: entre otras funciones, la organización y dirección de los servicios y recursos de seguridad, el análisis de riesgos, los planes de seguridad y la interlocución y enlace con la Administración y las FCS. Un funcionario público en activo sólo puede ejercer como director de seguridad en el propio centro a que pertenezca (art. 28.4).
  • Art. 37 Ley 5/2014 — Detectives privados: ejecutan personalmente las investigaciones; confeccionan informes; colaboran con FCS en hechos delictivos; ratifican informes ante autoridades. No compatibles con el resto del personal de SP ni con funciones de la Administración Pública. No pueden investigar delitos perseguibles de oficio; denuncia inmediata.

Título IV — Servicios y medidas de seguridad (arts. 38-52)

  • Arts. 38-39 Ley 5/2014 — Prestación: medios homologados, uniformes no confundibles con FCS ni FFAA; uniformidad para vigilantes y guardas; portar la tarjeta profesional durante el servicio.
  • Art. 40 Ley 5/2014 — Servicios con armas de fuego. Cuatro supuestos con arma: vigilancia y protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos; vigilancia de fábricas y depósitos o transporte de armas, cartuchería metálica y explosivos; vigilancia en buques mercantes y pesqueros que naveguen bajo bandera española en aguas de grave riesgo; vigilancia perimetral en centros penitenciarios, CIE, establecimientos militares u otros edificios u organismos públicos, incluidas infraestructuras críticas, cuando lo requieran. Cabe autorizar el arma en otros supuestos que fije el reglamento y en la verificación personal de alarmas si lo exige la seguridad del personal (40.2). El arma sólo durante el servicio, salvo excepciones reglamentarias (40.3).
  • Art. 41 Ley 5/2014 — Servicios de vigilancia y protección. Los prestan vigilantes o, en su caso, guardas rurales, con carácter general en el interior de edificios, instalaciones o propiedades. Fuera de ellos, sin autorización previa (apartado 1): (a) manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos en vías o espacios públicos; (b) retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos; (c) desplazamientos al exterior para actividades relacionadas con la vigilancia del inmueble; (d) vigilancia de los medios de transporte y sus infraestructuras; (e) servicios de ronda o vigilancia discontinua; (f) persecución de quienes sean sorprendidos en flagrante delito, en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección; (g) razones humanitarias; (h) los servicios de los apartados siguientes. Con autorización previa (apartado 2): (a) polígonos industriales y urbanizaciones delimitados; (b) complejos o parques comerciales y de ocio delimitados; (c) acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social en vías o espacios públicos, en coordinación con las FCS; (d) recintos y espacios abiertos delimitados. Cuando lo decida el órgano competente y siguiendo las órdenes de las FCS (apartado 3): vigilancia perimetral de centros penitenciarios y de centros de internamiento de extranjeros, vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos y participación en servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial.
  • Art. 42 Ley 5/2014 — Servicios de videovigilancia. Cámaras fijas o móviles capaces de captar y grabar imágenes y sonidos. Cuando la finalidad sea preventiva (prevenir infracciones, evitar daños o impedir accesos no autorizados), se prestarán necesariamente por vigilantes de seguridad o guardas rurales. No se podrán captar imágenes de vía pública salvo autorización. No requieren autorización las cámaras integradas en medidas obligatorias o en sistemas de alarmas. Las grabaciones no pueden destinarse a otro uso y, si se relacionan con hechos delictivos o con la seguridad ciudadana, se aportan a las FCS (art. 42.4); en domicilios, consentimiento del titular (art. 42.2). La monitorización, grabación y tratamiento de imágenes y sonidos se someten a la normativa de protección de datos (proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima, art. 42.5); en lo no previsto, se aplica la normativa sobre videovigilancia de las FCS (art. 42.6).
  • Arts. 43-47 Ley 5/2014 — Servicios de protección personal (escoltas), depósito de seguridad, transporte de seguridad, instalación y mantenimiento, gestión de alarmas.
  • Art. 48 Ley 5/2014 — Servicios de investigación privada. Averiguaciones, a cargo de detectives, para obtener y aportar, por cuenta de terceros legitimados, información y pruebas sobre conductas o hechos privados. Tres ámbitos: (a) económico, laboral, mercantil, financiero y vida personal, familiar o social (excepto domicilios y lugares reservados); (b) garantizar el normal desarrollo de actividades en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos; (c) delitos sólo perseguibles a instancia de parte, por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal. Apartado 2: aceptar el encargo exige, en todo caso, que el solicitante acredite el interés legítimo alegado. Apartado 3: en ningún caso se podrá investigar la vida íntima que transcurra en domicilios u otros lugares reservados, ni usar medios que atenten contra el honor, la intimidad personal o familiar, la propia imagen, el secreto de las comunicaciones o la protección de datos. No usar medios, vehículos o distintivos confundibles con los de las FCS. Velarán por los derechos de sus clientes con respeto a los de los investigados. Principios: razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
  • Dos personas adultas conversando frente a un escritorio en un despacho profesional con persianas de madera filtrando la luz.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 48 Ley 5/2014
    Contratar un detective para vigilar una baja sospechosa

    Sandra dirige una pequeña empresa de servicios. Uno de sus empleados lleva tres meses de baja por una lesión lumbar, pero un vecino le ha contado que lo ha visto reformando él mismo su segunda residencia en la sierra durante varios fines de semana. Sandra acude a un despacho de detectives privados con el justificante de baja, los partes médicos y un escrito de su asesoría laboral explicando el interés legítimo del expediente disciplinario que pretende incoar.

