Resumen del Tema 12 de Guardia Civil: Extranjería. Inmigración

Cubre la LO 4/2000 de extranjería y el RD 240/2007 del régimen UE: visados, residencia, expulsión, menores no acompañados e internamiento en CIE.

Actualizado el 16/11/2026

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    Lee el resumen entero. Una primera pasada sin subrayar, solo para ver de qué va y cómo encaja todo.

  2. 2

    Relee fijándote en las partes subrayadas. Fíjate en las trampas, los plazos y los artículos estrella: son los que más se repiten en el examen.

  3. 3

    Ponte a prueba. Cierra el resumen e intenta recordarlo. Lo que recuerdes sin mirar es lo que de verdad sabes; si hay algo que te cuesta recordar, repásalo de nuevo.

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    Utiliza repetición espaciada. Vuelve al tema a los pocos días y otra vez en una semana. Repasar conceptos antes de olvidarlos ayuda a fijarlos en la memoria. En Opositu, las fichas de estudio aplican la repetición espaciada por ti.

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01Visión general del tema

El tema cubre dos pilares normativos paralelos: la LO 4/2000 (Título Preliminar y Títulos I-IV, arts. 1-72, más disposiciones adicionales) sobre extranjeros de terceros países, y el RD 240/2007 sobre ciudadanos de la UE/EEE y sus familiares.

Peso en examen

Cada examen desde 2020 trae entre 2 y 4 preguntas del tema, de sus 100 de conocimientos: 42 en total. Catorce son del Título II de la LO 4/2000 (entrada y visados, estancia y residencia, trabajo) y catorce del RD 240/2007, que no cayó de 2020 a 2022 y desde 2023 cae en todos los exámenes. El régimen sancionador (Título III) suma siete, ninguna en 2023 ni en 2026; el Título I, cuatro; el Título IV, dos, y la D.A. 1.ª, una.

Artículos estrella

Los preguntados en tres convocatorias o más: LO 4/2000 arts. 25 bis (tipos de visado: 2020, 2021, 2022 y 2026) y 53 (infracciones graves: 2020, 2022, 2024 y 2025), y RD 240/2007 art. 15 (orden público, seguridad y salud pública: 2023, 2024, 2025 y 2026). En dos convocatorias: LO 4/2000 arts. 19, 31, 35 y 41, y RD 240/2007 art. 8.

Qué pesa más

Los tipos de visado (art. 25 bis: cinco preguntas desde 2020), la clasificación leve/grave/muy grave (arts. 52-54: cinco, cuatro del art. 53), las medidas por orden público, seguridad y salud pública (art. 15 RD: cuatro), la expedición, validez y caducidad de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión (arts. 8.4, 8.5 y 14.3 RD), el órgano que resuelve la expulsión (art. 18.1 RD: Subdelegados o Delegados del Gobierno) y el informe preceptivo de la Abogacía del Estado (art. 16.1 RD).

LO 4/2000 y RD 240/2007

02Diagrama: régimen sancionador de la LO 4/2000

El régimen sancionador (arts. 50-66 LO 4/2000) suma siete preguntas desde 2020: cinco sobre la clase de una infracción (arts. 52-53), una sobre la prescripción (art. 56) y una sobre la prohibición de entrada tras la expulsión (art. 58.2). El flujo encadena la calificación de la infracción con la elección del procedimiento (preferente o ordinario) y la posible medida cautelar de internamiento en establecimientos públicos de carácter no penitenciario.

Figura 1 — Procedimiento sancionador (arts. 50-66 LO 4/2000)
Figura 1 — Procedimiento sancionador (arts. 50-66 LO 4/2000)

Arts. 50-66 LO 4/2000

03Diagrama: la expulsión en los dos regímenes

La expulsión enlaza las dos estrellas de régimen distinto: las infracciones graves del art. 53 LO 4/2000 y las medidas por orden público, seguridad y salud del art. 15 RD 240/2007. Cinco de esas graves (53.1.a-d y f) permiten, como las muy graves, expulsar en lugar de multar (art. 57.1); las medidas del RD exigen motivos más graves cuanto más arraigado está el ciudadano de la Unión.

Figura 2 — Expulsión: LO 4/2000 y RD 240/2007 (art. 57 LO; art. 15 RD)
Figura 2 — Expulsión: LO 4/2000 y RD 240/2007 (art. 57 LO; art. 15 RD)

Art. 57 LO 4/2000 + art. 15 RD 240/2007

04Esquema completo

1. LO 4/2000 — Título Preliminar (arts. 1-2 ter)

  • Art. 1 LO 4/2000 — Delimitación del ámbito. Son extranjeros los que carezcan de la nacionalidad española (art. 1.1). La ley se aplica sin perjuicio de las leyes especiales y de los tratados internacionales en que España sea parte (art. 1.2). Los nacionales de Estados miembros de la UE y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se rigen por las normas que lo regulan, aplicándose la LO 4/2000 sólo en lo más favorable (art. 1.3).
  • Art. 2 LO 4/2000 — Quedan EXCLUIDOS del ámbito: (a) los agentes diplomáticos y funcionarios consulares acreditados en España y los demás miembros de las misiones diplomáticas y oficinas consulares y sus familiares que, por el Derecho internacional, estén exentos de inscribirse como extranjeros y de obtener autorización de residencia; (b) los representantes, delegados y miembros de Misiones o Delegaciones ante Organismos intergubernamentales con sede en España o en Conferencias internacionales celebradas en España, y sus familiares; (c) los funcionarios destinados en Organizaciones internacionales o intergubernamentales con sede en España, y sus familiares, a quienes los Tratados eximan de esas obligaciones.
  • Arts. 2 bis y 2 ter — Política inmigratoria (competencia del Gobierno conforme al art. 149.1.2.ª CE, sin perjuicio de las competencias que puedan asumir las CCAA y las Entidades Locales). Principios de todas las AAPP (2 bis.2): coordinación con las políticas de la UE; ordenación de los flujos laborales según la situación nacional de empleo; integración social con políticas transversales; igualdad efectiva entre mujeres y hombres; no discriminación; garantía de los derechos que la Constitución, los tratados y las leyes reconocen a todas las personas; lucha contra la inmigración irregular y el tráfico ilícito de personas; persecución de la trata de seres humanos; igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social; diálogo y colaboración con los países de origen y tránsito. Integración (2 ter): plena integración de los extranjeros, objetivo transversal de todas las políticas y servicios públicos en condiciones de igualdad de trato, con acciones formativas en los valores constitucionales, un plan estratégico plurianual y un fondo estatal.

2. Título I — Derechos y libertades de los extranjeros (arts. 3-24)

Capítulo I — Derechos y libertades (arts. 3-15):

  • Art. 3 LO 4/2000 — Los extranjeros gozan en España de los derechos y libertades del Título I CE en los términos de los Tratados internacionales, de esta Ley y de las que regulen el ejercicio de cada uno; como criterio interpretativo general, ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles. Interpretación conforme a la DUDH y tratados internacionales.
  • Art. 4 LO 4/2000 — Derecho a la documentación. Los extranjeros con visado o autorización superior a seis meses obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero (TIE), que deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su entrada o desde la concesión; quedan exceptuados los titulares de un visado de residencia y trabajo de temporada. No podrán ser privados de su documentación salvo en los supuestos legales.
  • Art. 5 — Libertad de circulación y de elección de residencia de los extranjeros que se hallen en España conforme al Título II, sin más límites que los generales de tratados y leyes o los judiciales; medidas limitativas específicas en estado de excepción o sitio o, excepcionalmente, por seguridad pública, individualizadas, motivadas y proporcionadas a las circunstancias de cada caso, por resolución del Ministro del Interior (presentación periódica, alejamiento de fronteras o núcleos).
  • Art. 6 — Participación pública. Los residentes podrán ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales, en los términos de la CE, tratados y ley (6.1) y, empadronados en un municipio, tienen los derechos de la legislación de bases de régimen local (6.2).
  • Arts. 7-8 — Libertades de reunión, manifestación y asociación en las mismas condiciones que los españoles.
  • Art. 9 LO 4/2000 — Derecho a la educación. Los menores de dieciséis años tienen derecho y deber a la educación básica, gratuita y obligatoria. Los menores de dieciocho años tienen derecho a la enseñanza posobligatoria.
  • Art. 10 — Derecho al trabajo y a la Seguridad Social para residentes que cumplan los requisitos. Acceso al empleo público en los términos del TREBEP.
  • Art. 11 — Sindicación y huelga en igualdad con los trabajadores españoles.
  • Art. 12 — Asistencia sanitaria en los términos de la legislación sanitaria.
  • Art. 13 — Los residentes acceden a las ayudas públicas en materia de vivienda en los términos legales; los residentes de larga duración en las mismas condiciones que los españoles.
  • Art. 14 — Los residentes acceden a la Seguridad Social y a los servicios sociales en las mismas condiciones que los españoles; los servicios y prestaciones sociales básicas, todos los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa.
  • Art. 15 — Sujeción, con carácter general, a los mismos impuestos que los españoles, sin perjuicio de los acuerdos sobre doble imposición; derecho a transferir ingresos y ahorros conforme a la legislación.
  • Abogada explicando un documento a su cliente, un hombre sentado de espaldas, en un despacho con archivadores y un cuadro al fondo.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 15 RD 240/2007
    Trece años en España y un expediente abierto

    Vasile, ciudadano rumano, lleva trece años residiendo en Pamplona, donde tiene esposa española y trabajo estable. Tras una condena patrimonial firme, la Delegación del Gobierno en Navarra valora iniciar un expediente que pueda terminar en su expulsión. Su abogada le explica que el largo tramo de años residido le otorga una protección reforzada frente a la expulsión: ya no basta con cualquier amenaza al orden público para justificarla.

    Cuando el examen pregunta por art. 15.6.a, el distractor de 2023-1A y 2025-A sustituye los diez años por «cinco años»; los cinco años son la cota de residencia permanente del art. 10, no la de los motivos imperiosos.

    El art. 15.6.a RD 240/2007 establece que no podrá expulsarse al ciudadano de la UE o del EEE que hubiera residido en España durante los diez años anteriores, salvo si existen motivos imperiosos de seguridad pública.