    El detective le advierte de dos cosas antes de aceptar: que la investigación se ceñirá a los espacios públicos y desplazamientos, y que no podrá utilizar vehículos rotulados que se confundan con las FFCCS.

    Cuando el examen pregunta por el art. 48, el distractor presenta al detective con libertad total. La pista: dos límites rígidos en los apartados 3 y 4: nada en domicilios o lugares reservados, y nunca medios confundibles con FFCCS.

    Los apartados 3 y 4 del art. 48 Ley 5/2014 prohíben al detective investigar la vida íntima en domicilios y lugares reservados, y emplear medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con los de las FFCCS.

  • Art. 49 Ley 5/2014 — Informes de investigación: un único informe por servicio, con el número de registro asignado, los datos de quien encarga y contrata el servicio, el objeto de la contratación, los medios, los resultados, los detectives intervinientes y las actuaciones realizadas; sólo con información directamente relacionada con el objeto y la finalidad de la investigación; a disposición del cliente y de las autoridades policiales para la inspección; se conservan archivados al menos tres años, y las imágenes y sonidos grabados se destruyen tres años después de terminar la investigación, salvo que estén relacionados con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador.
  • Art. 50 Ley 5/2014 — Deber de reserva profesional. Detectives obligados a guardar reserva; sólo facilitan datos al cliente y a órganos judiciales y policiales competentes. Apartado 2: el acceso al contenido sólo procede mediante requerimiento judicial o solicitud policial relacionada con sus funciones en el curso de una investigación criminal o de un procedimiento sancionador.
  • Arts. 51-52 Ley 5/2014: Adopción de medidas de seguridad privada y sus tipos (art. 52.1): de seguridad física, electrónica, informática, organizativa y personal.

Título V — Control administrativo (arts. 53-55)

  • Arts. 53-54 — Actuaciones de control e inspección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes (planes anuales de inspección); deber de facilitar a las FCS el acceso a efectos de inspección (art. 54.3), que alcanza a empresas, despachos, personal, establecimientos obligados, centros de formación, centrales de alarma de uso propio y usuarios.
  • Art. 55 Ley 5/2014 — Medidas provisionales anteriores al procedimiento. Las FCS competentes pueden acordarlas excepcionalmente, dando cuenta inmediata a la autoridad competente: (a) ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipos prohibidos, no homologados o peligrosos y de los instrumentos y efectos de la infracción, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para las personas o bienes; (b) suspensión, con intervención de los medios empleados, de servicios prestados sin las garantías y formalidades legales o sin autorización o declaración responsable, o que puedan causar daños o poner en peligro la seguridad ciudadana; (c) cese de servicios prestados por empresas, centrales de alarma de uso propio o despachos no autorizados o sin declaración responsable, o por personal no habilitado o acreditado; (d) cese de la actividad docente de centros sin declaración responsable o con profesorado no acreditado; (e) desconexión de sistemas de alarma cuyo mal funcionamiento cause perjuicios a la seguridad pública o molestias a terceros; (f) retirada de la tarjeta de identificación profesional al personal de seguridad, o de la acreditación al personal acreditado, detenidos por su implicación en hechos delictivos; (g) suspensión de las actividades de establecimientos notoriamente vulnerables que no tengan en funcionamiento las medidas obligatorias. Apartado 2: deben ser ratificadas, modificadas o revocadas en el plazo máximo de quince días; quedan sin efecto si, transcurrido ese plazo, no se incoa el procedimiento o el acuerdo de incoación no contiene un pronunciamiento expreso sobre ellas; las ratifica, revoca o modifica el órgano competente para incoar. Apartado 3: su duración no puede exceder de seis meses.

Arts. 1-54 LO 4/2015 + Arts. 1-55 Ley 5/2014

05Tablas comparativas

Tabla 1 — Infracciones leves vs graves vs muy graves (LO 4/2015)

ConceptoLeves (art. 37)Graves (art. 36)Muy graves (art. 35)
Multa (art. 39.1)100-600 €601-30.000 €30.001-600.000 €
Prescripción infracción (art. 38)6 meses1 año2 años
Prescripción sanción (art. 40)1 año2 años3 años
Órgano sancionador AGE (art. 32.1)Delegado del GobiernoDelegado del GobiernoSES (medio y mínimo); Ministro Interior (máximo)
Ejemplo típicoAbandono animales; consumo alcohol que perturbe gravemente; daños bienes públicos; faltas de respeto a agentesDrogas en lugar público (36.16); desobediencia o resistencia; obstrucción autoridad; portar armas prohibidasReuniones no comunicadas o prohibidas en instalaciones de servicios básicos con riesgo vital; haces de luz a pilotos; manipulación ilegal de explosivos con perjuicios muy graves

Tabla 2 — Personal de seguridad privada: profesiones, especialidades y habilitación

Profesión o especialidadFunciones nucleares (arts. 32-37)Habilita (art. 27.3)Requisito previo (art. 26.2)
Vigilante de seguridadVigilancia y protección de bienes, lugares y personas; controles de identidad en accesos; detención y entrega a FCSDGP—
Vigilante de explosivos (esp.)Custodia y transporte de explosivosDGPVigilante de seguridad
Escolta privadoAcompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadasDGP—
Guarda ruralVigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas e instalaciones; no las funciones del art. 32.1.e (dinero, obras de arte y antigüedades, valores y otros objetos valiosos)DGGC—
Guarda de caza (esp.)+ Régimen cinegético y pesca fluvialDGGCGuarda rural
Guardapesca marítimo (esp.)+ Acuicultura y zonas marítimas con fines pesquerosDGGCGuarda rural
Jefe de seguridadDirección, organización y supervisión del personal y servicios de la empresaDGP—
Director de seguridadPlanificación global y dirección estratégica del departamentoDGP—
Detective privadoInvestigación privada del art. 48 (ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y vida personal, familiar o social, salvo domicilios y lugares reservados; ferias, hoteles y locales de gran concurrencia; delitos sólo perseguibles a instancia de parte); incompatible con el resto del personal de SP y con la función pública (art. 37.3)DGP—

Tabla 3 — Identificación de personas (art. 16) vs cacheo (art. 20)

ConceptoIdentificación (art. 16)Registro corporal externo o cacheo (art. 20)
PresupuestoIndicios de comisión de infracción; necesidad razonable de prevenir delitoIndicios racionales de hallazgo de instrumentos
LugarVía pública o lugar donde se hubiese hecho el requerimiento (art. 16.1); dependencias policiales más próximas con medios adecuados, sólo si no es posible la identificación por ningún medio o la persona se niega, para impedir un delito o sancionar una infracción (art. 16.2)Cualquiera; si exige dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, lugar reservado y fuera de la vista de terceros, salvo urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes (art. 20.2.b)
Tiempo máximo en dependencias6 horasNo aplica: el art. 20 no prevé traslado ni fija tiempo; rige la injerencia mínima (art. 20.3)
AgenteSin restricciónDel mismo sexo (salvo urgencia)
Posibilidad de coacciónNo la prevé: si no es posible la identificación o la persona se niega, los agentes, para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, pueden requerirle que les acompañe a las dependencias policiales más próximas (art. 16.2); la resistencia o negativa se rige por el CP, la LECrim y, en su caso, esta Ley (art. 16.5; la negativa a identificarse es infracción grave, art. 36.6)Sí, contra la voluntad del afectado, con las medidas de compulsión indispensables (art. 20.4)
Información al afectadoInmediata y comprensible (motivo y, en su caso, requerimiento)Inmediata y comprensible (razones)