Capítulo II — Reagrupación familiar (arts. 16-19):

  • Art. 16 — Derecho a la intimidad familiar. Los residentes pueden reagrupar a los familiares del art. 17. El cónyuge que adquirió residencia por causa familiar conserva la residencia aunque se rompa el vínculo matrimonial.
  • Art. 17 LO 4/2000 — Familiares reagrupables. Son reagrupables: (a) el cónyuge del residente, siempre que no esté separado de hecho o de derecho y el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley; EN NINGÚN CASO podrá reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal admita la poligamia; (b) los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, menores de dieciocho años o con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud (si son hijos de uno solo de los cónyuges, además, que este ejerza en solitario la patria potestad o tenga su custodia y estén efectivamente a su cargo); (c) los menores de dieciocho años, y los mayores que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, cuando el residente sea su representante legal y el acto jurídico del que surge la representación no sea contrario a los principios del ordenamiento español; (d) los ascendientes en primer grado del reagrupante y del cónyuge cuando estén a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España; excepcionalmente, por razones humanitarias, el ascendiente menor de sesenta y cinco años, si se cumplen las demás condiciones de la Ley. La relación de afectividad análoga a la conyugal, debidamente acreditada y que reúna los requisitos necesarios para producir efectos en España, se equipara al cónyuge.
  • Art. 18 — Requisitos: renovación previa de la autorización inicial (salvo ascendientes, que requieren residencia de larga duración del reagrupante; la reagrupación de los familiares de residentes de larga duración, de titulares de la tarjeta azul UE y de beneficiarios del régimen especial de investigadores puede solicitarse y concederse a la vez que la residencia del reagrupante); vivienda adecuada y medios económicos suficientes (no computan los del sistema de asistencia social).
  • Art. 18 bis — Procedimiento: solicitud de autorización de residencia por reagrupación; puede solicitarse simultáneamente la renovación.
  • Art. 19 LO 4/2000 — Efectos en circunstancias especiales. La autorización por reagrupación del cónyuge e hijos, al alcanzar la edad laboral, habilitará para trabajar sin necesidad de ningún otro trámite administrativo. El cónyuge reagrupado podrá obtener autorización de residencia independiente cuando disponga de medios económicos suficientes; si fuera víctima de violencia de género, sin necesidad de esos medios, podrá obtener la autorización de residencia y trabajo independiente desde que se dicte a su favor una orden de protección o, en su defecto, un informe del Ministerio Fiscal que indique indicios de violencia de género (19.2). Los hijos reagrupados podrán obtener autorización de residencia independiente cuando alcancen la mayoría de edad y dispongan de medios económicos suficientes (19.3). Por muerte del reagrupante, los familiares reagrupados podrán obtener autorización de residencia independiente en las condiciones que se determinen (19.5).

Capítulo III — Garantías jurídicas (arts. 20-22):

  • Art. 20 — Tutela judicial efectiva; respeto a las garantías del procedimiento administrativo general, salvo lo dispuesto en el art. 27 (visados); las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes, expresamente designadas por estos, pueden intervenir como interesadas.
  • Art. 21 — Recurso administrativo conforme a las leyes; ejecutividad general salvo en expedientes de expulsión preferente.
  • Art. 22 — Asistencia jurídica gratuita en los mismos términos que los españoles; derecho a asistencia letrada e intérprete en procedimientos de denegación de entrada, devolución o expulsión y en protección internacional.

Capítulo IV — Medidas antidiscriminatorias (arts. 23-24):

  • Art. 23 LO 4/2000 — Actos discriminatorios. Representa discriminación todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por raza, religión, etnia o nacionalidad.
  • Art. 24 — La tutela judicial contra cualquier práctica discriminatoria que comporte vulneración de derechos y libertades fundamentales podrá exigirse por el procedimiento del art. 53.2 CE.

3. Título II — Régimen jurídico (arts. 25-49)

Capítulo I — Entrada y salida (arts. 25-28):

  • Art. 25 LO 4/2000 — Entrada por puestos habilitados, con pasaporte o documento de viaje válido, sin prohibiciones expresas y con los documentos que justifiquen el objeto y condiciones de la estancia; visado salvo lo que dispongan los convenios internacionales suscritos por España o la normativa de la UE, o si porta TIE o, excepcionalmente, autorización de regreso; medios de vida suficientes o estar en condiciones de obtenerlos legalmente.
  • Cuadrilla de jornaleros recogiendo fruta en una finca rural andaluza durante el atardecer.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 25 bis LO 4/2000
    Una campaña de recolección con visado de temporada

    Lucía coordina la contratación de jornaleros extranjeros para una empresa frutícola de Huelva. Cada campaña incorpora a unos treinta trabajadores marroquíes que pasan ocho meses en la finca durante la temporada de recolección. La gestoría le insiste en tramitar el visado de residencia y trabajo de temporada, no un visado de estancia turística, para que la duración del trabajo encaje con el habilitado por la norma sin riesgo de quedarse corto.

    Cuando el examen pregunta por art. 25 bis.2.e, el distractor de 2022-1A fue «seis meses»; la cota correcta es nueve meses en doce consecutivos, no por año natural ni por campaña agrícola.

    El art. 25 bis.2.e LO 4/2000 establece que el visado de residencia y trabajo de temporada habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un período de doce meses consecutivos.

  • Art. 25 bis LO 4/2000 — Tipos de visado. Siete clases: (a) visado de tránsito, que habilita a transitar por la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español o atravesar el territorio; (b) visado de estancia, para estancia ininterrumpida o estancias sucesivas no superior a tres meses por semestre; (c) visado de residencia, sin ejercer actividad laboral o profesional; (d) visado de residencia y trabajo, por un período máximo de tres meses y para el comienzo, en ese plazo, de la actividad — el alta en Seguridad Social dota de eficacia a la autorización; (e) visado de residencia y trabajo de temporada, hasta nueve meses en un período de doce meses consecutivos; (f) visado de estudios, para cursos, estudios, trabajos de investigación o formación, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado, no remunerados laboralmente; (g) visado de investigación, con convenio de acogida.
  • Art. 26 — Prohibición de entrada: extranjeros expulsados durante la prohibición, o con prohibición legal o por convenios. Denegación motivada con información de recursos, plazo, asistencia letrada e intérprete.
  • Art. 27 — Expedición del visado por Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares. Denegación motivada para residencia (reagrupación o trabajo por cuenta ajena), estancia y tránsito.
  • Art. 28 — Salida libre salvo Código Penal y esta Ley. Salida obligatoria: expulsión judicial, expulsión/devolución administrativa, denegación de permanencia o falta de autorización para encontrarse en España, retorno voluntario.

Capítulo II — Estancia y residencia (arts. 29-35 quinquies):

  • Art. 29 — Estancia o residencia. Acreditación: pasaporte o documento de viaje, visado o TIE.
  • Art. 30 LO 4/2000 — Situación de estancia. Permanencia por período no superior a noventa días, sin perjuicio del régimen de estudios (art. 33). Tras ese tiempo, prórroga o autorización de residencia; con visado de menos de tres meses, la estancia prorrogada no supera tres meses por semestre.
  • Art. 30 bis — Residentes: titulares de autorización para residir, en residencia temporal o de larga duración.
  • Art. 31 LO 4/2000 — Residencia temporal. Autoriza a permanecer en España por período superior a noventa días e inferior a cinco años; las autorizaciones de duración inferior pueden renovarse. Sin trabajo: medios suficientes para sí y la familia. Con trabajo: arts. 36 y ss. Residencia temporal por arraigo, razones humanitarias, colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales (no exige visado). Sin antecedentes penales ni figurar como rechazable en convenios. Obligación de comunicar cambios de nacionalidad, estado civil y domicilio.
  • Mujer profesional asesorando a una clienta al otro lado de su escritorio con varios formularios entre ambos.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 31 LO 4/2000
    La doble cota de la residencia temporal

    Patricia, gestora de una asesoría laboral en Sevilla, recibe a una clienta colombiana a la que acaban de conceder su primera autorización de residencia temporal por arraigo social. La interesada quiere saber qué límites marca la ley a la residencia temporal antes de poder pasar a otro régimen. Patricia consulta el artículo y le indica la doble cota que la ley marca para esta situación administrativa.

    Cuando el examen pregunta por art. 31.1, los distractores de 2024-1A desplazan una de las dos cotas, o ambas, a «30 días» o «hasta seis años»; la cota correcta es superior a 90 días e inferior a cinco años.

    El art. 31.1 LO 4/2000 define la residencia temporal como la situación que autoriza a permanecer en España por un período superior a 90 días e inferior a cinco años, renovable a petición del interesado; la duración concreta de la autorización inicial y de sus renovaciones la fija el reglamento.

  • Art. 31 bis — Mujeres extranjeras víctimas de violencia de género o sexual: no se incoa expediente sancionador por estancia irregular (53.1.a) al denunciar; autorización provisional desde la orden de protección o informe MF.
  • Art. 32 LO 4/2000 — Residencia de larga duración. Situación que autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles. Requisito: cinco años de residencia temporal continuada (computan periodos en otros Estados como titular de la tarjeta azul UE). Extinción (art. 32.5): fraude; orden de expulsión; ausencia de la UE durante doce meses consecutivos; adquisición LD en otro Estado miembro; si la obtuvo quien tenía protección internacional reconocida por otro Estado miembro, el cese o la revocación de esa protección por las autoridades de dicho Estado.
  • Art. 33 — Estancia por estudios, investigación o formación, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o voluntariado. Vigencia: la del curso, la investigación, el intercambio, las prácticas o el voluntariado (en estudios superiores de más de un curso académico, la duración oficial de los estudios); prórrogas con el límite de un año en cada una, si el titular sigue reuniendo las condiciones.
  • Art. 34 — Residencia de apátridas (Convención de Nueva York 1954), indocumentados y refugiados (Convención de Ginebra 1951); la condición de refugiado supone su no devolución ni expulsión (34.3).
  • Art. 35 LO 4/2000 — Menores no acompañados. Cuando los FCSE localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda establecerse con seguridad, se le dará atención inmediata y se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad. Determinada la edad, si es menor, el MF lo pondrá a disposición de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma. La residencia de los menores tutelados por Administración Pública o resolución judicial se considera regular a todos los efectos. A los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años se les reconoce capacidad para actuar en el procedimiento de repatriación.
  • Arts. 35 bis a 35 quinquies — Contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y adolescencia migrante no acompañada. Declaración cuando el sistema autonómico exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria; plazo máximo de traslado de quince días naturales.