Arts. 16, 20, 32, 34-40 LO 4/2015 + Arts. 26, 27, 32-37 Ley 5/2014

06Plazos y cifras clave

ConceptoPlazo o cifraArtículo
DNI: obligatorio a partir de14 añosArt. 9.1 LO 4/2015
Tiempo máximo en dependencias por identificación6 horasArt. 16.2 LO 4/2015
Ratificación de las medidas provisionales previas (seguridad privada)15 días como máximo; si no se incoa o el acuerdo de incoación no se pronuncia, quedan sin efectoArt. 55.2 Ley 5/2014
Duración máxima de las medidas provisionales previas (seguridad privada)6 mesesArt. 55.3 Ley 5/2014
Cancelación libro-registro de identificaciones3 añosArt. 16.3 LO 4/2015
Edad mínima de responsabilidad por infracciones LOPSC14 añosArt. 30.2 LO 4/2015
Multa por infracción leve100-600 €Art. 39.1 LO 4/2015
Multa por infracción grave601-30.000 €Art. 39.1 LO 4/2015
Multa por infracción muy grave30.001-600.000 €Art. 39.1 LO 4/2015
Grado mínimo muy grave30.001-220.000 €Art. 39.1 LO 4/2015
Grado medio muy grave220.001-410.000 €Art. 39.1 LO 4/2015
Grado máximo muy grave410.001-600.000 €Art. 39.1 LO 4/2015
Suspensión licencias muy grave (cap. IV)6 meses + 1 día hasta 2 añosArt. 39.2 LO 4/2015
Reincidencia suspensión licencias muy grave2 años + 1 día hasta 6 añosArt. 39.2 LO 4/2015
Reincidencia (agravante)Más de una infracción de la misma naturaleza en 2 años, declarada por resolución firme en vía administrativaArt. 33.2 LO 4/2015
Prescripción infracción leve / grave / muy grave6 meses / 1 año / 2 añosArt. 38.1 LO 4/2015
Prescripción sanción LOPSC (leve/grave/muy grave)1 año / 2 años / 3 añosArt. 40 LO 4/2015
Reanudación prescripción si expediente paralizadoMás de 1 mesArt. 38.3 LO 4/2015
Ratificación de las medidas provisionales adoptadas por los agentes antes del procedimiento15 días, en el acuerdo de incoaciónArt. 47.2 LO 4/2015
Caducidad del procedimiento sancionador1 año desde la incoación sin notificar resoluciónArt. 50.1 LO 4/2015
Procedimiento abreviado (graves y leves; no muy graves)Pago voluntario en 15 días con reducción del 50 %Art. 54 LO 4/2015
Inicio del cumplimiento de la suspensión de licencias1 mes desde la firmeza en vía administrativaArt. 53.2 LO 4/2015
Pago de la multa no abonada15 días siguientes a la firmeza (después, apremio)Art. 53.3 LO 4/2015
Cancelación de oficio en el Registro Central de Infracciones (muy graves / graves / leves)3 años / 2 años / 1 año desde la firmezaArt. 43.3 LO 4/2015
Memoria anual de detectives privados al MIRAnual (no semestral)Art. 25.1.i Ley 5/2014
Antecedentes: no sancionado en SP por grave / muy grave2 años / 4 añosArt. 28.1.f Ley 5/2014
No separación FCS o FFAA en años previos2 añosArt. 28.1.g Ley 5/2014
No condena por intromisión al honor o intimidad u otro derecho fundamental5 añosArt. 28.1.h Ley 5/2014
Conservación de los informes de investigaciónAl menos 3 añosArt. 49.4 Ley 5/2014
Denuncia de la sustracción o extravío del DNITan pronto como sea posible (sin plazo numérico), a la comisaría o puesto de las FCS más próximoArt. 9.2 LO 4/2015
Denuncia de la sustracción o extravío del pasaporteDe manera inmediata, a las FCS o, en su caso, a la Representación Diplomática o Consular de EspañaArt. 11.4 LO 4/2015

Arts. 9, 11, 16, 30, 33, 38-40, 43, 47, 50, 53, 54 LO 4/2015 + Arts. 25, 28, 49, 55 Ley 5/2014

07Trampas frecuentes de examen

Patrones de trampa: cuando un examen la puso, la trampa lo dice; las que ningún examen ha puesto figuran como posibles. Estudia siempre el binomio literal BOE vs paráfrasis del examen.

  • Trampa: plazo de identificación de cuatro horas. El examen puso cuatro horas (2021-1A); otra trampa posible, ocho horas; el art. 16.2 LOPSC dice en ningún caso podrá superar las seis horas. Memorízalo en letra, no en cifra: seis.
  • Trampa: el volante de identificación. El art. 16.4 LOPSC exige que el volante acredite tres extremos: el tiempo de permanencia, la causa y la identidad de los agentes actuantes. En 2024-2A el distractor añadió la autoridad judicial competente; en 2026-A las opciones falsas daban sólo uno o dos de los tres.
  • Trampa: edad del DNI. El examen probó dieciséis años (2020-2A); otra trampa posible, dieciocho años; el art. 9.1 LOPSC dice catorce años. Idéntica edad mínima de responsabilidad por infracciones (art. 30.2).
  • Trampa: plazo para denunciar sustracción del DNI. El examen introdujo 48 horas (2022-Canarias-3A); otra trampa posible, 24 horas; el art. 9.2 LOPSC sólo exige hacerlo tan pronto como sea posible — sin plazo numérico.
  • Trampa: entrada en edificios oficiales sí requiere consentimiento. El examen afirma será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario; el art. 15.3 LOPSC dice expresamente NO será preciso. En un domicilio particular, la entrada y registro sólo cabe en los casos permitidos por la Constitución (consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito, art. 18.2 CE, o suspensión de la inviolabilidad, art. 55 CE; art. 15.1 LOPSC); además, según el art. 15.2 LOPSC, es causa legítima suficiente para la entrada (no el registro) en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad.
  • Trampa: controles en vías para sancionar infracciones. El art. 17.2 LOPSC permite controles en vías, lugares o establecimientos públicos para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, para el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su comisión y para la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas: los tres fines son correctos. En 2022-1A la opción falsa que había que señalar fue indicios de que las personas hayan podido participar en la comisión de una infracción, que es el supuesto de identificación del art. 16.1.a, no el del 17.
  • Trampa: ocupación permanente de armas. El art. 18.2 LOPSC permite la ocupación temporal de armas. El examen probó ocupación permanente (2023-1A); otro distractor posible, comiso definitivo; ambas son falsas.
  • Trampa: cacheo no puede practicarse contra la voluntad. El art. 20.4 LOPSC dice expresamente que SÍ podrá llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, con las medidas de compulsión indispensables. En 2022-2A el distractor afirmó lo contrario: no podrá llevarse a cabo contra la voluntad.
  • Trampa: la entrada en domicilio es medida extraordinaria. El art. 21 LOPSC enumera cuatro medidas tasadas: cierre o desalojo, prohibición del paso, evacuación, depósito de explosivos. El examen introduce la entrada y registro en domicilios como quinta medida — falso (ese supuesto se rige por el art. 15).
  • Trampa: disolución como primera medida. El examen presenta la disolución de manifestaciones como una de las primeras medidas; el art. 23.2 LOPSC dice la disolución constituirá el último recurso.
  • Trampa: disolución sin aviso como regla general. El art. 23.3 LOPSC sólo permite disolver sin previo aviso cuando se produzca alteración con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos. El examen introduce como falso en cualquier caso, cuando no esté autorizada la reunión.
  • Trampa: metales no preciosos quedan fuera del registro documental. El art. 25.1 LOPSC sujeta la compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no al registro. El examen prueba metales no preciosos están exentos — falso.
  • Trampa: la salvaguarda de la seguridad ciudadana, función de las FCS o del Gobierno. El art. 1.1 LOPSC dice que su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado. El examen puso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (2022-Canarias-3A) y el Gobierno, el Parlamento o el Ministerio del Interior (2023-1A).
  • Trampa: el CNI es órgano competente AGE. El art. 5.2 LOPSC enumera cinco letras (a-e) y el CNI no aparece. En 2020-1A era la respuesta a «cuál NO es autoridad»; en 2024-2A, los distractores fueron el Rey, la Ministra de Defensa y el Ministro de Justicia.
  • Trampa: órgano competente para muy graves máximo. El art. 32.1 LOPSC asigna Ministro del Interior a las muy graves en grado máximo. El examen pone al Secretario de Estado de Seguridad en máximo (es medio y mínimo) o al Subdelegado del Gobierno (que no sanciona: el art. 32.1 no lo nombra).
  • Trampa: drogas en lugar público son muy graves. El art. 36.16 LOPSC tipifica como grave el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares públicos. Distractores posibles: infracción muy grave o infracción leve.
  • Trampa: abandono de animales = infracción grave. El art. 37.16 LOPSC tipifica como leve dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, o abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida. El examen prueba infracción grave o infracción muy grave.
  • Trampa: prescripción sanción muy grave 4 años (LOPSC). El art. 40 LOPSC fija la sanción muy grave en 3 años. Distractor posible: cuatro años.
  • Trampa: detectives pueden investigar delitos de oficio. El art. 10.2 y 48.1.c Ley 5/2014 prohíben tajantemente investigar delitos perseguibles de oficio; sólo cabe delitos sólo perseguibles a instancia de parte. En 2021-1A era la afirmación falsa que había que señalar: los detectives podrán investigar delitos perseguibles de oficio.
  • Trampa: investigación en domicilios. El art. 48.3 Ley 5/2014 prohíbe en ningún caso investigar la vida íntima que transcurra en domicilios u otros lugares reservados. El examen propone se podrá investigar la vida íntima en domicilios u otros lugares reservados.
  • Trampa: memoria semestral de detectives. El art. 25.1.i Ley 5/2014 obliga a presentar una memoria anual de actividades del año precedente. El examen puso semestral (2024-2A); otra posible, trimestral.
  • Trampa: habilitación de detectives = DGGC. El art. 27.3 Ley 5/2014 establece que toda habilitación corresponde a la Dirección General de la Policía, EXCEPTO guardas rurales y especialidades (DGGC). El examen prueba la habilitación de los detectives corresponde a la DGGC; falso.
  • Trampa: especialidades intercambiadas. El art. 26 Ley 5/2014 atribuye explícitamente vigilante de explosivos como especialidad del vigilante de seguridad, y guarda de caza + guardapesca marítimo como especialidades del guarda rural. En 2022-1A, falsas: escolta o guarda rural tras habilitarse como vigilante y vigilante de explosivos tras guarda rural; otro distractor posible, guarda de caza tras vigilante.
  • Trampa: guardas rurales no pueden vigilar instalaciones. El art. 34.1 Ley 5/2014 incluye instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se encuentren en las fincas. El examen afirma no podrán ejercer funciones en instalaciones agrícolas o comerciales — falso.
  • Trampa: especialidades del guarda rural con nombres inventados. El art. 34 Ley 5/2014 sólo conoce dos: los guardas de caza (fincas de caza en cuanto al régimen cinegético y espacios de pesca fluvial, art. 34.2) y los guardapescas marítimos (establecimientos de acuicultura y zonas marítimas con fines pesqueros, art. 34.3). El examen ofreció guardas forestales y vigilantes rurales (2022-1A) y vigilantes de pesca, guardas de pesca y vigilantes marítimos de pesca (2022-2A).
  • Trampa: jefe de seguridad sin obligación. El art. 35.2 Ley 5/2014 exige jefe de seguridad cuando la empresa desarrolle todas o algunas de las actividades de los párrafos a) a e) del art. 5.1. En 2020-1A el distractor tomó las actividades f) (instalación) y g) (centrales); otra posible, la h) (investigación): todas falsas.
  • Trampa: actividades de seguridad privada presentadas como excluidas. Quedan fuera de la Ley 5/2014 las del art. 6 (entre ellas, la fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de elementos o productos de seguridad y de cerrajería de seguridad y, salvo que impliquen funciones de seguridad privada, el control del estado de calderas e instalaciones). El examen pide señalarlas entre actividades del art. 5.1, que sí están dentro: la vigilancia de bienes, la instalación de sistemas conectados a centrales y la investigación privada (2020-1A), o la explotación de centrales, la monitorización de señales y la protección de personas (2023-1A).
  • Trampa: pasaporte y patria potestad. El art. 11.3 LOPSC condiciona la obtención al consentimiento expreso de las personas u órgano que tenga encomendado su ejercicio, o, en su defecto, del órgano judicial. El examen reduce la frase a consentimiento expreso del órgano judicial, suprimiendo el orden subsidiario.
  • Trampa: comiso alcanza todos los bienes del infractor. El art. 39.2.b LOPSC limita el comiso a los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción y, en su caso, a los efectos procedentes de ésta; deja a salvo los de un tercero de buena fe no responsable de la infracción que los haya adquirido legalmente. El examen propone comiso de todos los bienes propiedad de quien haya ejecutado la infracción.
  • Trampa: principios omitidos. El art. 30 Ley 5/2014 enumera ocho principios: legalidad, integridad, dignidad, corrección, congruencia, proporcionalidad, reserva profesional y colaboración con FCS. Distractores posibles: eficacia, jerarquía u obediencia debida, ninguna está en el art. 30 Ley 5/2014: la eficacia es principio del art. 4.1 LO 4/2015; la jerarquía y subordinación lo es del art. 5.1.d LO 2/1986, y ese mismo precepto limita la obediencia debida, que en ningún caso ampara órdenes que entrañen actos manifiestamente delictivos o contrarios a la Constitución o a las Leyes.
  • Trampa: protección jurídica del personal SP sin matiz. El art. 31 Ley 5/2014 reconoce la protección como agente de la autoridad sólo cuando el personal, debidamente identificado, actúe en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Distractores posibles: en todo caso o aunque no estén bajo el mando de FCS.
  • Trampa: medidas provisionales de seguridad privada. El art. 55.2 Ley 5/2014 fija para su ratificación, modificación o revocación el plazo máximo de quince días, y el art. 55.3 limita su duración a seis meses. El examen puso dos meses para ratificar y tres meses de duración (2022-Canarias-3A), y un mes para ratificar (2024-3A, pregunta de reserva).