Capítulo III — Trabajo (arts. 36-43):

  • Art. 36 — Autorización de residencia y trabajo para extranjeros mayores de dieciséis años; eficacia condicionada al alta en Seguridad Social. La carencia de autorización no invalida el contrato respecto a los derechos del trabajador, salvo prestación por desempleo.
  • Art. 37 — Trabajo por cuenta propia: autorización inicial limitada a un ámbito geográfico no superior al de una Comunidad Autónoma y a un sector. La autorización inicial de trabajo la concede la CCAA según las competencias asumidas en su Estatuto, en coordinación con el Estado, al que corresponde la residencia.
  • Art. 38 — Trabajo por cuenta ajena: tiene en cuenta la Situación Nacional de Empleo y el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura.
  • Arts. 38 bis y 38 ter — Derogados (régimen de investigadores y profesionales altamente cualificados desplazado a Ley 14/2013).
  • Art. 39 — Gestión colectiva de contrataciones en origen, previsión anual del Ministerio de Trabajo.
  • Art. 40 LO 4/2000 — Exención de la SNE. No se tiene en cuenta para: familiares reagrupados en edad laboral y los demás familiares del 40.1.a (cónyuge o hijo de residente con autorización renovada; hijo de español nacionalizado o de ciudadano UE/EEE con un año de residencia legal, si no se le aplica el régimen comunitario); renovaciones; trabajadores necesarios para el montaje por renovación de una instalación o equipos productivos; quienes fueron refugiados, durante el año siguiente a la cesación de la aplicación de la Convención de Ginebra por el supuesto 5 de la sección C de su art. 1; los reconocidos como apátridas y los que hubieran perdido la condición de apátridas el año siguiente a la terminación de dicho estatuto; extranjeros con ascendientes/descendientes españoles a cargo; nacidos y residentes en España; hijos/nietos de español de origen; menores tutelados en edad laboral con autorización de residencia, para actividades que favorezcan su integración, acreditada la imposibilidad de retorno; autorizados por circunstancias excepcionales en los supuestos reglamentarios y, en todo caso, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos; titulares de autorizaciones de temporada durante dos años naturales que hayan retornado a su país; quienes hayan renunciado a su autorización de residencia y trabajo en virtud de un programa de retorno voluntario. Tampoco, en las condiciones reglamentarias (40.2): puestos de confianza y directivos; profesionales altamente cualificados; trabajadores en plantilla de una empresa o grupo en otro país que pretendan trabajar para la misma empresa o grupo en España; artistas de reconocido prestigio.
  • Art. 41 LO 4/2000 — Excepciones a la autorización de trabajo. No es necesaria autorización para: (a) técnicos y científicos invitados o contratados por el Estado, las CCAA, los entes locales o los organismos de investigación promovidos o participados mayoritariamente por ellos; (b) profesores extranjeros invitados o contratados por universidad española; (c) el personal directivo y el profesorado extranjeros de instituciones culturales y docentes dependientes de otros Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas; (d) funcionarios civiles o militares de Administraciones estatales extranjeras que vengan a España a desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación con la Administración española; (e) corresponsales de medios de comunicación social extranjeros, debidamente acreditados, para el ejercicio de la actividad informativa; (f) miembros de misiones científicas internacionales autorizadas; (g) artistas con actuaciones concretas no continuadas; (h) ministros, religiosos o representantes de iglesias y confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, en tanto limiten su actividad a funciones estrictamente religiosas; (i) miembros de los órganos de representación, gobierno y administración de sindicatos homologados internacionalmente, siempre que limiten su actividad a funciones estrictamente sindicales; (j) menores en edad laboral tutelados por la entidad de protección, para actividades que, a propuesta de esta y mientras sigan tutelados, favorezcan su integración social.
  • Mujer adulta de pie revisando documentación académica en su despacho universitario con estanterías de libros al fondo.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 41 LO 4/2000
    Un catedrático invitado por una universidad pública

    Helena dirige el departamento de Historia Contemporánea en una universidad pública madrileña. Quiere invitar a un catedrático argentino, especialista en historia oral del Cono Sur, para impartir un seminario intensivo de posgrado durante un semestre académico. La oficina de recursos humanos del centro le pregunta si debe iniciar el trámite de autorización de trabajo o si la ley contempla alguna excepción específica para el profesorado universitario invitado o contratado.

    Si el examen pregunta por el art. 41, un distractor posible exige autorización de trabajo al profesorado universitario invitado; el dato decisivo es que el art. 41.1.b exime expresamente a los profesores invitados o contratados por una universidad española.

    El art. 41.1.b LO 4/2000 establece que no será necesaria la obtención de autorización de trabajo para los profesores extranjeros invitados o contratados por una universidad española.

  • Art. 42 — Trabajadores de temporada: autorización con entrada y salida, alojamiento en condiciones de dignidad e higiene.
  • Art. 43 — Trabajadores transfronterizos: residen en zona limítrofe, trabajan en España, regresan diariamente; necesitan autorización con los requisitos y condiciones del régimen general; en derechos de Seguridad Social se les aplica el art. 14.1.

Capítulo IV — Tasas (arts. 44-49):

  • Arts. 44-49 — Hecho imponible (tramitación de autorizaciones, prórrogas, modificaciones y renovaciones), devengo, sujetos pasivos (solicitante de visado o titular de la autorización; empleador en trabajo por cuenta ajena, salvo relaciones laborales del servicio doméstico de carácter parcial o discontinuo, en que lo es el propio trabajador), exención de la tasa del trabajo por cuenta propia (iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, sefardíes, hijos y nietos de español de origen, nacidos en España), cuantía por orden ministerial, gestión por el órgano que concede.

4. Título III — Régimen sancionador (arts. 50-66)

  • Art. 50 — Potestad sancionadora: esta Ley, su desarrollo y la Ley 30/1992 (hoy Leyes 39/2015 y 40/2015).
  • Art. 51 — Clasificación: leves, graves y muy graves.
  • Art. 52 LO 4/2000 — Infracciones leves. (a) omisión o retraso en comunicar cambios de nacionalidad, estado civil o domicilio, o de otras circunstancias determinantes de la situación laboral cuando sean exigibles; (b) retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación una vez caducada; (c) trabajar por cuenta propia sin haber solicitado autorización administrativa, contando con autorización de residencia temporal; (d) trabajar en ocupación, sector o ámbito geográfico no contemplado por la autorización; (e) contratar trabajadores cuya autorización no les habilita para esa ocupación o ámbito; (f) ausencia de comunicación de la localización de MENA por entidades dedicadas a su atención.
  • Art. 53 LO 4/2000 — Infracciones graves. Apartado 1: (a) encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la autorización, sin haber solicitado la renovación en el plazo previsto reglamentariamente; (b) trabajar sin autorización cuando NO se cuente con autorización de residencia válida; (c) ocultación dolosa o falsedad grave al comunicar cambios de nacionalidad, estado civil o domicilio, o falsedad en los datos del alta en el padrón, siempre que no constituyan delito; (d) incumplimiento de medidas de seguridad pública (presentación periódica, alejamiento); (e) tercera infracción leve, siempre que en el año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza; (f) actividades contrarias al orden público previstas como graves en la LO 1/1992 (derogada por la LO 4/2015); (g) salidas del territorio por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas; (h) incumplir art. 4.2 (TIE). Apartado 2: (a) no dar de alta en la Seguridad Social, o no registrar el contrato en las condiciones de la solicitud, al trabajador cuya autorización de residencia y trabajo se pidió, cuando el empresario sabe que está legalmente en España habilitado para empezar (exento si comunica razones sobrevenidas que pongan en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa o impidan iniciar la relación); (b) contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor con ánimo de lucro o para obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que no constituyan delito; (c) promover la permanencia irregular de un extranjero cuya entrada legal contó con invitación expresa del infractor y que sigue a su cargo pasado el tiempo permitido; (d) consentir el titular de una vivienda la inscripción de un extranjero en el padrón cuando la vivienda no constituya el domicilio real del extranjero (una infracción por persona inscrita).
  • Hombre joven sentado en su sofá revisando con preocupación documentos administrativos sobre una mesa baja.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 53 LO 4/2000
    Un permiso caducado descubierto por casualidad

    Javier, autónomo de origen argentino, lleva siete años residiendo en Madrid. Renueva el contrato del gimnasio donde entrena cada mañana y le piden enseñar el TIE para actualizar su ficha. Descubre entonces que su autorización de residencia caducó hace casi cinco meses y que nunca llegó a presentar la solicitud de renovación. Pensaba que el trámite lo gestionaba su asesoría por defecto. Ahora se pregunta si lo suyo es un simple olvido administrativo o algo bastante más serio.

    Si el examen pregunta por el art. 53.1.a, un distractor posible es calificarlo como infracción leve (confunde con el art. 52.b); la línea divisoria es tres meses caducada sin renovar: por encima, grave; por debajo, leve.

    El art. 53.1.a LO 4/2000 califica como infracción grave encontrarse irregularmente en España por tener caducada más de tres meses la autorización de residencia, siempre que el interesado no hubiera solicitado la renovación en el plazo previsto.