Arts. 1, 5, 9, 11, 15-18, 20, 21, 23, 25, 30, 32, 36, 37, 39, 40 LO 4/2015 + Arts. 5, 6, 10, 25-27, 30, 31, 34, 35, 48, 55 Ley 5/2014

08Reglas mnemotécnicas

  • Cuatro medidas extraordinarias del art. 21 (CIDE): Cierre o desalojo · Inmuebles evacuados · Depósito de explosivos · El paso prohibido. Si la opción no encaja en CIDE, sospecha; la entrada en domicilio (art. 15) no es CIDE.
  • Catorce años, doble llave: 14 abre dos puertas en este tema: edad desde la que el DNI es obligatorio (art. 9.1) y edad mínima para ser responsable de infracción LOPSC (art. 30.2). Si en la opción aparece 16 o 18, descártala.
  • «6-1-2 prescriben»: las infracciones LOPSC prescriben a los 6 meses (leves), 1 año (graves) y 2 años (muy graves) (art. 38.1). Las sanciones, en cambio, suben un escalón: 1-2-3 (art. 40.1).
  • «Cada horquilla empieza un euro después del techo anterior»: leves 100-600; graves 601-30.000; muy graves 30.001-600.000 (art. 39.1). Los techos son 600, 30.000 y 600.000: si una opción rompe la cadena 600/601 o 30.000/30.001, es trampa.
  • DGP vs DGGC: «rural es Civil». Habilita la Dirección General de la Policía a TODOS los profesionales de SP, EXCEPTO los Rurales (rural → guardia Rural → Guardia Civil). La regla aplica también a guardas de caza y guardapescas marítimos (son especialidades del guarda rural).
  • «Las seis del 26»: el art. 26.1 enumera seis profesiones: Vigilantes, Escoltas, Guardas rurales, Jefes, Directores, Detectives → V-E-G-J-D-D. Las especialidades penden de la profesión matriz: vigilante → vigilante de explosivos; guarda rural → guarda de caza + guardapesca marítimo.
  • Sanción competente (escalera AGE): Ministro → SES → Delegado; y, en lo municipal, el Alcalde (art. 32.3). En LOPSC: Ministro corona los grados máximos de muy graves; SES los demás muy graves; Delegado se queda con graves y leves.
  • Drogas en público = «G de Grave» (36.16): no es muy grave ni leve, sino grave. Asociación: art. 36 → Grave.