  • Art. 54 LO 4/2000 — Infracciones muy graves. Apartado 1: (a) actividades contra la seguridad nacional o las relaciones de España, o contra el orden público muy graves según la LO 1/1992 (derogada por la LO 4/2015); (b) inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino a España o su permanencia, siempre que no sea delito; (c) discriminación del art. 23 si no es delito; (d) contratación de trabajadores extranjeros sin autorización previa de residencia y trabajo (una infracción por trabajador), siempre que no sea delito; (e) el art. 53.2.d con ánimo de lucro; (f) simular relación laboral con ánimo de lucro o para obtener indebidamente derechos, siempre que no sea delito; (g) tercera grave, como la 53.1.e con graves. Apartado 2: los transportistas que incumplen el art. 66.
  • Art. 55 LO 4/2000 — Sanciones. Leves: multa hasta 500 euros. Graves: multa de 501 a 10.000 euros. Muy graves: multa de 10.001 a 100.000 euros, salvo el art. 54.2.b (5.000-10.000 €/viajero o un mínimo de 750.000 € a tanto alzado). Competencia: Subdelegado o Delegado del Gobierno en CCAA uniprovinciales; la CCAA con competencia en autorización inicial de trabajo, en las infracciones de los arts. 52.c-e, 53.1.b, 53.2.a y 54.1.d y f; el Secretario de Estado de Seguridad en la participación en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países (54.1.a). Acta de la Inspección de Trabajo para infracciones laborales. Decomiso de medios de transporte (art. 54.1.b). Clausura de establecimiento (6 meses a 5 años) en art. 54.1.d. Responsabilidad solidaria del contratista principal y de los subcontratistas intermedios que conocieran que la empresa sancionada (52.e o 54.1.d) empleaba a extranjeros sin autorización, salvo que hubieran respetado la diligencia debida.
  • Art. 56 LO 4/2000 — Prescripción. Infracciones: muy graves tres años, graves dos años, leves seis meses. Sanciones: muy graves cinco años, graves dos años, leves al año. Si la sanción es expulsión, la prescripción no empieza a contar hasta transcurrido el periodo de prohibición de entrada (máximo diez años).
  • Art. 57 LO 4/2000 — Expulsión del territorio. Para muy graves y graves del art. 53.1.a/b/c/d/f puede aplicarse, por principio de proporcionalidad, expulsión en lugar de multa, previa tramitación del expediente y resolución motivada. También expulsión cuando el extranjero haya sido condenado por conducta dolosa que constituya delito con pena privativa de libertad superior a un año (salvo antecedentes cancelados). NO podrán imponerse conjuntamente expulsión y multa. La expulsión NO podrá imponerse, salvo art. 54.1.a o reincidencia en un año, a: nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años; residentes de larga duración; antiguos españoles de origen; beneficiarios de prestación por incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, perceptores de prestación contributiva por desempleo o de prestación económica asistencial pública de inserción. Tampoco podrá imponerse ni ejecutarse al cónyuge del extranjero que esté en alguna de estas situaciones y haya residido legalmente en España más de dos años, ni a sus ascendientes e hijos menores, o mayores con discapacidad que no puedan proveer a sus propias necesidades por su estado de salud, a su cargo. La expulsión NO podrá ejecutarse cuando conculque el principio de no devolución o afecte a mujeres embarazadas si supone riesgo para la gestación o la salud.
  • Art. 58 LO 4/2000 — Efectos de la expulsión y devolución. La expulsión lleva consigo la prohibición de entrada en territorio español, no excediendo de cinco años. Excepcionalmente, amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o la salud pública: hasta diez años. NO precisa expediente de expulsión la devolución: (a) expulsados que contravengan la prohibición; (b) los que pretendan entrar ilegalmente. La devolución la acuerda la autoridad gubernativa. Cuando la devolución NO se pueda ejecutar en 72 horas, se solicita al juez la medida de internamiento. La devolución del 58.3.a reinicia el cómputo del plazo de prohibición de entrada de la expulsión quebrantada (art. 58.7); el inciso que imponía a la del 58.3.b una prohibición de entrada de hasta tres años fue declarado inconstitucional y nulo por la STC 17/2013.
  • Arts. 59 y 59 bis — Exención de responsabilidad por colaboración contra redes organizadas (víctimas, perjudicados o testigos de tráfico ilícito de personas) o por trata de seres humanos: período de restablecimiento y reflexión de al menos noventa días; durante la identificación y ese periodo no se incoa expediente sancionador por estancia irregular (art. 53.1.a) y se suspende el ya incoado o la ejecución de la expulsión o devolución.
  • Art. 60 — Denegación de entrada: regreso al punto de origen; si se retrasa más de setenta y dos horas, internamiento previa autorización del Juez de Instrucción en centros no penitenciarios.
  • Art. 61 — Medidas cautelares desde que se incoa un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la expulsión: presentación periódica; residencia obligatoria; retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega del resguardo; detención cautelar máxima 72 horas previa solicitud de internamiento; internamiento preventivo previa autorización judicial; cualquier otra medida cautelar que el juez estime adecuada y suficiente.
  • Art. 62 LO 4/2000 — Ingreso en centros de internamiento. El instructor puede solicitar al Juez de Instrucción el ingreso del extranjero en CIE en tanto se tramita el expediente (supuestos: 53.1.a/d/f, 54.1.a/b, 57.2). El juez resuelve por auto motivado previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal valorando proporcionalidad, riesgo de incomparecencia, actuaciones para evitar la expulsión, antecedentes, salud pública y del propio extranjero. Duración máxima: 60 días y por el tiempo imprescindible para los fines del expediente; no cabe un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en el mismo expediente. NO podrán internarse menores, sin perjuicio del art. 62 bis.1.i (hijos con el internado); los MENA, a la entidad de protección.
  • Arts. 62 bis a 62 sexies — Régimen de los CIE: son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, con finalidad preventiva y cautelar. Derechos (62 bis): información, integridad y salud, asistencia médica, abogado, intérprete (gratuito si carece de medios económicos), comunicación con familiares/cónsul/ONG, hijos menores en su compañía con informe favorable del MF. Deberes (62 ter): permanencia, normas, respeto, conservación de instalaciones, reconocimiento médico de entrada y salida. Información y reclamaciones (62 quáter). Medidas de seguridad (62 quinquies): contención física proporcional, autorización del director, comunicación al juez.
  • Art. 63 LO 4/2000 — Procedimiento preferente. Aplicable a 53.1.d, 53.1.f, 54.1.a, 54.1.b, 57.2; también al 53.1.a cuando concurra riesgo de incomparecencia, dificultar la expulsión o riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional (sin salida voluntaria). Alegaciones 48 horas; pruebas (si se admiten) en 3 días; ejecución inmediata.
  • Art. 63 bis — Procedimiento ordinario para los demás supuestos. Plazo de cumplimiento voluntario de siete a treinta días prorrogable; sin internamiento.
  • Art. 64 — Ejecución de la expulsión: tras el plazo voluntario, detención y conducción al puesto de salida; si no se puede ejecutar en 72 horas, solicitud de internamiento; coste a cargo del empleador en infracciones 53.2.a o 54.1.d. Si España detecta una expulsión dictada por otro EM, se ejecuta sin nuevo expediente.
  • Art. 65 — Carácter recurrible: resoluciones administrativas recurribles conforme a las leyes. Si el extranjero no está en España, puede recurrir a través de las representaciones diplomáticas o consulares.
  • Art. 66 — Obligaciones de los transportistas: remisión de información sobre pasajeros, retorno a su cargo del transportado sin documentación, transporte al Estado de partida o admisión. Plazo de borrado de datos: 24 horas. Billetes de vuelta no usados: información en 48 horas desde la caducidad.

5. Título IV — Coordinación de los poderes públicos en materia de inmigración (arts. 67-72)

  • Art. 67 LO 4/2000 — Coordinación de los órganos de la Administración del Estado. El Gobierno realiza observación permanente del fenómeno inmigratorio para evitar corrientes xenófobas; unifica en Oficinas provinciales los servicios con competencia en inmigración; elabora planes sobre la actuación de la Inspección de Trabajo en materia de igualdad y autorización de trabajo de extranjeros.
  • Art. 68 LO 4/2000 — Coordinación de las Administraciones Públicas. La Conferencia Sectorial de Inmigración es el órgano a través del cual se asegura la adecuada coordinación entre Administraciones Públicas. Las CCAA con competencias ejecutivas en autorización inicial de trabajo deben coordinar con las competencias estatales. Antes de conceder autorizaciones por arraigo, las CCAA o Ayuntamientos emiten informe sobre integración social. Las CCAA con policía propia pueden aportar informe sobre afectación al orden público.
  • Art. 69 — Apoyo al movimiento asociativo de los inmigrantes: los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los inmigrantes y apoyarán, con ayuda económica, a sindicatos, organizaciones empresariales y ONG que, sin ánimo de lucro, favorezcan su integración social.
  • Art. 70 — Foro para la Integración Social de los Inmigrantes: órgano de consulta, información y asesoramiento en integración, tripartito y equilibrado (AAPP, asociaciones de inmigrantes y otras organizaciones, incluidos los agentes sociales); adscripción por reglamento.
  • Art. 71 — Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia: estudio y análisis, con capacidad para elevar propuestas de actuación contra el racismo y la xenofobia.
  • Art. 72 LO 4/2000 — Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. Órgano colegiado adscrito al Ministerio competente en materia de inmigración, integrado por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Es informada sobre la evolución de los movimientos migratorios y consultada sobre el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, la gestión colectiva del art. 39 y la contratación de trabajadores de temporada.

6. Disposiciones adicionales LO 4/2000

  • D.A. 1.ª — Plazo máximo para resolución de expedientes. Plazo general: tres meses desde el día siguiente a la entrada en el registro del órgano competente, salvo plazo comunitario de 15 días naturales para visados de tránsito o estancia; transcurrido el plazo, las solicitudes podrán entenderse desestimadas (silencio negativo). Prórroga de la autorización de residencia, renovación de la autorización de trabajo y residencia de larga duración: 3 meses; se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas (silencio positivo); para la larga duración, la D.A. no fija el sentido del silencio. Modificación de la limitación territorial o de ocupación de las autorizaciones iniciales: 1 mes; se entenderá que la solicitud ha sido concedida (silencio positivo).
  • D.A. 2.ª — Subcomisiones de Cooperación entre Estado y CCAA en el seno de Comisiones Bilaterales; subcomisión específica Canarias-Estado.
  • D.A. 3.ª — Lugares de presentación de solicitudes: en territorio español, ante los registros del órgano competente; en el extranjero, ante misión diplomática u oficina consular; presentación electrónica admitida.
  • D.A. 4.ª — Causas de inadmisión a trámite de las solicitudes (no de denegación): ocho supuestos generales (4.ª.1), entre ellos la reiteración de una solicitud ya denegada sin cambio de circunstancias, el expediente con posible expulsión o la orden de expulsión (salvo revocada o en los supuestos de los arts. 31 bis, 59, 59 bis o 68.3), la prohibición de entrada y la situación irregular salvo los supuestos del art. 31.3; y seis propios de los visados de tránsito o estancia (4.ª.2).
  • D.A. 5.ª — Acceso a información y gestión informática de los procedimientos; colaboración entre Administraciones.
  • D.A. 6.ª — Acuerdos de readmisión: a los extranjeros en situación irregular que, por esos acuerdos, deban ser entregados o enviados a su país de nacionalidad o al país desde el que llegaron se les aplican los acuerdos, que contendrán cláusulas de respeto a los derechos humanos; el titular de la tarjeta azul UE concedida en España repatriado desde otro Estado miembro, por haberse extinguido allí su autorización o denegado su solicitud de residir, será readmitido sin más formalidad, con su familia previamente reagrupada.
  • D.A. 7.ª — Delimitación del Espacio Schengen.
  • D.A. 8.ª — Ayudas al retorno voluntario: el Gobierno contemplará cada año la financiación de programas de retorno voluntario para quienes lo soliciten y planteen proyectos de reasentamiento en su sociedad de origen que sean de interés para aquella comunidad.
  • D.A. 9.ª — Autorizaciones autonómicas de trabajo en origen.
  • D.A. 10.ª — Régimen especial de Ceuta y Melilla.

7. RD 240/2007 — Régimen comunitario UE/EEE (arts. 1-18)

Capítulo I — Disposiciones generales (arts. 1-3):

  • Art. 1 RD 240/2007 — Regula entrada, salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia permanente y trabajo en España de ciudadanos UE/EEE y limitaciones por orden público, seguridad pública o salud pública.
  • Art. 2 RD 240/2007 — Beneficiarios familiares: (a) cónyuge, salvo acuerdo o declaración de nulidad del vínculo o divorcio (la STS de 1 de junio de 2010 anuló el inciso «separación legal»); (b) pareja registrada en registro público de EM/EEE; (c) descendientes directos y los del cónyuge/pareja, menores de veintiún años, o mayores a cargo, o incapaces; (d) ascendientes directos del titular y del cónyuge/pareja, a cargo.
  • Art. 2 bis — Otros familiares (cualquier nacionalidad, no incluidos en el art. 2) que acompañen al titular o se reúnan con él y acrediten fehacientemente estar a su cargo o vivir con él en el país de procedencia, o que por motivos graves de salud o discapacidad sea estrictamente necesario que el titular se haga cargo de su cuidado personal; pareja estable con vínculo duradero (convivencia 24 meses con familiares; 1 año con pareja salvo descendencia común).
  • Art. 3 RD 240/2007 — Derechos: entrada, salida, circulación, residencia; acceso a cualquier actividad por cuenta propia o ajena en igualdad con los españoles. Obligación de solicitar certificado de registro o tarjeta de residencia para permanencia > tres meses.

Capítulo II — Entrada y salida (arts. 4-5):

  • Art. 4 RD 240/2007 — Entrada del ciudadano UE con pasaporte o documento de identidad válido. Familiares no nacionales UE necesitan pasaporte válido y, en su caso, visado de entrada (Reglamento (CE) 539/2001). El visado se expide gratuita y preferentemente. Denegación motivada por requisitos o por motivos de orden público, seguridad o salud.
  • Art. 5 — Salida libre con pasaporte o documento de identidad, salvo prohibiciones por seguridad nacional, salud pública o Código Penal.

Capítulo III — Estancia y residencia (arts. 6-9 bis):

  • Art. 6 RD 240/2007 — Estancia inferior a tres meses. Para permanencia < tres meses, será suficiente la posesión de pasaporte o documento de identidad en vigor. No computa a efectos de residencia.
  • Art. 7 RD 240/2007 — Residencia superior a tres meses. Derecho de residencia si: (a) es trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en España; (b) dispone de recursos suficientes para sí y la familia para no convertirse en una carga para la asistencia social, con seguro de enfermedad; (c) matriculado en centro reconocido para estudios, con seguro y declaración de recursos; (d) miembro de la familia que acompaña al ciudadano UE, o va a reunirse con él, que cumple a/b/c. Mantenimiento de la condición de trabajador: incapacidad temporal; paro involuntario acreditado tras más de 1 año empleado, inscrito en el servicio de empleo; paro involuntario acreditado tras un contrato de duración determinada inferior a 1 año o durante los primeros doce meses, inscrito en el servicio de empleo (la condición se mantiene al menos seis meses); formación profesional, que debe guardar relación con el empleo previo salvo paro involuntario. Inscripción obligatoria en el Registro Central de Extranjeros en plazo de tres meses desde la entrada en España; certificado inmediato con nombre, nacionalidad, domicilio, NIE y fecha.
  • Art. 8 RD 240/2007 — Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. Para familiares NO nacionales UE de los del art. 2 que residan > tres meses. Solicitud en el plazo de tres meses desde la entrada ante la Oficina de Extranjeros; resguardo inmediato. Expedición de la tarjeta en plazo de los tres meses siguientes a la solicitud; efectos retroactivos a la fecha de entrada. Validez: cinco años a partir de la expedición, o el periodo previsto de residencia del ciudadano UE si fuera inferior.
  • Mujer en el mostrador de una oficina de extranjería entregando una carpeta de documentos a un funcionario, con sillas de espera al fondo.
    EJEMPLO PRÁCTICO — Art. 8 RD 240/2007
    La validez de la tarjeta de familiar UE

    Sofía, brasileña, lleva dos meses viviendo en Madrid con su marido portugués, contratado por una multinacional con sede en la capital. Acude a la Oficina de Extranjería para presentar la solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. El funcionario le entrega el resguardo y le adelanta que la validez de la tarjeta no se calcula desde la entrada en España, sino desde su expedición.

    En el art. 8.5, los distractores cuentan «desde la fecha acreditada de entrada en España» (2024-2A) o alargan el plazo («entre cinco y diez años», 2024-2A; «diez años», 2023-1A y 2026-A); la validez correcta es cinco años desde la expedición.

    El art. 8.5 RD 240/2007 establece que la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión tiene una validez de cinco años a partir de la fecha de su expedición, o por el período previsto de residencia del ciudadano UE si fuera inferior.

  • Art. 9 — Mantenimiento a título personal del derecho de residencia tras fallecimiento, salida, nulidad, divorcio, separación o cancelación de pareja registrada. Los familiares ciudadanos UE/EEE lo conservan siempre (9.1); los demás, por fallecimiento, si ya residían en España como familiares antes de él (9.2). La salida o el fallecimiento del ciudadano UE no hace perder el derecho a sus hijos ni al progenitor con su custodia efectiva, sea cual sea su nacionalidad, siempre que los hijos residan en España y estén matriculados en un centro de enseñanza, hasta acabar los estudios (9.3). En la nulidad, el divorcio o la cancelación de la pareja registrada, el familiar no UE, para conservar el derecho, debe acreditar uno de estos supuestos (9.4): matrimonio/pareja registrada de al menos tres años (uno en España); custodia de hijos; circunstancias especialmente difíciles, como haber sido víctima de violencia de género o de trata de seres humanos por el cónyuge o pareja durante el matrimonio o la pareja registrada; derecho de visita al hijo menor que reside en España, fijado por resolución judicial o mutuo acuerdo vigente.
  • Art. 9 bis RD 240/2007 — Mantenimiento del derecho de residencia. Recurso a la asistencia social NO tiene como consecuencia automática la expulsión. Sin perjuicio del Capítulo VI (orden público, seguridad pública y salud pública), NO podrá adoptarse expulsión contra ciudadanos UE/EEE o familiares si: (a) son trabajadores por cuenta ajena o propia; (b) han entrado para buscar trabajo y demuestran que siguen buscándolo con posibilidades reales.

Capítulo IV — Residencia permanente (arts. 10-11):

  • Art. 10 RD 240/2007 — Residencia permanente. Son titulares los ciudadanos UE/EEE y familiares no nacionales UE que hayan residido legalmente en España de forma continuada durante cinco años. Excepciones que NO requieren cinco años: (a) trabajador jubilado con al menos los últimos doce meses de actividad y más de tres años de residencia continuada; (b) trabajador con incapacidad permanente residiendo > dos años (sin plazo si la incapacidad resulta de accidente de trabajo o enfermedad profesional que dé derecho a una pensión a cargo, total o parcial, de un organismo del Estado español); (c) trabajador que, tras tres años consecutivos de actividad y residencia continuadas en España, trabaja en otro Estado miembro y mantiene su residencia en España, regresando diariamente o al menos una vez por semana. Se pierde la residencia permanente por ausencia superior a dos años consecutivos.
  • Art. 11 — Tarjeta de residencia permanente para familiares no UE: expedición en plazo de tres meses desde la solicitud; renovación automática cada diez años. Interrupciones de residencia no superiores a dos años no afectan a la vigencia.

Capítulo V — Procedimientos comunes (arts. 12-14):

  • Art. 12 — Solicitudes presenciales en modelo oficial; tramitación preferente. Posibilidad excepcional de recabar antecedentes penales del Estado de origen.
  • Art. 13 — Renovación de tarjetas antes de la residencia permanente: para ascendientes y descendientes no se exige la documentación del vínculo familiar.
  • Art. 14 RD 240/2007 — Vigencia del certificado de registro y tarjeta de residencia. Expedición previo abono de tasa equivalente a la del DNI español. La vigencia se condiciona al mantenimiento de los supuestos. La tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión caducará por las ausencias superiores a seis meses en un año; no afectan las ausencias de mayor duración debidas a obligaciones militares, ni las que no se prolonguen más de doce meses consecutivos y se deban a gestación, parto, posparto, enfermedad grave, estudios, formación profesional o traslados profesionales. No aplica esta caducidad a cooperantes de ONG, fundaciones o asociaciones de utilidad pública.