Síntesis mnemónica de los datos del tema

09Conexiones entre temas

  • → Tema 4 (Derecho Constitucional): Art. 17 CE (libertad y detención) y art. 18 CE (inviolabilidad de domicilio) son la cobertura constitucional de los arts. 15-21 LOPSC. El art. 104 CE configura las FCS; el art. 149.1.29.ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública, fundamento de la LOPSC y la Ley 5/2014. Pregunta cruzada posible: ¿qué derechos constitucionales protege el art. 20.3 LOPSC al regular el cacheo? → la intimidad (art. 18.1 CE) y la dignidad (art. 10.1 CE): el registro debe causar el menor perjuicio a ambas.
  • → Tema 8 (Código Penal): El art. 45 LOPSC consagra la subsidiariedad respecto del orden penal — si los hechos pudieran ser delito, la Administración pasa el tanto de culpa a la autoridad judicial o al MF y suspende el procedimiento. La frontera más confusa: drogas en lugar público (grave, art. 36.16 LOPSC) vs tráfico de drogas (delito, arts. 368 ss. CP). También: faltas de respeto a agente (leve, art. 37.4 LOPSC) vs atentado o resistencia (delito, arts. 550 ss. CP).
  • → Tema 9 (LECrim): La identificación del art. 16 LOPSC (máx. 6 horas) NO es detención — no aplica el art. 520 LECrim. Si la identificación deriva en detención, el plazo cambia: máx. 72 horas (art. 17 CE, art. 520 LECrim). Distingue la «diligencia de identificación» (LOPSC) de la «detención preventiva» (LECrim).
  • → Tema 10 (Derecho Administrativo): Las Leyes 39/2015 y 40/2015 son supletorias del procedimiento sancionador de la LOPSC (su art. 44 remite, en su letra, al título IX de la Ley 30/1992). Un procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio (art. 63.1 Ley 39/2015): si vence el plazo sin resolución no hay silencio del art. 24, sino caducidad (art. 25.1.b Ley 39/2015; un año desde la incoación, art. 50.1 LOPSC). La nulidad y la anulabilidad de los arts. 47-48 Ley 39/2015 sí se aplican a las resoluciones sancionadoras. Recursos: arts. 112-114 Ley 39/2015.
  • → Tema 11 (LOPDGDD): El uso de videocámaras (art. 22 LOPSC) y los servicios de videovigilancia (art. 42 Ley 5/2014) están sujetos a la normativa de protección de datos. El detective privado tiene un deber de reserva reforzado (art. 50 Ley 5/2014) compatible con el régimen de bases jurídicas del tratamiento (RGPD art. 6).
  • → Tema 12 (Extranjería): El art. 13 LOPSC obliga a los extranjeros a conservar y portar su documentación de origen y la que acredite su situación regular en España (régimen de documentación de la LO 4/2000, T12). La vigilancia y protección perimetral de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) se prestará con armas de fuego cuando por sus características y circunstancias lo requieran (art. 40.1.d Ley 5/2014).
  • → Tema 15 (FCSE y Guardia Civil): El art. 4 LOPSC y el art. 5 LO 2/1986 (principios básicos de actuación de FCS) se enlazan: el art. 4.2 LOPSC somete a las FCS a los principios del art. 5 LO 2/1986. La LO 2/1986 art. 11 fija las funciones de las FCSE; el art. 12 distribuye competencias materiales entre CNP y GC. Cruce: el régimen de armas y explosivos (art. 28 LOPSC) es competencia material de la Guardia Civil (LO 2/1986 art. 12.1.B.a; la intervención de armas la ejerce el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Guardia Civil, art. 28.2 LOPSC).
  • → Tema 20 (Menores): El art. 30.2 LOPSC exime a los menores de 14 años (la edad coincide con la frontera de la LO 5/2000 — los 14-17 años son responsables conforme a la Ley del Menor; los menores de 14 quedan fuera tanto del CP como de la LOPSC).
  • → Tema 22 (Reglamento de Armas): El art. 28 LOPSC atribuye al Gobierno la regulación de las armas, los explosivos, la cartuchería y los artículos pirotécnicos (desarrollada, entre otros, por el Reglamento de Armas, RD 137/1993, y el Reglamento de Explosivos, RD 130/2017) y al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, su intervención (art. 28.2). Las sanciones accesorias del art. 39.2 LOPSC (retirada de armas y licencias, letra a; suspensión de licencias, letra c) operan sobre ese régimen.

LO 4/2015 y Ley 5/2014 (conexiones con otros temas)

10Ejemplos prácticos (no anclados)

Los siguientes ejemplos prácticos ilustran conceptos del tema cuyo artículo concreto no aparece en el esquema completo (referencias tema-amplias, comparaciones de varias normas).