Capítulo VI — Limitaciones por orden público, seguridad pública y salud pública (arts. 15-18):

  • Art. 15 RD 240/2007 — Medidas por razones de orden público, seguridad y salud pública. Medidas: (a) impedir entrada; (b) denegar inscripción o expedición/renovación; (c) ordenar expulsión o devolución. Para los que tengan residencia permanente, sólo expulsión por motivos graves de orden público o seguridad pública. Antes de decidir se valoran duración de residencia, integración, edad, salud, situación familiar y económica y vínculos con país de origen. Solicitud de levantamiento de la prohibición de entrada, alegando un cambio material de circunstancias, en el plazo razonable que fije la resolución y, en todo caso, transcurridos tres años desde su ejecución; resolución en plazo máximo de tres meses. Revisión obligatoria si la expulsión va a ejecutarse pasados más de dos años. Criterios: legalidad, revocación si cesan razones; NO con fines económicos; si se adoptan por orden público o seguridad pública, fundadas exclusivamente en la conducta personal, que debe constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad; condenas penales anteriores no constituyen, por sí solas, razón. NO expulsión de ciudadanos UE/EEE salvo motivos imperiosos de seguridad pública: (a) si hubiera residido en España durante los diez años anteriores; (b) menor de edad, salvo si la repatriación es conforme al interés superior del menor. La caducidad del documento de identidad o del pasaporte con el que el interesado efectuara su entrada en España, o, en su caso, de la tarjeta de residencia, no podrá ser causa de expulsión (15.7). Enfermedades justificantes: potencial epidémico OMS, infecciosas o parasitarias contagiosas; las sobrevenidas tras los tres primeros meses desde la llegada no justifican la expulsión.
  • Art. 16 RD 240/2007 — Informe de la Abogacía del Estado. La resolución administrativa de expulsión de un titular de tarjeta o certificado requerirá, salvo razones de urgencia debidamente motivadas, informe previo de la Abogacía del Estado en la provincia. Petición del interesado de revisión por la Dirección del Servicio Jurídico del Estado o Abogacía del Estado en la provincia, con defensa personal salvo seguridad del Estado.
  • Art. 17 — Garantías procesales: la presentación de recurso con medida cautelar de suspensión impide la expulsión hasta que se resuelva la cautelar, salvo decisión judicial anterior, revisión judicial previa o motivos imperiosos. Durante el recurso judicial no permanencia salvo trámite de vista.
  • Art. 18 RD 240/2007 — Resolución. Las resoluciones de expulsión las dictan los Subdelegados del Gobierno o Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales. Motivadas, con información de recursos y plazo. Plazo para abandonar el territorio español: salvo casos urgentes, no inferior a un mes desde la notificación.

Arts. 1-72 LO 4/2000 y sus disposiciones adicionales + arts. 1-18 RD 240/2007

05Tablas comparativas

Tabla 1 — Situaciones del extranjero (arts. 30-32 LO 4/2000 vs arts. 6-10 RD 240/2007)

SituaciónRégimen general (3.er país)Régimen UE/EEE
EstanciaHasta 90 días (art. 30.1). Con visado inferior a 3 meses, prorrogable sin pasar de 3 meses en un período de 6 (art. 30.3); sin visado, por circunstancias excepcionales, más de 3 meses (art. 30.4).Inferior a 3 meses con pasaporte o documento de identidad en vigor (art. 6 RD).
Residencia temporal/superior a 3 mesesMás de 90 días e inferior a 5 años (art. 31.1). Renovable.Más de 3 meses con condiciones (trabajador, recursos suficientes, estudiante, familiar) (art. 7 RD). Inscripción Registro Central de Extranjeros en 3 meses.
Residencia consolidadaResidencia de larga duración tras 5 años continuados; indefinida (art. 32). Pierde por 12 meses consecutivos fuera de la UE.Residencia permanente tras 5 años continuados (art. 10 RD). Pierde por ausencia > 2 años consecutivos.
Documento de residencia familiarTIE; reagrupación tras renovación inicial (art. 18).Tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, validez 5 años (art. 8.5 RD), caduca, con carácter general, por ausencias > 6 meses en 1 año (art. 14.3).

Tabla 2 — Infracciones leves vs graves vs muy graves (arts. 52-55 LO 4/2000)

ClaseEjemplos típicosSanciónPrescripción
Leve (art. 52)Omitir o retrasar la comunicación de cambios de nacionalidad, estado civil o domicilio, o de otras circunstancias determinantes de la situación laboral cuando sean exigibles; retraso ≤ 3 meses en renovación; trabajar por cuenta propia sin haber solicitado la autorización, teniendo residencia temporal; trabajar en ocupación, sector o ámbito no contemplado por la autorización; contratar a trabajadores cuya autorización no les habilita para esa ocupación o ámbito (una infracción por trabajador); no comunicar a la autoridad pública la localización de menores extranjeros no acompañados (las entidades que los atienden y quienes actúen en su representación o en su actividad de manera habitual).Multa hasta 500 euros.Infracción: 6 meses. Sanción: 1 año.
Grave (art. 53)Estancia irregular (sin prórroga de estancia, sin autorización de residencia o con ella caducada más de 3 meses, sin haber pedido la renovación en el plazo reglamentario); trabajar sin autorización sin tener residencia válida; ocultación dolosa o falsedad grave al comunicar cambios de nacionalidad, estado civil o domicilio, o falsedad en los datos obligatorios del alta en el padrón, si no es delito; incumplir las medidas impuestas por seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población; salir por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas; tercera leve con dos leves de la misma naturaleza sancionadas en el año anterior; actividades contrarias al orden público graves de la LO 1/1992; incumplir el art. 4.2 (TIE); no dar de alta en la Seguridad Social, o no registrar el contrato en las condiciones de la solicitud, al trabajador cuya autorización de residencia y trabajo se pidió, constándole al empresario que está legalmente en España habilitado para empezar (salvo que comunique razones sobrevenidas que pongan en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa o impidan el inicio de la relación); contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor con ánimo de lucro o para obtener indebidamente residencia, si no es delito; promover la permanencia irregular de un extranjero cuya entrada legal contó con una invitación expresa del infractor y que sigue a su cargo pasado el tiempo permitido por su visado o autorización; consentir el titular de una vivienda la inscripción de un extranjero en el padrón cuando la vivienda no es su domicilio real (una infracción por persona inscrita; con ánimo de lucro, muy grave: 54.1.e).Multa 501-10.000 euros. Posible expulsión (53.1.a/b/c/d/f).Infracción: 2 años. Sanción: 2 años.
Muy grave (art. 54)Actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países, o contrarias al orden público previstas como muy graves en la LO 1/1992; inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o en organización, la inmigración clandestina en tránsito o con destino a España, o la permanencia en ella, si no es delito; discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos del art. 23, si no es delito; contratación de trabajadores sin autorización previa de residencia y trabajo (una infracción por trabajador), si no es delito; consentir con ánimo de lucro el empadronamiento del 53.2.d; simulación laboral con ánimo de lucro o para obtener indebidamente derechos, si no es delito; tercera grave con dos graves de la misma naturaleza sancionadas en el año anterior; incumplimientos de los transportistas.Multa 10.001-100.000 euros (54.2.b, transportar extranjeros sin comprobar su pasaporte o visado: 5.000-10.000 €/viajero o un mínimo de 750.000 € a tanto alzado). Posible expulsión. Decomiso del transporte. Clausura local 6 m a 5 años (54.1.d).Infracción: 3 años. Sanción: 5 años.

Tabla 3 — Procedimiento preferente vs ordinario (arts. 63 y 63 bis LO 4/2000)

AspectoPreferente (art. 63)Ordinario (art. 63 bis)
Supuestos53.1.d, 53.1.f, 54.1.a, 54.1.b, 57.2 y 53.1.a con riesgo de incomparecencia, dificultar expulsión o riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.Resto de supuestos de expulsión.
Alegaciones48 horas.15 días (art. 227.1 del Reglamento de extranjería, RD 1155/2024; la LO no fija plazo).
Pruebas3 días si se admiten.Trámite ordinario.
InternamientoPosible CIE preventivo (arts. 61 y 62).Medidas cautelares del art. 61 salvo internamiento.
Plazo voluntarioNO procede. Ejecución inmediata.De 7 a 30 días desde la notificación (prorrogable).

Tabla 4 — Expulsión vs devolución (arts. 57-58 LO 4/2000)

CaracterísticaExpulsión (arts. 57 y 63)Devolución (art. 58.3)
NaturalezaSanción administrativa.Medida de policía administrativa (no sanción).
ExpedienteSÍ (preferente u ordinario).NO precisa expediente.
SupuestosMuy graves; graves 53.1.a/b/c/d/f; condena por delito doloso sancionado con pena privativa de libertad > 1 año, salvo antecedentes cancelados (57.2).Expulsados que contravienen la prohibición; los que pretendan entrar ilegalmente (58.3).
ResuelveSubdelegado del Gobierno o Delegado del Gobierno en las CCAA uniprovinciales; la CCAA con competencia en autorización inicial de trabajo en las infracciones laborales que admiten expulsión (arts. 53.1.b y 54.1.d y f); Secretario de Estado de Seguridad en la participación en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países (54.1.a, art. 55.2).Autoridad gubernativa competente para la expulsión (art. 58.5).
Prohibición entrada≤ 5 años; excepcional ≤ 10 años (art. 58.1-2).58.3.a: reinicia el cómputo de la prohibición quebrantada (art. 58.7). 58.3.b: el inciso que imponía hasta 3 años fue declarado inconstitucional y nulo (STC 17/2013).
Internamiento si no se ejecuta en 72 hSÍ, máx. 60 días (art. 62).SÍ, mismo plazo (art. 58.6).