Hombre adulto consultando documentos en una sala de espera de un edificio administrativo público, con personal al fondo desenfocado.
EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 11.2 LO 4/2015
Renovar el pasaporte tras una condena ya cumplida

Carlos, de 35 años, lleva semanas planificando un viaje familiar a Túnez. Cuando intenta renovar el pasaporte en línea, recuerda que hace seis años cumplió íntegramente una pena de prisión de ocho meses por un delito menos grave. La condena consta en su hoja de antecedentes, pero los técnicos de la oficina le confirman que la pena fue extinguida formalmente. Aun así, Carlos llega a la cita preocupado: ha leído en un foro que «con antecedentes no expiden pasaporte» y teme que le denieguen el documento.

Cuando el examen pregunta por el art. 11.2.a), la trampa de 2024-1A fue «cualquier medida de seguridad»; otra posible, «tener antecedentes penales». La pista: «privativas de libertad, mientras no se hayan extinguido».

El art. 11.2 LO 4/2015 sólo permite exceptuar el derecho al pasaporte en cuatro supuestos; el de la letra a) es la condena a penas o medidas de seguridad privativas de libertad, mientras no se hayan extinguido, salvo autorización judicial. La pena de Carlos está extinguida: el antecedente no impide expedirle el pasaporte.

Andén de estación de cercanías con varios viajeros caminando hacia las salidas durante una evacuación, con una figura de servicio al fondo.
EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 21 LO 4/2015
Evacuación de una estación por fuga de gas

Lucía está esperando su tren de cercanías en una estación céntrica cuando varios agentes irrumpen en el andén y ordenan, en voz alta, salir inmediatamente por la puerta sur. No hay megafonía oficial ni señalización: solo la instrucción verbal repetida. Lucía descubre minutos después que el equipo de mantenimiento ha detectado una fuga de gas en una conducción contigua al recinto y que la decisión se ha tomado en cuestión de segundos.

Una compañera de viaje protesta porque «sin resolución escrita no pueden obligarla a salir». Lucía duda si la orden tiene cobertura legal.

Cuando el examen pregunta por el art. 21, lo decisivo es quién puede adoptar la medida: la autoridad competente y también los agentes «si la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible, incluso mediante órdenes verbales».

El art. 21 LO 4/2015 autoriza el desalojo o la evacuación como medidas de seguridad extraordinarias, en situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y durante el tiempo estrictamente necesario. Si la urgencia lo exige, los agentes pueden adoptarlas incluso con órdenes verbales, sin necesidad de resolución previa.

Manifestación pacífica de barrio con adultos portando pancartas en una avenida urbana al atardecer.
EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 23.3 LO 4/2015
Una manifestación pacífica que se descontrola

Javier participa en una manifestación vecinal, comunicada previamente a la Delegación del Gobierno, contra la subida del precio del agua. La marcha discurre pacíficamente por una avenida del centro durante una hora. Al pasar frente al consistorio, un grupo reducido y encapuchado se incorpora desde un callejón con barras de hierro y comienza a romper escaparates de los negocios cercanos.

Casi de inmediato, los antidisturbios anuncian por megafonía la disolución de la concentración y proceden sin esperar más respuesta. Javier, que llevaba una pancarta, se siente injustamente afectado: cree que la disolución debería haberles dado tiempo a abandonar el lugar.

Cuando el examen pregunta por el art. 23, el distractor de 2022-2A fue «la disolución siempre exige aviso previo»; la pista de origen es el inciso final del art. 23.3: si hay armas, artefactos explosivos u objetos contundentes, no.

El art. 23.3 LO 4/2015 obliga a las FFCCS a avisar previamente antes de disolver una manifestación, salvo que se produzca una alteración con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos: entonces actúan sin previo aviso.

Art. 11.2 LO 4/2015; Art. 21 LO 4/2015; Art. 23.3 LO 4/2015

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye el resumen del tema 13 de Guardia Civil?

Esta página recoge el resumen completo del tema 13 (Seguridad Pública y Seguridad Privada, LO 4/2015 + Ley 5/2014): visión general del tema, esquema completo, tablas comparativas, plazos y cifras clave, trampas frecuentes de examen, reglas mnemotécnicas y conexiones entre temas, con 6 ejemplos prácticos ilustrados. Puedes leerlo aquí entero o descargarlo en PDF.

¿Hay que registrarse para leer o descargar el resumen?

No. Esta página y el PDF están en abierto. La suscripción da acceso a todas las preguntas tipo test con su explicación, a todos los simulacros con tu nota calculada, a todas las fichas con repetición espaciada y al plan diario completo.

¿El resumen del tema 13 está actualizado?

Sí. El texto se verificó conforme al BOE el 16/11/2026. Un comprobador automático revisa a diario si alguna ley del temario ha cambiado, y cuando cambia regeneramos el tema entero.

¿Qué son las trampas de examen?

Errores que los exámenes oficiales usan una y otra vez: un plazo cambiado, un «podrá» donde la ley dice «deberá», una mayoría simple donde la ley exige absoluta. En el resumen del tema 13 aparecen con la formulación falsa y, al lado, lo que dice de verdad la norma.