Arts. 18, 30-32, 52-58 y 61-63 bis LO 4/2000 + arts. 6-8, 10 y 14 RD 240/2007

06Plazos y cifras clave

ConceptoPlazo / cifraArtículo
Solicitud de TIE tras visado > 6 meses1 mes desde entrada o concesiónArt. 4.2 LO 4/2000
Visado de estanciaHasta 3 meses por semestreArt. 25 bis.2.b
Visado de residencia y trabajo: alta SS3 meses para iniciar actividadArt. 25 bis.2.d
Visado de residencia y trabajo de temporada9 meses en 12 consecutivosArt. 25 bis.2.e
Estancia (régimen general)Hasta 90 díasArt. 30.1
Prórroga de estanciaCon visado inferior a 3 meses: estancia total ≤ 3 meses en un periodo de 6Art. 30.3
Residencia temporal> 90 días e < 5 añosArt. 31.1
Residencia de larga duraciónTras 5 años continuados; indefinidaArt. 32.1-2
Pérdida de residencia LD por ausencia12 meses consecutivos fuera de la UEArt. 32.5.c
Edad mínima autorización de trabajo16 añosArt. 36.1
Ámbito territorial autorización inicial cuenta propiaUna Comunidad AutónomaArt. 37.2
Retraso en renovación (leve)Hasta 3 meses caducadaArt. 52.b
Estancia irregular (grave)Más de 3 meses caducada sin renovarArt. 53.1.a
Multa infracción leveHasta 500 eurosArt. 55.1.a
Multa infracción grave501 a 10.000 eurosArt. 55.1.b
Multa infracción muy grave10.001 a 100.000 eurosArt. 55.1.c
Multa transportista (54.2.b)5.000-10.000 €/viajero o un mínimo de 750.000 € a tanto alzadoArt. 55.1.c
Clausura local (54.1.d)6 meses a 5 añosArt. 55.6
Prescripción infracción leve6 mesesArt. 56.1
Prescripción infracción grave2 añosArt. 56.1
Prescripción infracción muy grave3 añosArt. 56.1
Prescripción sanción leve1 añoArt. 56.2
Prescripción sanción grave2 añosArt. 56.2
Prescripción sanción muy grave5 añosArt. 56.2
Prohibición entrada por expulsión≤ 5 años (excepcional ≤ 10)Art. 58.1-2
Prohibición tras devolución 58.3.bNinguna: el inciso que la imponía (≤ 3 años) fue declarado inconstitucional y nulo (STC 17/2013)Art. 58.7
Devolución no ejecutada en 72 hSolicitar internamientoArt. 58.6
Periodo de restablecimiento y reflexión (trata)Al menos 90 díasArt. 59 bis.2
Denegación de entrada con retraso del regreso> 72 horas → internamiento por Juez de InstrucciónArt. 60.1
Detención cautelar pre-CIE72 horasArt. 61.1.d
Internamiento en CIE (máximo)60 díasArt. 62.2
Procedimiento preferente: alegaciones48 horasArt. 63.4
Procedimiento preferente: pruebasMáx. 3 díasArt. 63.5
Procedimiento ordinario: plazo voluntario7 a 30 díasArt. 63 bis.2
Ejecución expulsión no ejecutada en 72 hSolicitar internamientoArt. 64.1
Transportistas: borrado de datos24 horas tras transmisiónArt. 66.1
Transportistas: billete vuelta no usadoInformación en 48 horasArt. 66.2
Estancia UE/EEE< 3 meses con pasaporte o documento de identidadArt. 6 RD 240/2007
Inscripción Registro Central Extranjeros3 meses desde entradaArt. 7.5 RD 240/2007
Solicitud tarjeta familiar UE3 meses desde entradaArt. 8.2 RD 240/2007
Expedición tarjeta familiar UE3 meses siguientes a la solicitudArt. 8.4 RD 240/2007
Validez tarjeta familiar UE5 añosArt. 8.5 RD 240/2007
Mantenimiento residencia tras divorcioMatrimonio/pareja registrada ≥ 3 años (1 año en España)Art. 9.4.a RD 240/2007
Residencia permanente UE5 años continuadosArt. 10.1 RD 240/2007
Pérdida residencia permanente UEAusencia > 2 años consecutivosArt. 10.7 RD 240/2007
Tarjeta permanente: renovación automáticaCada 10 añosArt. 11.1 RD 240/2007
Caducidad tarjeta familiar UE por ausencia> 6 meses en 1 año, con carácter generalArt. 14.3 RD 240/2007
Solicitud levantamiento prohibición entrada UEEn el plazo razonable que fije la resolución; en todo caso, tras 3 años desde la ejecuciónArt. 15.2 RD 240/2007
Resolución sobre levantamiento prohibición UEMáx. 3 mesesArt. 15.2 RD 240/2007
No expulsión UE salvo motivos imperiososResidencia en España los 10 años anterioresArt. 15.6.a RD 240/2007
Plazo para abandonar territorio (UE)No inferior a 1 mesArt. 18.2 RD 240/2007
Plazo general de resolución de expedientes (D.A. 1.ª)3 meses; silencio negativoD.A. 1.ª LO 4/2000
Prórroga de residencia / renovación de trabajo / residencia de larga duración3 meses; silencio positivo para la prórroga o la renovación (la D.A. no lo fija para la larga duración)D.A. 1.ª.2 LO 4/2000
Modificación de limitación territorial o de ocupación1 mes; silencio positivoD.A. 1.ª.3 LO 4/2000
Plazo comunitario para visado de tránsito o estancia15 días naturalesD.A. 1.ª LO 4/2000 (norma UE)
Exención de la situación nacional de empleo: refugiados y apátridas que pierden la condiciónEl año siguiente a la cesación o a la terminación del estatutoArt. 40.1.d-e
Ascendientes reagrupablesMayores de 65 años (excepcionalmente menores, por razones humanitarias)Art. 17.1.d
Prescripción si la sanción es expulsiónCuenta desde que acaba la prohibición de entrada (máx. 10 años)Art. 56.3
Descendientes del ciudadano UE beneficiariosMenores de 21 años (o mayores a cargo, o incapaces)Art. 2.c RD 240/2007
Residencia permanente UE antes de 5 añosJubilación: al menos los últimos 12 meses de actividad en España y más de 3 años de residencia continuada; incapacidad permanente: más de 2 años de residencia (sin plazo si deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional con pensión a cargo de un organismo español); actividad en otro EM: tras 3 años consecutivos de actividad y residencia en España, regresando al menos una vez por semanaArt. 10.2 RD 240/2007

Arts. 4, 25 bis, 30-32, 36-37, 52-56, 58-64 y 66 LO 4/2000 y su disposición adicional primera + arts. 6-11, 14, 15 y 18 RD 240/2007

07Trampas frecuentes de examen

  • Trampa: «indefinidamente» se transforma en plazo concreto (art. 32.1). El examen sustituye indefinidamente por «periodo máximo de 10 años». La residencia de larga duración autoriza a residir y trabajar SIN límite temporal; lo que dura cinco años es la residencia temporal previa que da acceso a la LD. Visto en 2024-2A.
  • Trampa: residencia temporal con plazo desplazado (art. 31.1). El correcto es superior a 90 días e inferior a 5 años. Las opciones cambian a «superior a 30 días» o «hasta seis años». Memorizar la doble cota: 90 días < X < 5 años. Visto en 2024-1A.
  • Trampa: reclasificación de la infracción (arts. 52-54). El examen mueve una infracción entre niveles. Casos clásicos: art. 53.2.d (consentir empadronamiento ficticio) es grave, NO muy grave; art. 52.c (trabajar por cuenta propia sin haber solicitado la autorización, teniendo residencia temporal) es leve, NO grave; art. 53.1.b (trabajar sin autorización Y sin residencia válida) es grave, NO muy grave; art. 53.1.g (salir por puestos no habilitados) es grave, NO muy grave. Visto en 2025-A, 2024-2A, 2022-Canarias, 2020-2A y 2020-1A (reserva).
  • Trampa: residencia independiente de los hijos reagrupados (art. 19.3). Exige las dos cosas: mayoría de edad y medios económicos suficientes; el examen da solo los medios (2026-A Q57 a), el empadronamiento o la autorización de estudios (2020-2A Q60). Y por muerte del reagrupante los familiares sí pueden obtener residencia independiente, en las condiciones que se determinen (art. 19.5; 2026-A Q57 b).
  • Trampa: excepciones a la autorización de trabajo (art. 41.1). Los corresponsales de medios de comunicación social extranjeros debidamente acreditados NO necesitan autorización para el ejercicio de la actividad informativa (41.1.e; 2023-1A Q67 c lo invertía), y la excepción del profesorado va con su texto entero: personal directivo y profesorado de instituciones culturales y docentes dependientes de otros Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes de sus países, en tanto limiten su actividad a ellos (41.1.c; 2024-1A Q62 c lo recortaba).
  • Trampa: hijos del ciudadano UE que sale o fallece (art. 9.3 RD). No pierden la residencia los hijos ni el progenitor con su custodia efectiva, siempre que los hijos residan en España y estén matriculados en un centro de enseñanza, hasta acabar los estudios; el examen dice que la pierden «inmediatamente» (2026-A Q59 a) o la da sin la condición de los estudios (2023-1A Q68 c).
  • Trampa: pérdida de la residencia permanente UE (art. 10.7 RD). Se pierde por ausencia de España durante más de dos años consecutivos; el examen pone cinco, cuatro o tres años (2023-2A Q69) o «18 meses» (2026-A Q59 b). No confundir con los 12 meses fuera de la UE que extinguen la larga duración (art. 32.5.c LO).
  • Trampa: visado de estudios «remunerado laboralmente» (art. 25 bis.2.f). El visado de estudios habilita para investigación o prácticas no remunerados laboralmente; el examen monta el distractor «trabajos de investigación remunerados laboralmente». Visto en 2022-1A.
  • Trampa: plazo del visado de residencia y trabajo (art. 25 bis.2.d). Habilita por un periodo máximo de tres meses para iniciar la actividad, y en ese tiempo debe producirse el alta en la Seguridad Social; el examen pone «período mínimo de tres meses», «dos meses», «un mes» o el alta en el «Servicio Público de Empleo Estatal». Visto en 2021-1A y 2022-1A.
  • Trampa: visado de temporada (art. 25 bis.2.e). Es de nueve meses en doce consecutivos; el examen sustituye por «seis meses» (2022-1A), o da los nueve meses y pregunta el nombre del visado (2020-1A).
  • Trampa: protección frente a expulsión UE — 10 años vs 5 años (art. 15.6.a RD 240/2007). NO podrá expulsarse al ciudadano UE/EEE, salvo motivos imperiosos de seguridad pública, si hubiera residido durante los diez años anteriores. El examen pone «cinco años» en otra opción como distractor. Visto en 2023-1A.
  • Trampa: validez de la tarjeta de familiar UE (art. 8.5 RD). La validez es de cinco años a partir de la expedición, o la del período previsto de residencia del ciudadano de la Unión si es inferior a cinco años; el examen pone «cuatro años desde la entrada» , «periodo entre 5 y 10 años» o «diez años» (o el periodo previsto si fuera inferior a diez). Visto en 2024-2A, 2023-1A y 2026-A.
  • Trampa: caducidad de la tarjeta familiar UE por ausencias (art. 14.3 RD). Con carácter general, caduca por ausencias superiores a 6 meses en 1 año (no por las más largas debidas a obligaciones militares, ni por las de hasta 12 meses consecutivos por gestación, parto, posparto, enfermedad grave, estudios, formación profesional o traslado profesional); el examen confunde con «6 meses en 2 años» o «3 meses en 1 año». Visto en 2024-2A.
  • Trampa: órgano competente para la expulsión UE (art. 18.1 RD). Las resoluciones de expulsión las dictan los Subdelegados del Gobierno o Delegados del Gobierno en CCAA uniprovinciales; el examen pone «Oficina de Extranjeros», «autoridad judicial» o «Ministerio de Asuntos Exteriores». Visto en 2024-3A.
  • Trampa: informe de la Abogacía del Estado (art. 16.1 RD). La resolución de expulsión de un titular de tarjeta o certificado requiere, salvo razones de urgencia debidamente motivadas, informe previo de la Abogacía del Estado en la provincia; el examen confunde con «Oficina de Extranjeros» o «Dirección del Servicio Jurídico del Estado». Visto en 2024-1A.
  • Trampa: menores no acompañados — quién dispone la determinación de la edad (art. 35.3). Los FCSE ponen el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de la edad; el examen sustituye por «Juez de Menores», «Policía Judicial» o «Defensor del Menor». Visto en 2024-3A (art. 35.3) y en 2022-1A (art. 35.4: determinada la edad, si es menor, también el Ministerio Fiscal lo pone a disposición de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma).
  • Trampa: plazo del CIE (art. 62.2). Internamiento máximo 60 días; no «40 días» ni «72 horas» (la detención cautelar pre-CIE del art. 61.1.d).
  • Trampa: «expulsión y multa» conjuntas (art. 57.3). NO podrán imponerse conjuntamente; es falsa la opción que las acumula. La expulsión puede sustituir a la multa, por proporcionalidad, en las muy graves y en las graves del 53.1.a, b, c, d y f (art. 57.1).
  • Trampa: solicitud de inscripción ciudadano UE (art. 7.5 RD). Plazo de 3 meses desde la entrada en España ante la Oficina de Extranjeros. El examen pone «90 días desde la entrada en cualquier Estado UE», «30 días» o «1 mes desde la llegada a la provincia». Visto en 2024-3A.
  • Trampa: órgano de coordinación inter-administraciones (art. 68.1). La Conferencia Sectorial de Inmigración es el órgano que asegura la coordinación entre AAPP; el examen sustituye por «Comisión Laboral Tripartita», «Foro para la Integración Social» u «Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia» (todos existen pero con otras funciones). Visto en 2021-2B.

Arts. 19, 25 bis, 31-32, 35, 41, 52-54, 57, 61-62 y 68 LO 4/2000 + arts. 7-10, 14-16 y 18 RD 240/2007

08Reglas mnemotécnicas

  • Plazos del régimen sancionador — «72-60-48-30/7»: 72 h de detención cautelar pre-CIE (art. 61.1.d) y para ejecutar la devolución/expulsión (arts. 58.6 y 64.1); 60 días de internamiento máximo en CIE (art. 62.2); 48 h de alegaciones en el procedimiento preferente (art. 63.4); 7-30 días de plazo voluntario en el ordinario (art. 63 bis.2). Regla: tres días (72 h) de detención cautelar y para ejecutar la devolución o la expulsión antes de pedir el internamiento, dos meses (60 días) de CIE como máximo, dos días (48 h) para alegar en el preferente y de una semana a un mes (7-30 días) para salir voluntariamente en el ordinario.
  • «Indefinida = 5» en residencia LD (art. 32): la residencia de larga duración es indefinida, pero el opositor recuerda el «5» (años) que la antecede como residencia temporal continuada. Misma cifra (5 años continuados) abre la residencia permanente UE del art. 10 RD. Regla: «5 años continuados → derecho a quedarse sin tope».
  • «PIRÁMIDE 500/10.000/100.000» (art. 55.1): los topes de multa suben de 500 a 10.000 y a 100.000 euros: 500 € (leve), 10.000 € (grave, hasta), 100.000 € (muy grave, hasta; salvo el transportista del 54.2.b: 5.000-10.000 €/viajero o un mínimo de 750.000 € a tanto alzado). En la escala general, el umbral inferior de cada nivel siempre es «el del anterior + 1»: leve hasta 500 / grave 501 / muy grave 10.001.
  • Prescripción 6-2-3 / 1-2-5 (art. 56): infracciones 6 meses / 2 años / 3 años (leve/grave/muy grave); sanciones 1 año / 2 años / 5 años. Mismo «2» en el medio en ambos casos (graves); las muy graves suben de 3 a 5.
  • Estancia tercer país vs UE — «90 vs 3»: los terceros países cuentan en días (90 días); los UE cuentan en meses (3 meses). Cifras casi iguales con distinto límite: la estancia de la LO es «no superior a 90 días» (art. 30.1); la del RD, «inferior a tres meses» (art. 6.1 RD); y el visado de estancia de la LO también cuenta en meses (art. 25 bis.2.b).
  • «Patrulla, MENA y Fiscal» (arts. 35.3 y 35.4): si en patrulla localizas a un extranjero indocumentado de minoría de edad dudosa → comunicación inmediata al Ministerio Fiscal, NUNCA al juez de menores directamente. El MF dispone las pruebas (35.3) y, si es menor, lo entrega a los servicios autonómicos de protección (35.4).

Síntesis mnemónica de los datos del tema

09Conexiones entre temas

  • → Tema 1 (Derechos humanos): el art. 3.2 LO 4/2000 manda interpretar los derechos fundamentales conforme a la DUDH y a los tratados. Los arts. 2, 3 y 14 del CEDH (derecho a la vida, prohibición de la tortura, no discriminación) anclan los límites a la expulsión del art. 57.6 LO 4/2000 (no devolución, embarazo).
  • → Tema 4 (Constitución): el art. 13 CE atribuye a los extranjeros «las libertades públicas que garantiza el presente Título»; la libre circulación y la elección de residencia de los extranjeros que se hallen en España conforme al Título II las reconoce el art. 5 LO 4/2000, con sus límites. El art. 24 LO 4/2000 remite al procedimiento del art. 53.2 CE de tutela judicial preferente.
  • → Tema 5 (Derecho UE): los arts. 20-21 TFUE establecen la ciudadanía de la Unión y la libre circulación; el RD 240/2007 transpone la Directiva 2004/38/CE. La distinción competencial UE / tercer país que articula todo el tema 12 nace ahí.
  • → Tema 7 (Derecho civil): arts. 17-28 CC sobre adquisición de la nacionalidad española; reagrupación familiar del art. 17 LO 4/2000 dialoga con la patria potestad (arts. 154-171 CC) y la emancipación (arts. 239 y siguientes CC) en el régimen de los menores reagrupados.
  • → Temas 8 y 9 (Código Penal y LECrim): el art. 318 bis CP (delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros) es la versión penal del art. 54.1.b LO 4/2000, y los arts. 311 bis.a CP (emplear de forma reiterada a extranjeros sin permiso de trabajo) y 312.2 CP (emplearlos en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan sus derechos), las del art. 54.1.d; ambas infracciones rigen «siempre que el hecho no constituya delito». El art. 57.7-8 LO 4/2000 articula la concurrencia con procedimientos penales en curso. La detención del art. 61.1.d se relaciona con los arts. 489-501 LECrim sobre la detención.
  • → Tema 13 (LOPSC): el art. 16 LO 4/2015 (identificación de personas) es el habilitante para que los FCSE localicen a un extranjero indocumentado del art. 35.3 LO 4/2000. El art. 13 LOPSC obliga a los extranjeros a conservar y portar la documentación que acredita su identidad y su situación regular en España, y a exhibirla cuando se lo requieran las autoridades o sus agentes; su comprobación puede abrir el expediente sancionador de la LO 4/2000.
  • → Tema 19 (Deontología): los principios del art. 5 LO 2/1986 y del RD 176/2022 (dignidad, proporcionalidad, no discriminación) calibran la actuación con MENA (art. 35), víctimas de trata (art. 59 bis) y mujeres víctimas de violencia de género (art. 31 bis).
  • → Tema 21 (Violencia de género): art. 31 bis LO 4/2000 ↔ LO 1/2004 — toda mujer extranjera víctima, cualquiera que sea su situación administrativa, tiene los derechos de la LO 1/2004; al denunciar, no se incoa (o se suspende) el expediente sancionador por estancia irregular del art. 53.1.a (31 bis.2); la orden de protección o, en su defecto, el informe del MF le permite pedir la autorización por circunstancias excepcionales y da paso a la provisional (31 bis.3).

Derechos Humanos; Derecho Constitucional; Derecho de la Unión Europea; Derecho Civil; Derecho Penal; Derecho Procesal Penal; Seguridad Pública y Seguridad Privada; Deontología Profesional; Protección Integral contra la Violencia de Género

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye el resumen del tema 12 de Guardia Civil?

Esta página recoge el resumen completo del tema 12 (Extranjería. Inmigración, LO 4/2000 + RD 240/2007): visión general del tema, esquema completo, tablas comparativas, plazos y cifras clave, trampas frecuentes de examen, reglas mnemotécnicas y conexiones entre temas, con 6 ejemplos prácticos ilustrados. Puedes leerlo aquí entero o descargarlo en PDF.

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¿El resumen del tema 12 está actualizado?

Sí. El texto se verificó conforme al BOE el 16/11/2026. Un comprobador automático revisa a diario si alguna ley del temario ha cambiado, y cuando cambia regeneramos el tema entero.

¿Qué son las trampas de examen?

Errores que los exámenes oficiales usan una y otra vez: un plazo cambiado, un «podrá» donde la ley dice «deberá», una mayoría simple donde la ley exige absoluta. En el resumen del tema 12 aparecen con la formulación falsa y, al lado, lo que dice de verdad la norma.